Otorgan pensiones a niños cuyas madres fueron asesinadas

Ante ese panorama que se ha repetido en los últimos años, el Parlamento aprobó una ley (18.850) que establece una pensión y una asignación familiar especial para ayudar económicamente a esos niños cuyas madres fueron asesinadas.

La norma, aprobada durante el gobierno de José Mujica, otorga un monto mensual de $ 9.444. Los beneficiarios son los hijos solteros menores de 21 años de edad que no tengan medios propios de vida y cursen estudios y los hijos solteros mayores incapacitados para todo trabajo. Actualmente, hay 172 personas que están cobrando ese monto, informaron a El Observador fuentes del Banco de Previsión Social (BPS). "Es una pensión para hijos de personas fallecidas a consecuencia de un hecho de violencia doméstica, que estén cursando estudios en institutos de enseñanza públicos o privados, o padezcan una incapacidad física o psíquica que les impida acceder a una tarea remunerada", aclara el BPS en su página web. Esta ley tuvo un fuerte impulso de parte de la sociedad civil, a través fundamentalmente del colectivo Mujeres de Negro.

Tiempo después de aprobada la iniciativa, las organizaciones la valoran pero lo consideran absolutamente insuficiente. Andrea Tuana, de la Red uruguaya contra la violencia doméstica, dijo a El Observador que es necesario mejorar la herramienta. "Una sesión de psicoterapia no vale menos de $ 1.000. Obviamente que con $ 9.000 uno no puede sacar adelante a un chiquilín", dijo, aunque valoró que al menos exista una ayuda. "Antes no había nada. Como un primer paso es importantísimo, pero entendemos que no es suficiente en lo más mínimo. Un niño que sufre un trauma de esta naturaleza necesita mucho apoyo. Deberíamos lograr fortalecer este apoyo porque realmente casi la mitad del dinero se va en una psicoterapia que, sin dudas, es una primera necesidad en estos casos", sostuvo Tuana.