La Justicia italiana ordenó el cierre de fronteras y le retuvo el pasaporte al represor uruguayo y excapitán de navio Jorge Tróccoli, luego de que fuera condenado en julio a cadena perpetua en ese país, donde vive, por la desaparición de italianos en el Plan Cóndor. Tróccoli fue condenado junto a otros 12 exmilitares uruguayos en un caso por el que en primera instancia también fuera declarado culpable de homicidio voluntario el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
Según informó Presidencia de la República, la Fiscalía General de Romó notificó al gobierno uruguayo que los Caribineros "individualizaron" a Troccoli. "La Corte ordenó la confiscación del pasaporte de Tróccoli, así como de todos los documentos pedidos por la Fiscalía y la prohibición de abandonar el territorio italiano, según la previsión del artículo 281 del Código de Proceso Penal italiano", sostuvo el comunicado del gobierno.
Presidencia de la República aseguró que la actuación de las fuerzas italianas y de la justicia "garantiza que el condenado permanezca en territorio italiano hasta que se consolide su prisión efectiva".
Jorge Tróccoli Fernández fue condenado el 8 de julio de 2019 a cadena perpetua por la Corte di Assiese de Appello di Roma por homicidio y desaparición de personas en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina que se aplicó durante las décadas de 1970 y 1980.
Tróccoli residía en libertad en Italia desde que huyó de la Justicia uruguaya y se fugó del país en 2007 tras ser acusado de la desaparición de uruguayos y argentina. Es el único uruguayo condenado que vive en ese país europeo.
Por el mismo caso también fueron procesados el mismo día los exmilitares uruguayos José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Además, en una primera instancia, ya había sido condenado el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
En en esa instancia, en total, la Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor.
El Secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, recibió de parte de la Fiscalía General de Roma un comunicado en relación a la operativa especial de los policías.
Las pruebas que aportó Uruguay al caso llevaron a reclamar la investigación de la Fiscalía de Roma por otros crímenes de lesa humanidad cometidos por el imputado en 1976 y 1977 en Uruguay. Según Presidencia, Troccoli es acusado por "el secuestro, homicidio y desaparición de la maestra Elena Quinteros, ciudadana uruguaya, secuestrada en la Embajada venezolana de Montevideo" y "por el secuestro y homicidio de la ciudadana Rafaela Filipazzi Rossini, nacida en la ciudad de Brescia, secuestrada junto a su esposo, José Agustín Potenza, el 27 de mayo de 1977 en el hotel Hermitage de Montevideo, y cuyos restos óseos han sido hallados en Asunción (Paraguay)".
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