19 de agosto de 2011 20:29 hs

El ministerio del Interior se defendió este viernes de las críticas originadas luego que se conociera el proyecto de ley que el gobierno envió al Poder Legislativo, que prohíbe que el hacinamiento de las instituciones carcelarias supere el 50%, lo que en la práctica obligaría por ley a los jueces a estudiar los casos en los que podría procederse a la libertad anticipada, para bajar la cantidad de reclusos en los centros donde se supere esa cifra. Lo hizo a través de una conferencia de prensa que brindaron Gabriela Fulco, asesora de asuntos penitenciarios del ministro Eduardo Bonomi, y Silva Izquierdo, abogada del ministerio.En un comunicado que leyeron a los medios, Fulco aseguró que la norma no obliga a los jueces a actuar, sino que opera como “un alerta”. “En el citado texto legislativo se incluyó un capítulo de normas programáticas dirigidas a prevenir el hacinamiento carcelario. Estas normas, de forma alguna, están dirigidas a impedir que las órdenes de privación de libertad que dispongan los jueces o tribunales de la República no sean acatadas, en casos de hacinamiento crítico. Por el contrario, el sistema opera como una alerta hacia todos los operadores del sistema de justicia penal (fiscales, defensores públicos y privados, jueces, tribunales y autoridad penitenciaria)”, asegura el comunicado.

“Esta alerta implica un aviso a todas las entidades, concernidas acerca de la situación. En estos casos, o sea aquellos en que las plazas carcelarias de los establecimientos penitenciarios superen el 50% su capacidad de alojamiento, se pone en un funcionamiento un mecanismo que implica la revisión de los magistrados penales, de los expedientes judiciales de los internos a cuya disposición se encuentran cumpliendo detención preventiva o pena, con vistas a considerar si respecto a algunos de ellos resultan aplicables los mecanismos excarcelarios comunes, la libertad anticipada, o la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas de la privación de libertad.

Consultada por la prensa, Fulco indicó que “no es una ley de liberación en forma alguna, nadie va a quedar en libertad por la aplicación e esta norma. El Ejecutivo no pretende invadir las decisiones del Poder Judicial, sino que se revisen en forma permanente la situación de los presos. No se pueden construir cárceles indefinidamente”.

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