Menoscabada libertad de elección

Existía una similitud conceptual entre los usuarios de tarjetas de crédito o débito y los indígenas de Borneo que en pleno siglo XIX seguían utilizando cráneos humanos como moneda principal. En ambos casos el uso no era obligatorio sino un cómodo elemento opcional de trueque.

Este natural recurso voluntario ha sido revertido en Uruguay por la ley de inclusión financiera, que ha vuelto a tropezar en estos días por la negativa de estaciones de servicio a aceptar algunas tarjetas por su costo en comisiones.

Luego de su lento despegue mundial en los albores del siglo XX, el uso de tarjetas se propagó después de la segunda guerra mundial, cuando muchos ejecutivos y personas acaudaladas mostraban con orgulloso snobismo una larga ristra de plásticos como indicador de su importancia personal. Gente menos ostentosa las adoptó para facilitar sus transacciones, pero siempre decidiendo cuando les era conveniente o preferían seguir con los billetes.

Esta lógica libertad de elección pretende ser ahogada en el país mediante un exceso legal. Varias razones justifican la promoción del mayor uso posible de tarjetas como instrumento financiero en reemplazo de efectivo.

Conllevan la comodidad de no tener que llevar encima demasiado dinero. Aportan seguridad al reducirle a los delincuentes la perspectiva de hacerse de efectivo en sus rapiñas y arrebatos, ventaja que ya está dando resultados en los ómnibus y que se agregará a los taxímetros desde fin de este mes, según acaba de anunciar ese sector del transporte. Y es una forma adecuada de bajar la informalidad y la evasión tributaria, infracciones que tientan a muchos al billete para escapar del peso impositivo creciente, a pesar de promesas gubernamentales en contrario.

Pero el uso que se promociona tiene que ser opcional. Hacer obligatorio el uso de tarjetas para casi todas las transacciones, como establece la ley de inclusión financiera, es otra de las muchas injerencias indebidas que, en forma creciente, se le imponen a las libertades individuales a que tienen derecho los ciudadanos. La norma incluso ha tenido que ser atenuada en casos en que su texto ni siquiera previó, como el de pequeñas comunidades con acceso difícil a la bancarización o de personas cuyos ingresos bajos o su nivel educacional les dificulta cumplir con ese requisito legal.

La objeción fundamental, de todos modos, es su obligatoriedad. La resistencia ciudadana ha generado incluso dos movimientos separados de recolección de firmas para derogar en un referéndum los aspectos más negativos de la ley.

Para que una consulta popular derogatoria tenga más chances de fructificar, sin embargo, es conveniente que la búsqueda de las 260 mil firmas que se necesitan para habilitar ese mecanismo se concentre en una sola iniciativa. Martín Vallcorba, coordinador de inclusión financiera en el Ministerio de Economía, ha declarado que "la eliminación del uso de dinero no se impone por obligación; es una tendencia natural de la gente".

Esto último es exacto. Lo anterior no lo es, como surge de las exigencias de la ley. Y precisamente por ello lo que debería hacer el gobierno es estimular el uso de tarjetas y otros instrumentos de pago bancarios en lugar de tornarlos obligatorios.