6 de febrero de 2013 21:26 hs

Las diferencias en el seno del gobierno para evaluar el rumbo de las políticas económicas y de los indicadores de actividad –ya sea en el terreno impositivo, fiscal o cambiario– ahora también alcanzan a la inflación.

Luego del salto en el Índice de Precios al Consumo (IPC) registrado en enero con un guarismo mensual de 1,9% –que llevó la variación anualizada a 8,72%–, el presidente José Mujica quiso desdramatizar la situación pero quedó en franca oposición con su vicepresidente y los jerarcas del Ministerio de Economía.

Mujica dijo que “con la inflación no pasa nada” y aseguró que el gobierno logrará “sujetar” la suba de precios. “Lo vamos a arreglar. Con la inflación no pasa nada. Yo me crié en un país que tenía una inflación del 70 u 80%”, agregó el mandatario.

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Esa actitud distendida no ha sido la asumida por el vicepresidente Danilo Astori ni por las autoridades del Ministerio de Economía (MEF) que responden a su liderazgo.

El martes, el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, dijo que desde esa repartición observan el dato de inflación “con una preocupación grande”. “Uruguay tiene realmente un problema inflacionario importante, y por tanto vamos a tener que convivir con él, por lo menos en los próximos meses”, sostuvo en declaraciones a radio Carve.

El mismo día que Masoller y un día antes de las declaraciones de Mujica, el vicepresidente Astori identificó a la suba de precios como “el principal problema macroeconómico que tiene el país” frente al cual se deben “concentrar todas sus fuerzas para combatirlo y superarlo”.
En ese sentido el vicepresidente señaló que se librará esa “lucha” desde “todos los campos y con todos los instrumentos que sea posible poner en práctica”.

Más allá de las diferencias, desde Economía ya se impulsaron acciones específicas para intentar contener el alza de precios. A los acuerdos con privados y las bajas de tarifas energéticas que tuvieron su efecto puntual al cierre de 2012, se sumó ahora impulsar una pauta mesurada en las negociaciones salariales. En igual sentido, no se descartó lograr nuevos acuerdos de precios aunque esto es visto como “medidas puntuales de corto plazo” que si se repiten pueden tener “efectos nocivos para la economía en su conjunto”, dijo Masoller. También se instruyó al Banco República –que explicó en 2012 el 68,2% del crédito al consumo que reciben las familias– que “limite” la expansión de ese segmento este año para que “no exista un crecimiento real”, dijo el martes Masoller.

Apoyo a la granja

El gobierno también puso en práctica apoyos estatales para los granjeros que se vieron su producción afectada por el temporal del 24 de enero, lo que generó fuertes subas de precios en frutas y verduras. Según datos del Mercado Modelo, en enero la suba de la canasta de productos de granja fue de 11,6% y el efecto se extenderá también a febrero.

Ayer, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió aplicar la “emergencia agropecuaria” por 90 días para los departamentos de Montevideo, Canelones y en algunas zonas de San José, lo que habilita la utilización de los fondos disponibles para ese tipo de situaciones.

Según la evaluación oficial, el temporal afectó a unos 950 productores y unas 3.800 hectáreas, particularmente frutihortícolas.

También el Ministerio de Trabajo resolvió aplicar un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores dependientes permanentes o zafrales afectados por el temporal.

El decreto será firmado esta semana, informó el titular de la secretaría de Estado, Eduardo Brenta. “Se aplicará un régimen especial que nos autoriza la ley por el plazo de 12 meses con la causal de suspensión parcial. Esto significará que se podrá generar una reducción de las jornadas de labor de un mínimo de cuatro días de trabajo al mes hasta un máximo de ocho por parte de las empresas y estos días serán cubiertos por el seguro de desempleo”.

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