Policía denunciado por abuso policial fue quien baleó a Fiorella Buzeta en 2004

El accidente ocurrió el 13 de abril de 2004, en el liceo 13 de la Curva de Maroñas. Cuando terminó el recreo, el ahora policía entró a su clase, en el turno de la mañana. El joven iba de tarde pero había pedido el cambio porque argumentaba que sus compañeros lo agredían. Sacó el arma de su hermano —funcionario policial— que había llevado por si alguien lo molestaba, la que se disparó de forma accidental e hirió a Buzeta.

La herida le provocó parálisis en las piernas, por lo que debe movilizarse en silla de ruedas.

En tanto, el menor estuvo 90 días internado en el entonces llamado Instituto Nacional del Menor (Iname) por un delito de lesiones personales, hasta que fue derivado a prisión domiciliaria luego de varias agresiones que recibió en el centro, donde era "golpeado a diario", según indicó en ese entonces su abogada, Adriana Candussi. Además, comentó que el joven "necesitaba ayuda" porque lo habían agredido varias veces en el liceo y consideraba que el arma "era una defensa". 

Ahora, con 30 años, Buzeta es edila del Frente Amplio y defensora de los derechos de las personas con discapacidad. En tanto, su excompañero de liceo entró a trabajar al Ministerio del Interior en 2017.

La ley orgánica policial (n° 19.315) establece como uno de los requisitos para ser policía presentar el Certificado de Antecedentes Judiciales donde se comprueba la buena conducta del aspirante. 

Al mismo tiempo, la reglamentación del artículo 44 de esta ley incluye como prohibiciones para el ingreso a la Policía Nacional "poseer mala conducta, lo cual se acreditará mediante Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la autoridad competente", y "poseer anotaciones policiales que no sean consideradas por el ordenamiento jurídico como delitos pero que demuestren conductas incompatibles con la función policial".

En este caso, el delito por el que fue procesado el joven fue cometido cuando era menor de edad, y el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los antecedentes judiciales de adolescentes "se destruirán al cumplir los 18 años o al cese de la medida", excepto cuando haya sido penado por delitos para los que, por su gravedad, se dispone la conservación, como homicidio intencional, secuestro o violación, entre otros. Esto es para que, si comete otro delito una vez que cumpla la mayoría de edad, no sea considerado primario.

Por eso el policía pudo concursar para ingresar al Ministerio del Interior e integrar la Guardia Republicana, ya que al presentar el Certificado de Antecedentes Judiciales, no existían registros.

En cuanto a las anotaciones policiales, que quedan registradas una vez que la persona cumple la mayoría de edad, fuentes del ámbito policial informaron que el Ministerio del Interior evalúa de forma "subjetiva" cuáles y cuántas anotaciones son impedimento para cumplir la función policial, ya que depende del tipo de denuncia que se reciba contra la persona.

Los aspirantes a policía deben pasar por una evaluación psicológica para "determinar la aptitud para el ejercicio de la función", según establece la ley orgánica policial. Las evaluaciones son realizados por la Subdirección Nacional de Sanidad Policial, a través del Servicio de Psicología Ocupacional y sus diagnósticos son confidenciales, con validez de un año.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, publicó un tuit sobre el tema y aclaró que el funcionario ingresó en febrero de 2017, realizó los cursos y exámenes de ingreso a la Policía. "Muy raro que se sepa justo ahora cuando no se hizo nada durante seis años", acotó.

Sumariado e investigado por la Justicia

El Ministerio del Interior inició un sumario al policía, fue apartado de las tareas y le retiraron su arma mientras continúan las investigaciones sobre el presunto abuso policial en Pocitos el pasado viernes por la noche.

La fiscal de Flagrancia que investiga el caso, Brenda Puppo, citó a dos jóvenes que fueron golpeados durante el operativo antiaglomeraciones y también declararán seis policías que fueron identificados, entre ellos quien hirió a Buzeta.

En la filmación que se viralizó el fin de semana se ve que tres policías le piden a la víctima que borre un video. Dos son de la Jefatura de Montevideo y uno es de la Guardia Republicana, quien golpea varias veces a uno de los adolescentes. Hay un cuarto policía de la Guardia Republicana que custodia a otras dos personas, pero no participa en la situación.

Los sindicatos policiales del Uruguay divulgaron un comunicado en el que expresan su "total repudio" a la agresión. "Ante los hechos de público conocimiento, donde un funcionario policial en un procedimiento agrede a un ciudadano en reiteradas veces mediante golpe de puño en una actitud agresiva y fuera de toda norma del proceder policial con referencia a la filmación que se pretende borrar", indicaron los tres sindicatos firmantes: Sifpom, Sipolma y Usip.

Este tipo de acciones "no representan a la gran mayoría de los funcionarios policiales que día a día trabajan de forma honesta cumpliendo con la constitución, las leyes, los decretos y reglamentos", agregan.