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“Pago por uso”: el proyecto que estudia el gobierno para mejorar las rutas y evitar evasiones
El Poder Ejecutivo analiza la viabilidad de un proyecto que busca mejorar los controles que se realizan a los camiones que circulan por las rutas para evitar evasiones en los peajes y que cada uno pague de acuerdo con el uso que realiza.
La iniciativa privada ingresó a Presidencia a comienzos del gobierno y fue aceptada por Luis Lacalle Pou y José Luis Falero en los últimos días, luego de un largo periplo en el que hubo evaluaciones favorables del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Policía Caminera, el Sucive y el Congreso de Intendentes.
El proyecto presentado por las constructoras Ciemsa (que ya maneja el sistema de balanzas) y CSI Ingenieros, al que accedió El Observador, plantea una inversión de US$ 30 millones en 10 años, para cumplir tres grandes objetivos:
lograr un sistema de detección e identificación de los vehículos de carga que circulen por los puntos de control; fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para la circulación por rutas nacionales, y determinar los tramos de red vial utilizado por los vehículos de transporte de carga en cada viaje identificando aquellos sujetos a pago por uso.
La idea es instalar, en cada vehículo, un dispositivo móvil llamado OBU (On Board Unit), que estará conectado en tiempo real con un centro de control.
Aunque tiene puntos en común con el “Gran Hermano del transporte”, la idea es que los proyectos avancen en paralelo, según dijo a El Observador el director nacional de Transporte, Pablo Labandera.
Labandera anunció que la licitación del programa que se denominará "Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito en la Red Vial Nacional” y sustituirá al Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac) se realizará este semestre por lo que la adjudicación será antes de que termine el año.
El Sictrac fue implementado por el gobierno anterior y suspendido por el exministro Luis Alberto Heber al comienzo de la actual administración.
Detalles del proyecto
Tras la aceptación de la iniciativa privada, los promotores deberán realizar un estudio de factibilidad, que deberá ser aprobado por el MTOP, y recién después se podría convocar a licitación, donde el consorcio tendrá una preferencia de entre 5 y 20%, de acuerdo a lo que establezca la administración.
Uno de los puntos por los que fue bien valorado el proyecto en la interna del gobierno es porque busca mejorar la evasión en el pago de peajes.
Así lo estableció el director de la Policía de Tránsito, Mauricio Tort, quien señaló que la tecnología permitía monitorear todo el transporte de carga y “evitar la evasión del pago de peajes” así como contar con otros datos estadísticos como la movilidad en todo el territorio, ya que el funciona “monitoreando individualmente el recorrido de cada unidad de carga”.
A su vez, el ingeniero Carlos González, consideró que en la nueva etapa debía analizarse el “universo del parque automotor de interés”, incluyendo la flota destinada al transporte de pasajeros.
González, que es el asesor de Falero en la materia, señaló que la IP propone como fuente de financiamiento el ingreso por peajes de "cobro por uso", algo que debe analizarse con mayores detalles y pensando en incorporar otras fuentes porque “no es interés de esta administración avanzar en el incremento de la recaudación”.
El expediente muestra que en ese punto, el asesor discrepó con Susana Pons, una abogada de la Dirección Nacional de Transporte, ya que la funcionaria consideró que “se pagaría según la calidad del pavimento sobre el que circula” y que se podría controlar también si el vehículo “va cargado o no”, el tipo de carga que lleva, y si es nacional o extranjero.
Actualmente, el MTOP controla todos los vehículos que tengan un peso bruto total igual o mayor a 3,5 toneladas. Los camiones deben pesarse en las balanzas y pagar peajes.
De acuerdo con la funcionaria, estos controles permitirían -a través de la OBU, el puesto de control fijo, el puesto móvil de control y el centro de control y procesamiento de datos- un “sistema equitativo y más justo de pago por uso de la red vial”.
También permitirían aumentar la formalización del sector y flexibilidad a la hora de establecer una “tarificación diferencial según franja horaria, tramo de red en uso, estado de la red, tipo de vehículo, uso de infraestructura específica como puentes y by-passes”.
“Las características especificadas en la presente propuesta, consignan mejoras técnicas sustanciales frente a los antecedentes conocidos, y profundiza el nivel de control dentro de las competencias del MTOP como órgano regulador de la política nacional del transporte”, sentenció Pons.
