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PIT-CNT desmenuza ley urgente en reuniones de técnicos y sindicatos

La Mesa Representativa se reunirá el 20 de febrero y decidirá qué medidas tomar
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09 de febrero de 2020 a las 05:00

El anteproyecto de la ley de urgente consideración no solo va a ser estudiado por los socios de la coalición y el Frente Amplio. El PIT-CNT también formó una comisión, que se dividirá en siete grupos de trabajo, para analizar en profundidad las distintas temáticas planteadas en la normativa. 

Según contó a El Observador el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, la idea es que estas subcomisiones se reúnan “varias veces por semana” porque hay que “colocarle ritmo” a un trabajo que tiene fecha límite: el 19 de febrero. El día siguiente, el jueves 20 de febrero, se reunirá la Mesa Representativa y decidirá qué hacer con el análisis realizado.

“En algunos temas probablemente propongamos eliminaciones de artículos o transformaciones. Si no, si eso no es lo que decide la Mesa Representativa, como mínimo el movimiento sindical va a tener la información organizada, sistematizada y estudiada por todas las direcciones sindicales”, dijo Pereira.

Cada una de esas subcomisiones será liderada por un dirigente sindical y por un técnico del Instituto Cuesta Duarte. En total eran entre 50 y 60 las personas que estarán dedicadas a estudiar el documento.

Una de las unidades analizará las primeras dos secciones de la ley, referidas a la seguridad pública. Otra unidad pondrá la mira en las transformaciones educativas que plantea el anteproyecto y una distinta se enfocará solamente en los aspectos económicos.

A su vez, un grupo de trabajo se encargará de analizar los artículos que hablan sobre empresas públicas y unidades reguladoras. Otro se encargará de lo relacionado al “funcionamiento del Estado”. Otros dos grupos se enfocarán en las relaciones laborales y seguridad social, y otro específicamente abordará lo relativo a las políticas sociales que se exponen en la normativa.

En cada unidad habrá varios sindicatos representados, pero será esencial que en los grupos de trabajo esté el gremio asociado a la temática estudiada. Por ejemplo, en la unidad que analizará los cambios educativos tendrá una importante participación la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). La Mesa Sindical Coordinadora de Entes, en tanto, hará lo suyo en lo relativo a las empresas públicas y el funcionamiento del Estado.

El líder de la central de trabajadores cree que sería bueno “negociar con el gobierno electo” porque entiende que el movimiento sindical debe ser “muy propositivo” y “tomar la iniciativa y colocar ideas arriba de la mesa”.

“No descartamos ninguna metodología de las que el PIT-CNT emplea: el diálogo y la negociación, la lucha en el momento de la discusión de la ley y la consulta popular en el caso de que la ley se apruebe”, remató.

Las fases de la negociación

Desde el movimiento sindical saben que cuentan con dos oportunidades clave para intentar modificar la normativa en aquellos aspectos donde consideran que existen cambios inconvenientes. La primera es ahora: el tiempo en que el anteproyecto se abrió a la ciudadanía y se compartió con los socios de la coalición.

De todas formas, saben que hay una segunda fase y será cuando el documento comience a ser discutido en el Parlamento.

Este miércoles, luego de dos horas de diálogo con el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y quién será su subsecretario, Mario Arizti, Pereira insistió ante los micrófonos en que la ley de urgente consideración es una “fabriquita de conflictos” y que “hay que irlos desatando”.

El artículo que más rechazo levantó en la cúpula sindical fue el 349, referido al ejercicio del derecho a huelga. En ese inciso se pone en puño y letra una de las promesas de campaña de la coalición: prohibir las ocupaciones en empresas.

Pero no fue solo esa restricción la que despertó el malestar del PIT-CNT, sino la forma en la que está redactado el artículo. Los sindicalistas entienden que la norma puede dar lugar a que no solo se prohíban las ocupaciones sino también cualquier tipo de huelga.

El anteproyecto del gobierno entrante establece: “Toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa. El Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando estas no reúnan las condiciones establecidas precedentemente”.

El comienzo de ese artículo es lo que genera ríspideces. Según entienden, que el foco esté sobre “toda medida de huelga” y no específicamente en las ocupaciones es “inconstitucional”. 

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