El ministerio del Interior se defendió este viernes de las críticas originadas luego que se conociera el proyecto de ley que el gobierno envió al Poder Legislativo, que prohíbe que el hacinamiento de las instituciones carcelarias supere el 50%, lo que en la práctica obligaría por ley a los jueces a estudiar los casos en los que podría procederse a la libertad anticipada, para bajar la cantidad de reclusos en los centros donde se supere esa cifra. Lo hizo a través de una conferencia de prensa que brindaron Gabriela Fulco, asesora de asuntos penitenciarios del ministro Eduardo Bonomi, y Silva Izquierdo, abogada del ministerio.En un comunicado que leyeron a los medios, Fulco aseguró que la norma no obliga a los jueces a actuar, sino que opera como “un alerta”. “En el citado texto legislativo se incluyó un capítulo de normas programáticas dirigidas a prevenir el hacinamiento carcelario. Estas normas, de forma alguna, están dirigidas a impedir que las órdenes de privación de libertad que dispongan los jueces o tribunales de la República no sean acatadas, en casos de hacinamiento crítico. Por el contrario, el sistema opera como una alerta hacia todos los operadores del sistema de justicia penal (fiscales, defensores públicos y privados, jueces, tribunales y autoridad penitenciaria)”, asegura el comunicado.
Para el gobierno la ley carcelaria no obliga a los jueces a liberar presos
El ministerio del interior aseguró en un comunicado que “el sistema opera como una alerta hacia todos los operadores del sistema de justicia penal”