Si bien las restricciones brasileñas a las exportaciones lácteas son producto de presiones internas de los productores, el tema se enmarca en el precio que Uruguay empieza a pagar por errores en el manejo de la economía que lo embretan en la pinza aperturista de sus dos grandes vecinos, vitales clientes comerciales. La salida no es embarcarse en protestas de escaso futuro sino en tratar de recuperar competitividad. Es una meta compleja por la rigidez estructural que se acentuó con el uso descuidado de la década de bonanza exportadora, terminada hace casi cuatro años y que difícilmente retorne. Durante esos años desaprovechados se dispararon el gasto público desmedido y las concesiones al sindicalismo, excesos que hace ya tiempo paga la población y el sector productivo con aumentos de impuestos directos y a través de las tarifas de servicios públicos.
Las consecuencias del bloqueo autogenerado ya nos restringe, por cargas arancelarias, el acceso a mercados con los que no tenemos acuerdos de libre comercio, como ocurre con China y otros países. Se agregan ahora Brasil y, en grado menor, Argentina, que relegan las normas comerciales del Mercosur a sus propias necesidades. Sus dificultades internas generan medidas proteccionistas en algunas áreas, como ocurre con los lácteos en Brasil. Pero además el gobierno de Michel Temer se ha embarcado en un drástico programa de privatización de grandes empresas públicas para generar recaudación fiscal y en una profunda reforma laboral, y eventualmente de la seguridad social, para abatir el gasto público.
En Argentina hay menor tendencia privatizadora pero está en marcha un programa de reformas económicas. Sobrevuela además una posible devaluación después de las elecciones legislativas de octubre, que golpearía adicionalmente a la competitividad uruguaya. Ya existen, por otra parte, dificultades de ingreso en varios rubros. Todos estos factores limitan el futuro exportador uruguayo, trabado por los altos costos de producción. Incluso la reforma laboral brasileña motivó fútiles protestas de nuestro gobierno, tardío despertar a una política que pone al país en desventaja para competir.
La administración Vázquez se verá en figurillas para contrarrestar las políticas de apertura de Brasil y Argentina, vigentes desde que los gobiernos más realistas de Temer y de Mauricio Macri desplazaron al populismo de Dilma Rousseff y de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo exceso de gasto público fue agravado por pavorosos niveles de corrupción. Desaparecidos los caudalosos ingresos de los años previos a 2014 y con un amurallado déficit fiscal cercano al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), nuestro gobierno ha recurrido a aumentar la carga tributaria con impuestos directos e indirectos. Pero ni la carga tributaria ni el endeudamiento público pueden seguir aumentando. En el caso de los impuestos, la capacidad contributiva de la gente y de las empresas ha llegado al límite tolerable. Y mayor endeudamiento –la deuda neta como porcentaje del PIB creció 10 puntos en los últimos dos años– conlleva el riesgo de perder el esencial grado inversor. Al gobierno, asediado por apremios financieros pese al previsto crecimiento del PIB de alrededor del 3% este año, no le queda otro camino que enmendar en lo posible los traspiés de años previos, imponiendo austeridad en el gasto y equilibrio en el campo laboral, requisitos elementales que hasta ahora le han faltado a las administraciones del Frente Amplio.
