Amnistía Internacional se sumó a las críticas contra el accionar policial que causó 40 heridos
Hoy se cumple una semana del intento de desalojo en el hospital psiquiátrico Borda, en el que hubo ocho detenidos y 40 heridos en el choque entre los usuarios del sanatorio y efectivos de la policía metropolitana. Además de las protestas que se esperan para hoy, ya hay dos denuncias penales contra el jefe de gobierno, Mauricio Macri.
En su informe sobre lo ocurrido el viernes pasado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que lo acontecido fue “inadmisible”. “Resulta inaceptable que agresiones provocadas por un grupo reducido de personas provoque semejante reacción policial, con un uso indiscriminado, irracional y desproporcionado de la fuerza”, denuncia el texto de 16 páginas.
Los hechos comenzaron a las seis de la mañana, cuando un grupo de obreros custodiados por la policía metropolitana –del gobierno regional, a cargo de Macri– entraron en el hospital psiquiátrico público Doctor José T. Borda. El objetivo era demoler un taller para construir allí un centro cívico.
Los trabajadores de la salud se manifestaron en contra de la resolución. Eran las 9 de la mañana y la policía reprimió con bastones, balas de goma y gas pimienta. Todo esto sucedió en una zona del predio a la que los pacientes tienen libre acceso.
La situación se calmó, pero volvió a estallar cuando los manifestantes derribaron unas chapas que eran custodiadas por los efectivos, “quienes comenzaron a disparar a mansalva, indiscriminadamente, a corta distancia y al cuerpo.
En este nuevo ataque policial legisladores porteños, periodistas, trabajadores e, incluso, pacientes resultaron alcanzados por balas de goma”, indicó la Defensoría del Pueblo. La orden fue “dispersión” y no “contención”, y por eso la violencia se extendió.
El saldo fue de ocho detenidos y “al menos 40 heridos”. Entre estos hay uno, de iniciales J. T., que tiene 21 lesiones por balines de goma, producto de un “ensañamiento” “imposible de explicar”, de acuerdo con la investigación.
Víctimas y victimarios
El argumento del macrismo para haber procedido de tal manera es que todo se hizo en el marco de la ley. Desde los demás sectores indican que una medida cautelar impedía tomar el predio, y ese habría sido el origen de la reticencia de funcionarios y pacientes.
En lo que hace al accionar policial, la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, comentó que se va a “analizar si hubo excesos por parte de la Metropolitana”, y que en ese caso “va a haber sanciones”.
El periódico Tiempo Argentino indicó que varios de los más violentos ya fueron identificados por una auditoría externa y seguramente serán apartados del cuerpo policial.
El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que “el accionar de la Metropolitana va a ser evaluado”.
Pero a través de twitter este funcionario también preguntó por qué algunos de los que actuaron estaban encapuchados. “Creo que no es necesario encapucharse ni tirar tantas bombas de estruendo para manifestarse en contra de la violencia”, redactó. Es que la explicación de los gobernantes para la represión policial es que se “defendió” de “los violentos”.
Pero la Defensoría del Pueblo fue categórica en su juicio al respecto y catalogó de “inadmisible” que se equiparara el uso de la fuerza por parte del Estado con la violencia ejercida “por un grupo minoritario de manifestantes”.
Condenas y llamados
Ya al día siguiente de los hechos, Macri y el ministro bonaerense de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, fueron denunciados penalmente por violar una instancia judicial al ordenar la demolición.
Luego, uno de los legisladores que se presentaron en la zona y fueron agredidos, Alejando Bodart, hizo su denuncia penal contra Macri por haber ordenado el operativo. “Fui víctima de lesiones en el mismo lugar donde se producía la rehabilitación de pacientes. Tuve que ser hospitalizado, tengo todo el cuerpo marcado, y tengo la filmación donde se ve que me apuntan y me disparan”, dijo a la prensa, según consignó el Diario Z de Buenos Aires.
Asimismo, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, fue interpelado, y este martes sucederá lo mismo con el de Desarrollo Urbano, Chaín, quien ordenó la demolición.
Pero además Amnistía Internacional reclamó a Macri que “investigue no sólo a quienes hicieron uso abusivo de la fuerza sino también a los encargados de controlar el accionar” de la policía.
Y, para sumar condenas, ayer la Cámara del Crimen exigió al gobierno local resguardar la salud y la seguridad de los pacientes del Borda y evitar una nueva represión, según informó la Defensoría General de la Nación.
