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Mides pagó guarderías a trabajadores de organizaciones civiles de forma irregular
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó un gasto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por más de $ 6 millones por pagarle la guardería a hijos de trabajadores de organizaciones civiles que, si bien trabajan en convenio con el Mides, no son funcionarios públicos.
A partir de 2011, el ministerio otorgó a los funcionarios que tuvieran hijos a cargo la posibilidad de poder mandarlos al Centro de Cuidados de Primera Infancia y en enero de este año se autorizó el pago de ese beneficio a los trabajadores presupuestados con contratos temporales y con pases en comisión, lo que incluía a quienes eran contratados por organizaciones civiles. Sin embargo, los pagos fueron observador por el TCR porque no hay una norma que habilite a desviar fondos para ese fin, según indica la resolución del tribunal a la que accedió El Observador.
La resolución del TCR indica que el subsidio para guarderías se otorga a través de los llamados fondos rotatorios y ya había señalado como una irregularidad por los auditores del tribunal. La respuesta del Mides ante un primer llamado de atención fue que se encontraba “en trámite la regularización de las personas que cumplen funciones en el Mides y era necesario reiterar el gasto y pago por criterios de igualdad y equidad” entre todas las personas que trabajan en ese secretaría de Estado.
Para el TCR, el Mides violó el artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que indica que “no pueden comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible”. También considera que no tuvo en cuenta que “las asignaciones presupuestables constituyen créditos abiertos a los organismos públicos para realizar los gastos de funcionamiento, de inversión y de amortización de deuda pública, necesarios para la atención de los servicios a su cargo”, así como que “los créditos no podrán destinarse a una finalidad que no sea el enunciado en la asignación respectiva”. Es decir, que para poder destinar fondos al pago de guarderías para trabajadores de organizaciones civiles necesita sí o sí de una norma que lo permita.
Según la observación del tribunal, “el Mides compromete un gasto sin que exista una asignación presupuestal prevista legalmente” para ese fin y utiliza dinero “previsto para un objeto o finalidad diferente”.
El diputado nacionalista Martín Lema mencionó esa observación del TCR -realizada en setiembre de este año- durante una charla organizada por jóvenes de la 404 que dio junto al director del Centro Educativo Los Pinos, Pablo Bartol, en un bar del Cordón. En esa oportunidad, Lema dijo que además de desviar fondos para el pago de guarderías “el Mides no define para qué contrata a organizaciones sociales” y afirmó que el 49% de los vínculos laborales de la cartera son con organismos de ese tipo.
“Podemos hablar efectivamente de desarrollo social. Pero para que una gestión sea exitosa tiene que ser transparente y el mides no ha tenido una gestión transparente”, sostuvo. Según el diputado, el Mides paga las guarderías de forma “discrecional”, lo que “va en contra de la transparencia”.
“No puede aparecer la ministra (Marina Arismendi) con ese sentimiento de impunidad y con ese dejo de soberbia”, afirmó. El Observador intentó comunicarse con Arismendi y otras autoridades del Mides pero no obtuvo respuesta.
El diputado realizará un pedido de informes al Mides para que amplíe la información sobre esos gastos y aguarda por solicitudes sobre otros temas similares que todavía no fueron respondidos, varios de ellos con los plazos vencidos, según dijo a El Observador.
En mayo del año pasado, el TCR también observó al Mides por contrataciones irregulares realizadas de forma directa y la subsecretaria, Ana Olivera, criticó que la transparencia del organismo se hubiera puesto en tela de juicio, especialmente porque muchos de los gastos observados estaban vinculados a refugios que debían abrir en el corto plazo.
"Esos titulares de corrupción, de falta de transparencia son falsos. Primero que nada porque todo está documentado en los expedientes", dijo la jerarca a El Observador en esa oportunidad y agregó: "Las licitaciones llevan un tiempo muy grande y, si se demoran algunos pasos a pesar de que se iniciaron hace seis meses, igual el 15 de mayo tenemos que tener los refugios abiertos. Entonces, en esos casos privilegiamos la situación de las personas frente a tener una observación por principio de ejecución, que es buena parte de las que allí se dicen”.
