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Oficialismo apunta sus dardos a la ANV por omisión que posibilitó un "gol" del Frente Amplio
Hubo un gol. Se gritó y está perfecto. Pero los contrarios también, en su momento, gritaron goles. Como si de un partido de fútbol se tratara, el diputado colorado Gustavo Zubía describió lo sucedido este miércoles en el Parlamento, que tuvo que votar de apuro una ley grave y urgente que evitara la prescripción de los plazos de miles de hipotecas, a punto de vencer por un artículo incluido hace dos años en la ley de Urgente Consideración (LUC).
El "gol" fue el que, según Zubía, pudo gritar el Frente Amplio, al hacer valer el apoyo que otorgó en votos para sacar adelante la ley correctiva. Todos los legisladores de la oposición, en ambas cámaras, remarcaron ese gesto. Zubía, al igual que sus compañeros, se lo agradeció, pero llamó a la calma. "Da para gritar el gol, pero no para exagerar la serenata", ironizó.
Más allá de exageraciones o no, en la coalición de gobierno coinciden en que quedaron muy mal parados por el tema. Sin utilizar la ironía de Zubía, en el oficialismo arrecian las quejas por la falta de información que llegó desde el gobierno sobre el tema y el poco tiempo con el que se les advirtió del problema. Al punto que el senador nacionalista Carlos Camy, encargado de exponer el proyecto en sala, tuvo que leer este miércoles una nota de El Observador de este martes 5 para dejar en claro la gravedad del asunto.
El proyecto de dos artículos terminó siendo elaborado de apuro en la Torre Ejecutiva, en donde se desligaron de cualquier responsabilidad. "Hablá con Vivienda, el tema vino de allí" se limitó a explicar a El Observador un jerarca cercano al presidente Luis Lacalle Pou. Más allá de la responsabilidad del ministerio, las quejas tienen un destinatario claro en la coalición: la Agencia Nacional de Vivienda.
En resumen, los artículos que provocaron el problema son el artículo 463 y el 467 de la LUC. El primero estableció varias modificaciones al Código Civil y en términos generales redujo de 20 a 10 años los plazos de prescripción. El otro artículo estableció un plazo de dos años a partir de la vigencia de la ley para las prescripciones que estuvieran en curso o empezaran a consumarse. Esos dos años, finalmente, se cumplen el próximo 24, por lo que había que encontrar una solución urgente a lo que las autoridades habían descrito previamente como un "daño colateral" de la ley de Urgente Consideración.
"Hasta el lunes, yo no sabía nada de esto", dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, que en la reunión de bancada de ese día se enteró de que había que votar una ley de urgencia. Consultado, Gandini dijo sentirse representado por lo expresado este miércoles en la cámara por su colega Gustavo Penadés: "Así no se legisla". Gandini coincidió también en que "hay que agradecerle al Frente Amplio" por haber apoyado el proyecto. El senador se mostró muy crítico con lo actuado por la ANV. "Dejaron vencer todos los plazos antes de avisar de la necesidad de cambios", lamentó.
"No le voy a pedir la renuncia a nadie", expresó Gandini al ser consultado sobre esa posibilidad. "Pero nos generaron una situación no deseada. Tuvieron dos años". El senador remarcó además que en la sesión de este miércoles aparecieron ciertos documentos que demostraron que las autoridades de la ANV habían sido alertadas de que algo así podía pasar. Se refería a un expediente, de julio de 2020, en el que los servicios jurídicos de esa oficina advertían sobre los efectos de LUC sobre las hipotecas y llamaban a tomar recaudos con tiempo. Ese expediente fue archivado en 2021, en circunstancias que se tratan de determinar.
En el Partido Independiente, el diputado Iván Posada dijo a El Observador que se enteró hace una semana de que iba a llegar una ley de urgente trámite. Un plazo, señaló, claramente insuficiente para analizar el problema en tiempo y forma. "Notoriamente, no se accionó desde la ANV como hubiera correspondido. Eso ha quedado de manifiesto", remarcó. "Está más que claro que hubo una omisión. En esto no puede haber dos opiniones". El diputado dijo que "le corresponde al Poder Ejecutivo" determinar eventuales responsabilidades. "Está claro que no hubo respuestas adecuadas desde el sector público", insistió. "En todo este tiempo, deberían haber generado una respuesta. Evidentemente, se les pasó".
Tan enojado como cualquiera
La falta de información de la que hizo gala el oficialismo parlamentario también alcanza al propio Ministerio de Vivienda. Este jueves estaba prevista una reunión de la cúpula ministerial sobre el tema. "Me enteré de esto hace 15 días, así que estoy tan enojado como cualquiera", dijo a El Observador un jerarca de esa cartera, al apuntar en forma clara que "la responsabilidad está en la ANV". En el ministerio, se afirmó, no se cuenta con datos certeros sobre qué montos concretos estaban comprometidos por la prescripción de hipotecas.
En Vivienda se ratificó que la cifra de US$ 50 millones fue la informada por la propia agencia. "Esa es la cifra que a mí me pasan", dijo. Sin embargo, este miércoles la ANV presentó ante el Parlamento un dato absolutamente superior. El vicepresidente de la agencia, Gustavo Borsari, habló este miércoles en el Parlamento de unas 2.500 carpetas por un monto de 11,8 millones de unidades reajustables que, a la cotización actual, equivalen a unos US$ 400 millones.
Según pudo saber El Observador, los primeros en recibir la alerta en el Parlamento fueron los legisladores de Cabildo Abierto, el partido al que pertenece la ministra Irene Moreira y el presidente de la ANV, Klaus Mill Von Metzen. En una segunda reunión, el martes 5, Moreira puso al tanto a algunos diputados blancos y colorados, aunque sin aportarles más que detalles generales. La información oficial que recibió la bancada de la coalición en la Cámara Baja llegó de la mano del cabildante Eduardo Lust, en la última reunión.
"Me enteré hace un mes", explicó el diputado. El argumento que recibió de las autoridades es que, si bien se estaba trabajando, "no hubo tiempo" para efectuar todas las gestiones de notificación. "No sé si hubo negligencia, pero por el gran número no pudieron cumplir". Consultado, Lust señaló que no se le informó cuánto dinero exacto había pendiente de cobro ni cuántas personas quedarían involucradas. "Es cierto que no están claras las cifras, por lo menos yo no las tengo", dijo. El diputado cabildante señaló que la ANV aplica la política de "no ejecutar a nadie" sino que apela a facilitar refinanciaciones, una política que no iba a poder continuar si la prórroga no era aprobada.
Lust valoró la actitud del Frente Amplio pero señaló: "los votos los teníamos igual". La ley terminó siendo aprobada por los 79 diputados presentes en sala en la noche de este miércoles. Pero la diputada frenteamplista Margarita Libschitz aseguró que, en ese momento, 40 de los 42 integrantes de la oposición estaban allí presentes. Así que, según sus cuentas, sin esos votos el proyecto hubiera fracasado. "Ayudamos al gobierno a sacar el palo de su propia rueda", remarcó.
“No hubo improvisación”
Con Mill Von Metzen de licencia desde hace días, el vendaval en la ANV viene siendo aguantado por el vicepresidente Borsari, que defendió la actuación del organismo. "Hubo todo un proceso, se procedió perfectamente, en tiempo y en forma", dijo en diálogo con El Observador.
Borsari sigue evaluando si pide una investigación administrativa que determine quién dio la orden de archivar el famoso expediente de 2020. Sí ratificó que "hace meses" la agencia viene evaluando cómo debía redactarse un proyecto de ley previendo la necesidad de prolongar los plazos de prescripción de las deudas. El jerarca rechazó las acusaciones de "desidia" y "omisión" que llegaron desde el Parlamento. "Estuvimos a diez u once días del plazo. Hace dos o tres meses que venimos trabajando en esto. No hubo improvisación", señaló. Borsari recordó que la ANV podría haber optado por empezar a enviar las intimaciones correspondientes para así interrumpir las prescripciones. Se optó por este camino, dijo, a los efectos de "favorecer a miles de familias que están viviendo en el sistema de vivienda público".
Lo que sucedió, aclaró, es que ese trabajo se realizó en forma reservada. "No hubo ninguna razón especial para eso", dijo. Borsari celebró los dos años que habrá a partir de ahora para encontrar una solución definitiva y valoró la propuesta efectuada por el senador Daniel Olesker para que una comisión multipartidaria que analice la realidad del sistema de vivienda público.
