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Economía y Empresas > Conflicto portuario

Montecon anuncia juicio al Estado y el gobierno espera comunicación formal para definir pasos a seguir

Este mes se concretará un segundo traspaso de servicio naviero a la terminal especializada de contenedores, con lo que Montecon tendrá una reducción de movimientos de 50% 

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14 de abril de 2022 a las 05:02

Los accionistas de la empresa Montecon decidieron iniciar una demanda internacional contra el Estado uruguayo, luego de no encontrar una salida de diálogo en las negociaciones con el gobierno.

Esto ocurre un año después que el Poder Ejecutivo acordara  extender por 50 años hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata –TCP–), a la empresa belga Katoen Natie.

Ese acuerdo le evitó a Uruguay un juicio internacional por US$ 1.500 millones, pero al mismo tiempo supuso un duro revés para los intereses de Montecon (el principal operador de contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo) y reavivó una vieja disputa entre ambas compañías.

Junto con ese acuerdo, se aprobó un nuevo reglamento de atraque que le asegura a TCP la prioridad para la operativa con contenedores.

Ahora los grupos dueños de Montecon (Ultramar 60% de acciones) y (ATCO 40% de acciones), someterán su reclamo a un arbitraje con el fin de impugnar el acuerdo del Estado con Katoen Natie.

Desde el gobierno dijeron a El Observador que aún no habían recibido una comunicación ni formal ni informal por parte de la empresa, y que esperarán las novedades para definir los pasos a seguir.

Mientras que el tema que ya motivó una interpelación al exministro de Transporte Luis Alberto Heber así como una denuncia penal por parte de la oposición, en el Ejecutivo no han dejado de defender lo que a su juicio fue un proceder acorde a derecho y "beneficioso" para el país, ya que vino atado de una inversión millonaria de TCP, a quien se le concedió la terminal especializada hasta el año 2081. 

El gerente general de Montecon, Martín González, dijo este miércoles al semanario Brecha que las demandas internacionales serán de sus accionistas, que “van a defender sus intereses y sus inversiones en Uruguay". "Estamos en el proceso de presentar las cartas que anuncian esos arbitrajes y, seguramente, en las próximas semanas haya información al respecto", señaló.

Según relató González, si bien en diciembre autoridades de la compañía y Presidencia retomaron el diálogo y se reunieron en Torre Ejecutiva para buscar alternativas que dejaran "conformes a todas las partes", estas no prosperaron. Ahora, según indicó, no hay ninguna instancia de negociación con el gobierno al respecto.

"No se cristalizó nada de eso. Pasó el verano y nunca fuimos convocados a ningún cronograma de reuniones ni de negociación, como se había pautado, y hace ya casi cinco meses de esa instancia", resumió.

El traspaso de servicios

La actividad y operativa del puerto de Montevideo ya tiene modificaciones en dirección a centralizar la operativa de contenedores en la terminal especializada TCP, que tiene a la belga Katoen Natie (80%) como su principal accionista –el restante 20% pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP)–.

El nuevo reglamento de atraque se puso en práctica por primera vez en noviembre del año pasado. En ese escenario de cambio de reglas, la línea GS1 –que realiza la ruta del Golfo de México, Centroamérica y América del Sur– dejó de operar con Montecon y pasó a hacerlo con TCP. Esa línea realiza unas seis escalas mensuales con el puerto de Montevideo.

A su vez, a comienzo de este mes la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), comunicó desde su sede en Ginebra que dejará de utilizar a Montecon para uno de sus servicios de Montevideo con Mediterráneo, y pasará a operar a la terminal especializada en la segunda quincena de abril. Hay otros tres servicios de MSC desde Montevideo a otras partes del mundo, de los cuales Montecon mantiene únicamente el que conecta con el norte de Europa.

González, gerente general de Montecon, dijo a El Observador que la naviera expresó como motivo de su decisión “la grave incertidumbre que se genera en el puerto de Montevideo”, a partir del nuevo decreto de atraque. “Ellos tienen que tratar de generar cierta certidumbre para continuar el negocio. Nos parece lógico”, afirmó el ejecutivo de la compañía.

El nuevo protocolo de atraque dice que la ANP deberá priorizar el atraque  de buques y barcazas portacontenedores en TCP. Los muelles públicos serán la segunda opción en caso de que la terminal especializada se encuentre ocupada durante el período de 24 horas. En este caso el traspaso de servicios de MSC se da por decisión propia de la naviera, y no por obligación, que es lo que hubiera ocurrido si se aplicaba el nuevo reglamento.

En la discusión jurídica y política sobre los nuevos decretos, el gobierno y Katoen Natie señalan que la prioridad para TCP está ajustada a derecho y sobre todo a la licitación por la que se le adjudicó en primera instancia la terminal.

Desde la visión del oficialismo, las violaciones a la ley y la "competencia desleal" se dieron durante los gobiernos frenteamplistas, al autorizarse a Montecon a operar como terminal especializada sin haber ganado ninguna licitación.

La visión de Montecon y la actual oposición, por el contrario, señala que la extensión de la concesión a TCP y la nueva normativa es violatoria de la "libre competencia" comprometida en la ley de puertos, así como otros decretos posteriores. 

Los números

La decisión de MSC implica para la firma la pérdida de 100 mil movimientos anuales, que se suman a 80 mil movimientos perdidos en noviembre con el pasaje de GS1 a TCP.

Según González, de noviembre a la fecha Montecon perdió 70% del volumen de actividad. “Concretamente con los números a marzo que veníamos moviendo, la salida de este servicio implica perder el 50% de los movimientos que teníamos. Pasamos a tener un movimiento anual similar a lo que hacíamos en 2006”, afirmó.

“El decreto actual es muy malo para el puerto y para el país. Genera un monopolio de hecho y tiene al gobierno de alguna manera señalando con el dedo cuáles son los servicios que van para un lado y para otro. Es totalmente contra natura de lo que es la lógica de libre mercado hacia dónde van los puertos”, argumentó el ejecutivo.

La empresa emplea actualmente a unas 395 personas de manera directa, y a alrededor de 200 en forma indirecta. Hace una semana Montecon trasmitió a autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de la ANP su voluntad de salir a conseguir otro servicio, en la medida de lo posible con tamaño similar al que tenía MSC.

“No queremos apuntar a las fuentes laborales y  empezar una política de achique y reducción, que en definitiva implicaría de alguna manera una aceptación a estas reglas de juego que estamos absolutamente en contra (…) El objetivo es tratar de mantener el volumen de trabajo. Estamos jugando un partido con una cancha inclinada y un  montón de situaciones desventajosas”, señaló el ejecutivo.

Según informó La Diaria la semana pasada, desde TCP indicaron que con el servicio que ahora comienza a atracar en la terminal especializada está colmada la capacidad para recibir nuevas líneas hasta que terminen las obras de ampliación, cuyo plazo sería de tres años en adelante. Si esta situación se mantiene, los traspasos previstos en el protocolo del nuevo reglamento de atraque volverán a ponerse en pausa, pero esta vez por un período más largo.

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