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MEC interviene el Movimiento de Usuarios de Salud Pública y Privada

La resolución implica el desplazamiento de sus autoridades por el término de hasta seis meses
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10 de agosto de 2022 a las 16:31

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) intervino el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada por "apartamientos estatutarios", informó MVD Noticias y confirmó El Observador tras acceder al decreto 1091/022 del Ministerio que determinó la intervención.

La medida implica el desplazamiento de sus autoridades por el término de hasta seis meses. El MEC designó como interventor a Manuel Garate, y el Movimiento deberá pagar sus honorarios ($ 35 mil) mientras esté en el cargo.

La decisión de la cartera se dio luego de que asociados a la agrupación de usuarios denunciara "diversos hechos que, en su opinión, constituían apartamientos estatutarios por parte de las autoridades de la entidad".

En el decreto se destaca que las autoridades incurrieron en las siguientes irregularidades: "Indebida integración de las comisiones, uso indiscriminado de fondos de la entidad, falta de informe de comisión fiscal en relación a balances, incumplimiento de las normas relativas a la elección de autoridades", entre otros.

Uno de los cuatro denunciantes, Ruben Montaño, explicó a El Observador que la denuncia fue radicada en 2020, luego de constatar irregularidades en el padrón social y la comisión electoral de las últimas dos elecciones del Movimiento. "En las últimas elecciones había hasta tres padrones de socios (...), no sabemos cuántos socios tiene la agrupación", criticó Montaño.

El integrante del Movimiento de Usuarios detalló que también hubo problemas con la "liquidez de los fondos", asunto relacionado con la radio El Camino 94,3 FM, propiedad de la asociación, en la que "nunca hubo un estado de cuenta". Además, tampoco saben "adónde va la plata" que aporta el Estado a la agrupación.

Por esto, el grupo realizó una "denuncia penal por apropiación indebida de fondos" a las autoridades del movimiento, indicó Montaño.

La Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio concluyó que no estaban dadas las condiciones "para que la entidad encuentre por sí misma la forma de reencauzar su funcionamiento" acorde a sus estatutos, marca el decreto. En el documento se aclara que la dirección "intentó generar una instancia de diálogo entre las partes", pero no tuvo éxito.

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