Petit: "Tenemos la inseguridad que tenemos por el sistema penitenciario que tenemos"

Por el contrario, un documento presentado al Parlamento por Petit y al que accedió El Observador demostró que, incluso, habrá menos dinero en ciertas áreas. Por ejemplo, en los gastos de funcionamiento. En 2021, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) recibió allí una asignación de $ 998 millones, pero en la Rendición de Cuentas que se está discutiendo a nivel legislativo solo están previstos $ 877 millones. 

El comisionado hizo foco en la alimentación. En ese rubro, apuntó que en 2020 la asignación fue de $ 392 millones. Ahora, solo se disponen $ 321 millones. Petit afirmó que, pese a la mejora en la producción de chacras y una mayor eficacia en las compras, ese gasto no logrará compensar el aumento poblacional ni la inflación. Bajará, en cambio, la "línea de base", que valora la cantidad y calidad de alimentos que se proveen al sistema.

Las últimas cifras indican que el Estado gasta por año unos $ 39 mil presos en cada recluso del sistema por todo concepto.

Otro de los rubros comprometidos, según el comisionado parlamentario, será el de las inversiones. Más allá de algunas novedades anunciadas por el ministerio para financiar más cupos, sigue existiendo un déficit mínimo de 4.000 plazas en el sistema. Petit entiende indispensable reforzar este rubro, tomando en cuenta además las carencias logísticas, de comunicaciones y equipos del sistema. 

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Así, en 2021 al INR se le asignaron $ 56 millones para inversiones. Este año serán $ 153 millones. Una cifra mayor, pero que "está muy lejos de poder atender las diversas materias pendientes". Entre ellas, flota vehicular, escáner, cámara de videovigilancia o equipos educativos. 

En el documento, Petit considera fundamental una reorganización del INR, sobre todo en lo que respecta a una autonomía técnica para diseñar su propio presupuesto y no depender de los lineamientos del Ministerio del Interior. "Claramente, el país adolece de un Ministerio de Justicia", insistió.

Al respecto, el comisionado parlamentario presentó en el parlamento una propuesta concreta. En diálogo con Alberto Sayagués, exdirector de la Asesoría Tributaria del Banco de Previsión Social (BPS), Petit planteó que se cree un grupo de trabajo de seguimiento de las políticas penitenciarias que, dos veces al año, reúna a los organismos involucrados. 

Según explicó, se trata de que a través de convenios, buena voluntad, llamados telefónicos o contactos personales se logre lo que el sistema necesita: pueden ser acciones puntuales, como un docente para una cárcel, un profesor o equipos de computación. "La idea es tratar de institucionalizar todo eso, consolidarlo", dijo. Por otro, se trata de estimular a que el propio INR planifique sus demandas anuales.

En su informe, el comisionado parlamentario insiste en que la eficacia del sistema está dada en su capacidad de rehabilitación, que tiene a su vez incidencia directa con la seguridad pública. Con el 60% de los liberados que reincide, "debemos pensar que tenemos la inseguridad que tenemos debido al sistema penitenciario que tenemos", reflexionó. 

Petit había presentado al respecto un plan, orientado al fortalecimiento del tratamiento pospenitenciario y a la implementación de medidas alternativas en determinados casos. Sobre todo, afirmó, para evitar medidas de prisión en delitos leves, como hurto o tentativa,  que "no hacen sino consolidar el comportamiento criminal". 

También consideró fundamental que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tenga a su cargo la atención sanitaria de todos los presos, la mayoría de los cuales hasta hoy continúan atendidos por Sanidad Policial.