Un policía que trabaja en la Unidad N.º 12 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en Rivera, fue imputado por sacar de la cárcel a presos y llevarlos a su chacra que que trabajaran ahí, informó el medio A Plateia y confirmó El Observador con fuentes de la investigación.
La investigación, denominada "Operación Ataque", comenzó el 30 de diciembre y además del suboficial imputado hay otros dos policías y un operador penitenciario que fueron detenidos pero quedaron en libertad. De todas formas, son investigados por el caso.
El hombre, de 46 años, era el encargado de la Cárcel Granja, un anexo al centro penitenciario Cerro Carancho. El imputado tiene una chacra ubicada a siete kilómetros de la cárcel, y en varias oportunidades fue hasta ese lugar con reclusos para que realizaran reparaciones en su casa.
En la solicitud de formalización, la fiscal del caso, Alejandra Domínguez, detalló que en otra ocasión llevó una camioneta de su propiedad a la Cárcel Granja para que los reclusos la pintaran.
Un día, cargó en su camioneta ladrillos que se fabrican en la cárcel, y fueron llevados a su chacra, con los cuales se construyó una barbacoa. Además, vendió algunos ladrillos.
También era común que los reclusos que gozaban de salidas transitorias, no regresaran en la hora estipulada, por lo que el suboficial autorizaba la ampliación de horas.
El 23 de diciembre, el director del INR, Luis Mendoza, recibió denuncias y solicitó que se realizara una investigación administrativa urgente por aparentes irregularidades en el funcionamiento del anexo de la Unidad N.º 12.
El Ministerio del Interior resolvió hacer la denuncia en Fiscalía y ahí comenzó la investigación penal. Además, se dispuso un sumario administrativo para el policía con separación del cargo.
La fiscal Domínguez imputó al funcionario este jueves por reiterados delitos de peculado especialmente agravado y reiterados delitos de abuso de funciones, en régimen de reiteración real y en calidad de autor.
Había solicitado la prisión preventiva del imputado pero la jueza otorgó la prisión domiciliaria total por 120 días.
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