31 de julio de 2013 15:54 hs

La exigencia de declaración jurada de sus bienes a todos los efectivos policiales es una decisión acertada a fin de ayudar a combatir la corrupción en sus filas, uno de los muchos problemas complejos que enfrenta el Ministerio del Interior en sus esfuerzos por abatir la ola de delitos contra las personas y la propiedad. En la misma línea se inscribe la adquisición de un sistema de espionaje electrónico para detectar delitos y amenazas al orden público. El hecho de que el gobierno intentó infructuosamente mantenerlo en secreto había despertado temores de un posible mal uso ocasional contra la privacidad de ciudadanos, más allá de su cometido específico.

Pero este peligro fue oficialmente disipado primero por el ministerio y luego por el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, al establecer que toda intercepción de comunicaciones se hará exclusivamente por orden judicial. “Nueva tecnología pero con las garantías de siempre”, aseguró Guerrero. El sistema Guardián, adquirido en Brasil, tecnifica y amplía la práctica actual de escuchas telefónicas. Permitirá extender la vigilancia electrónica a la revisación de correos y redes sociales, utilizadas a veces para convocar a desórdenes callejeros. Sus alcances, sin embargo, serán limitados ya que se trata de una estructura tecnológica modesta cuando se la compara con las que existen en otros países.

La corrupción policial, por otra parte, es un viejo problema que últimamente está saliendo a luz en forma creciente con la baja y encarcelamiento de efectivos involucrados con narcotraficantes, lavado de dinero y otras formas delictivas. Aunque es difícil establecer hasta dónde ha penetrado, afecta tanto el funcionamiento del instituto policial como la confianza de la ciudadanía en quienes deben protegerla. Es alentadora, de todos modos, la decisión con que el ministro Eduardo Bonomi ha encarado la depuración de los cuadros policiales, en los que una minoría de integrantes ceden a la tentación de las poderosas organizaciones de narcotraficantes y otros delincuentes. La exigencia de declaración jurada de bienes por la totalidad de los efectivos policiales tendrá una doble ventaja. Por un lado, facilitará detectar funcionarios enriquecidos más allá de lo probable. Por otro, disuadirá a algunos de aceptar dinero de la delincuencia porque tendrían que justificar su origen, ya que no es fácil esconderlo en cuentas dentro o fuera del país.

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Como hemos sostenido reiteradamente, una forma de disminuir la corrupción y fortalecer la prevención y represión de delitos es complementar la actual estructura con personal militar entrenado para la función policial. La incorporación de efectivos militares aportaría personal que no ha estado sometido al contacto con los delincuentes y a sus propuestas de sobornos. El gobierno había anunciado, hace ya tiempo, recurrir a efectivos de las Fuerzas Armadas en varias funciones, incluyendo el control del acceso a los reclusos en las cárceles principales. Pero todo quedó en la nada. El resultado ha sido complicar los empeños de Bonomi en paliar la inseguridad en que vive gran parte de la población, pese a que se ha convertido justificadamente en tema prioritario de preocupación de los uruguayos.

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