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Mieres usará como "base" el proyecto que presentó Murro para levantar queja de OIT

El futuro ministro se reunión con las cámaras empresariales y destacó la actitud "constructiva" que presentaron

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06 de febrero de 2020 a las 19:52

En una nueva tarde de reuniones en la sede de Todos (el sector nacionalista del presidente electo, Luis Lacalle Pou), el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, acompañado por quién será su subsecretario, Mario Arizti, dialogaron con las cámaras empresariales que llegaron con el objetivo de disipar dudas sobre la ley de urgente consideración y presentar su colaboración para levantar las observaciones realizadas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

"Acá nosotros venimos a colaborar. Queremos un mejor país y entendemos que nosotros jugamos un rol importante en la sociedad. A nosotros no nos gusta ponernos en la vereda de enfrente y quejarnos, nosotros estamos para poner el hombro y apoyar", dijo en rueda de prensa el presidente de la Cámara de Comercios y Servicios, Julio César Lestido.

En ese sentido y con la mira en Ginebra, Mieres aseguró que tanto en la reunión con los representantes de la Cámara de Comercio como con los de la Cámara de Industrias, les consultó a los empresarios por los reparos que tienen con el proyecto de ley que presentó en noviembre el actual ministro de Trabajo, Ernesto Murro, con miras de modificar la normativa vigente sobre negociación colectiva y levantar la queja de la OIT.

"La pelota está en la cancha del gobierno. Tenemos que atender la observación de la OIT y modificar la ley de negociación colectiva de manera tal que se puedan levantar las observaciones. En ese sentido, hay una base, que es un proyecto de ley presentado por el gobierno actual en noviembre. Ese proyecto de ley tiene observaciones de las dos partes, tanto del movimiento sindical como de las cámaras empresariales, pero sobre ello vamos a empezar a trabajar, buscando lograr que no exista observación de OIT", señaló Mieres.

Según dijo el ministro designado, nota una "actitud constructiva" de parte de las cámaras empresariales quienes le transmitieron sus "objeciones" del proyecto de ley presentado por el gobierno actual. "Vamos a trabajar de manera tal que se puede llegar -con la flexibilidad de todos- a una solución que sea satisfactoria", sostuvo.

El líder del Partido Independiente dijo que sería "muy bueno" llegar a la asamblea de la OIT de mediados de año con el tema resuelto pero, a su vez, reconoció que "los tiempos parlamentarios no son fáciles", teniendo en cuenta que en el año van a haber dos grandes proyectos puestos sobre la mesa: el de la ley de urgente consideración y el de la ley de presupuesto. "Ojalá podamos hacerlo en el correr de los próximos meses", apuntó.

Lestido, por su parte, dijo que ve "muy bien" la actitud del gobierno para levantar la queja. A su vez, se refirió al artículo referido al derecho a huelga y la prohibición de ocupaciones.

"(El articulo del derecho a huelga) recoge todo lo dicho en la campaña por parte del nuevo gobierno, por tanto, no es una sorpresa. Nosotros lo hemos venido manifestando y planteando desde hace muchos años. Nosotros lo que queremos es que no se vulnere el derecho a nadie. Uno tiene el derecho a la huelga pero también uno tiene el derecho al libre trabajo y a la propiedad privada. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás", remató.

La Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio y Servicios elevaron en 2009 una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT cuestionando que el decreto 165 del 2006 que reguló las ocupaciones de lugares de trabajo, y la ley 18.566 del 2009 que reguló la negociación colectiva atentaban contra principios de la organización.

Desde el 2010, organismos de la OIT sugirieron al gobierno cambios a esas normas.Tras varios años, diversos informes de la OIT y varias instancias de negociación tripartita para procurar un documento consensuado entre los actores sociales, en febrero de 2019 la Comisión de Expertos exhortó al gobierno uruguayo a que envíe un proyecto de ley al Parlamento, adecuando la regulación nacional, pero el mismo no se concretó y el gobierno no envió un proyecto de ley.

Así fue que el 11 de junio de 2019 se incluyó al país en la mal llamada “lista negra”, que implica que Uruguay integra la lista de los 24 casos que se estudian por la Comisión de Expertos de la OIT.

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