Este sábado se ordenó garantizar la toma del poder del presidente electo en Guatemala, Bernardo Arévalo, acosado por una serie de acciones judiciales que obstaculizan su asunción en el próximo mes de enero. La orden fue emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca, máximo tribunal de ese país.
En la resolución, la CC solicitó “preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder, en la fecha prevista”. Es decir, el 14 de enero de 2024, cuando Arévalo asuma luego de haber triunfado en las elecciones generales disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
La CC divulgó su decisión en su cuenta de la red social X, antes Twitter, luego de cinco días de protestas con cortes de ruta exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios, acusados por Arévalo y sus seguidores de urdir un “golpe de Estado”. La resolución opera como respuesta a un recurso legal promovido por diez abogados de la sociedad civil, que denunciaron la existencia una “amenaza de que no se respete la voluntad popular válidamente expresada por el pueblo de Guatemala”.
El comunicado de la CC resaltó: “Esta Corte hace un llamado a gobernantes y gobernados a ejecutar sus facultades y ejercer sus derechos de manera tal para que la transición prevista en la Constitución se consolide en el marco de un orden institucional estable que previó el Constituyente”.
Bernardo Arévalo, al frente de su partido político Semilla, triunfó de manera sorpresiva en el balotaje del 20 de agosto ante la exprimera dama Sandra Torres, cercana a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno actual.
Sin embargo, desde la primera ronda electoral, celebrada en junio, la fiscal general Porras, con el apoyo del jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana llevron adelante una serie de acciones contra Arévalo y el partido Semilla. Tanto Porras como Curruchiche y Orellana están incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos “corruptos y antidemocráticos” elaborada por Estados Unidos.
Orellana, a pedido de Curruchiche, inhabilitó a Semilla por presuntas ilegalidades en su conformación en 2017, una medida que puede cobrar vigencia el 31 de octubre.
Los bloqueos que exigían el cese de las acciones contra Arévalo y su partido comenzaron el pasado lunes luego de los allanamientos de la sede del tribunal electoral, donde funcionarios de la Fiscalía decomisaron actas electorales con el argumento de investigar supuestas anomalías en los comicios.
Hasta primeras horas de este sábado, unas cincuenta rutas de todo el país siguen paralizadas, incluidas las estratégicas como las que conducen a las fronteras con México, El Salvador y Honduras, y alcanzan también a la capital, Ciudad de Guatemala.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, anunció este sábado que mediará entre el gobierno de Guatemala y los sectores sociales que mantienen las protestas, en respuesta a una solicitud que le envió el viernes el ministro de Relaciones Exteriores Mario Adolfo Búcaro.
Almagro lo confirmó en su cuenta de X: “Aceptamos la solicitud del gobierno de Guatemala para efectuar tareas de mediación entre los sectores sociales involucrados en las protestas y el gobierno”.
La OEA se suma así a Estados Unidos, la Unión Europea y ONG’s internacionales que expresaron su fuerte preocupación por la situación que se vive en Guatemala, al considerar que peligra la democracia y la gobernabilidad de ese país.
(Con información de AFP)
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