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Nicaragua: nueva "liberación" de presos políticos en una crisis sin tregua
El gobierno de Nicaragua sacó de la cárcel este jueves a un nuevo grupo de 50 personas detenidas por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y los pasó a prisión domiciliaria, informó el Ministerio de Gobernación.
El Ejecutivo aseguró en un comunicado que las personas que pasan a este régimen de arresto "se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública".
El cambio de régimen carcelario para los 50 detenidos, que se suman a otros 336, es una decisión "unilateral" del gobierno y fue observado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), señalo el ministerio. Entre los liberados no figura ninguno de los líderes del movimiento ni los dos periodistas detenidos en el contexto de las protestas que estallaron en abril del 2018.
El gobierno no ha dado una cifra de cuántas personas fueron detenidas en las protestas, pero sus delegados en la mesa de negociación con la oposición dijeron días atrás que quedaban 142 presos, por lo que ahora quedarían 92, tras los 50 que el jueves se fueron a sus casas.
Represión del gobierno
El 18 de abril de 2018 marcó el inicio de la crisis en Nicaragua, cuando las protestas se intensificaron y el pueblo nicaragüense comenzó a hacerle frente al abuso de funciones del gobierno de Ortega.
Desde entonces, la escalada de violencia ha ido en ascenso. Miles de nicaragüense salieron a las calles para protestar contra la reforma del seguro social, pero el gobierno reprimió a manifestación con dureza. Según las últimas cifras publicadas por la Asociación Nicaraguense Pro Derechos Humanos (Anpdh), el régimen de Ortega ha dejado 561 muertos y 4.578 heridos. Sin embargo, desde el oficialismo se reconocen 199 muertos durante las manifestaciones. El organismo humanitario reportó, además, 1.336 ciudadanos “secuestrados” por grupos paramilitares. La mayoría de ellos están tras las rejas sin un argumento legal. La Anpdh y la Iglesia Católica consiguieron a través del diálogo con el gobierno que se liberaran a 472 manifestantes que fueron llevados a prisión en distintas manifestaciones.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega, que cumplirá 12 años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya fue aplacado.
Diálogo con acusaciones
El gobierno acusó a la oposición de ejercer un "terrorismo golpista" y de no tener la capacidad para promover un entendimiento.
El oficialismo espera que "vuelva la cordura y cese de una vez por todas, la infeliz locura de una contraparte que solo sabe de terrorismo golpista y que no tiene la estatura o la calidad necesarias para propiciar entendimiento", según dijo en un comunicado, en alusión a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
El reclamo se produce en momentos en que el gobierno intensifica la presión sobre el bloque opositor para que solicite el fin de las sanciones internacionales aplicadas sobre Nicaragua y allegados a Ortega en respuesta a la represión de las manifestaciones antigubernamentales y la negativa a avanzar en la democratización del país.
El gobierno y la oposición intentan reanudar el diálogo que iniciaron el 27 de febrero y que concluyó el 3 de abril con acuerdos parciales. En ese entonces, el ejecutivo se comprometió a liberar a todas las personas detenidas en el marco de las protestas antigubernamentales en un plazo de 90 días que vence el 18 de junio, y a restituir las libertades públicas.
La oposición acusa al gobierno de incumplir con los acuerdos al prohibir las protestas, persistir con las detenciones ilegales y negarse a liberar a cientos de opositores presos.
Insiste además en que los opositores excarcelados por el gobierno desde febrero permanecen en un régimen de prisión domiciliaria con juicios pendientes, contrario a lo acordado.
El gobierno amenazó con buscar otros interlocutores para dialogar, ante la negativa de la ACJD de apoyar el cese de las sanciones internacionales. Estados Unidos impuso sanciones económicas a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y su hijo Laureano, así como contra cinco allegados al presidente acusados de corrupción y violación de derechos humanos.
Washington también aplicó la ley denominada Nica Act, que frena la concesión de préstamos de organismos multilaterales a Nicaragua.
Reclaman elecciones adelantadas
En las conversaciones, las partes no lograron acuerdos sobre temas clave para resolver la crisis como la democratización del país, que incluye la propuesta opositora de adelantar los comicios de 2021. Ortega se ha negado a esta posibilidad bajo el argumento de que en su país no hay una crisis y se respetan los derechos humanos.
Desde los medios de comunicación, la oposición se expresó en reiteradas ocasiones en contra del oficialismo. Sin embargo, el presidente no se quedó sin hacen nada y allanó las instalaciones del canal 100% Noticias, además de detener a su director Miguel Mora.
Mora fue acusado de “conspiración” y “terrorismo” tras el cierre de esa televisora crítica del gobierno, en medio de denuncias de una escalada para acallar a la prensa independiente.
Mora se convirtió en el primer periodista y propietario de un medio de comunicación en ser acusado por los mismos cargos que han sido atribuidos a líderes y participantes de las protestas contra el gobierno.
