Por qué la ley de reforma jubilatoria no va a "gravar a los robots" que sustituyan el trabajo humano

La idea había sido presentada por el senador nacionalista Sergio Botana en relación a que dichas firmas deban efectuar aportes patrones y personales como si se tratara de un trabajador de carne y hueso. 

"A mí no me parece disparatado que en ese mundo donde los humanos vamos a dejar de hacer determinadas cosas, esos aportes estén igual cuando la gente envejezca y no haga esos trabajos", dijo Botana al defender su idea y dar algunos ejemplos. "Tenemos estaciones de servicio sin pisteros, tambos sin tamberos. Entonces, es bueno que preveamos estas futuras situaciones". 

La iniciativa generó el rechazo casi inmediato del Poder Ejecutivo. "Sería gravar el progreso", le había dicho el mes pasado a El Observador el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, al rechazar el planteo. Su postura fue refrendada en las tres ocasiones en que una delegación del gobierno tuvo que ir al Parlamento a defender la reforma. 

Ante una consulta del Frente Amplio en la comisión el abogado Rodolfo Saldain, corredactor del proyecto de reforma, señaló que en el Estado no se dispone de ningún estudio que pueda servir para, por lo menos, concluir con una base relativamente cierta qué impacto tendrán los avances tecnológicos en el mundo real. Lo que sí se hace, dijo, es realizar un "seguimiento permanente" de cómo evoluciona la incorporación tecnológica en el mercado, con análisis que van desde los "tecnooptimistas" hasta los más "tecnopesimistas". 

Saldain recordó que en Estados Unidos estos mismos planteos comenzaron a discutirse en la década de 1960. Los especialistas le advirtieron al entonces presidente Lyndon B. Johnson que se venía un "inminente desempleo global" a raíz de la incipiente automatización. "En verdad no se vino nunca ese enorme desempleo global", señaló el experto. "Al mismo tiempo, se generó empleo suficiente para incorporar a la mujer de manera muy masiva". Al respecto, recordó que una comisión especial designada en esa época por el gobierno estadounidense para analizar el tema concluyó que no existía evidencia de que la automatización fuese a tener impacto mayor que el que tuvo en su momento la energía eléctrica. 

"¿Esta vez es diferente?", se preguntó. "¿Esta vez la inteligencia artificial va a hacer que haya un masivo desempleo? Realmente, no es posible saberlo". Lo que sí es posible, dijo Saldain, es estar vigilante y atento a cómo evolucionan esos parámetros.

La idea de Botana no es nueva. Había sido planteada durante el pasado período de gobierno por el PIT-CNT, en defensa del "trabajo vivo" para que el inevitable cambio tecnológico no fuera a profundizar la desigualdad. 

La idea fue defendida ahora en el Parlamento por Ariel Ferrari, representante de los pasivos ante el Banco de Previsión Social (BPS). "Está claro que no se puede seguir pensando en un modelo que se financie sobre la base del aporte obrero-patrón", dijo. "Hay trabajadores que fueron sustituidos por robots y lectores de barras". Así, dijo, como las empresas incrementaron por esta vía su productividad, deberían contribuir por eso a financiar la seguridad social. 

La postura de AEBU

Sobre la mesa de la discusión estuvo la experiencia de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) que opera desde 2008 en la Caja Bancaria, por la que las empresas aportan al sistema el 0,04% de sus activos financieros. Saldain rechazó esta fórmula al considerarla una "muy mala fuente de financiamiento", al estar basada solo en el poder de mercado de las instituciones que deben pagar esa prestación, y que a su juicio no tiene nada que ver con gravar tecnología. 

Se sabe que el sector bancario es uno de los más afectados por la automatización en Uruguay. Sin embargo su sindicato, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), consideró inadecuado implantar un "impuesto a los robots" como forma de financiar la seguridad social. Según uno de sus dirigentes, Pablo Andrade, por un motivo sencillo: hoy en Uruguay la tecnología de punta del sistema financiero son los cajeros automáticos, que "en el mundo los están desmantelando, porque se apuesta a la vía digital y no al costo de tener dinero en una cajón, en una computadora, en una esquina de un supermercado". 

En su visión, lo que importa es la productividad generada por esa tecnología. De lo contrario, aseguró, se estará obviando uno de los principales elementos de la seguridad social. "El mercado del trabajo va a tener una tendencia por la que la gente va a ingresar más tarde, va a necesitar más calificación, va a durar menos en su actividad laboral y va a ser sustituida por la tecnología", dijo. "Ese aumento de la productividad es el que debe repercutir en la seguridad social". 

La visión de las cámaras empresariales

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) no analizó el tema. Por lo tanto, esa entidad carece de una opinión formada al respecto. "Sabemos que la idea anda por ahí", señaló ante la comisión su asesor, Juan Mailhos, que dijo que a los empresarios les gustaría pensar en una solución que se signifique que, si se pone una máquina, entonces tiene que haber un impuesto. "Para nosotros, la discusión tiene que consistir en tratar que, en esta nueva realidad, de alguna manera se generen nuevos puestos de trabajo y que sean de calidad", sostuvo. 

Al respecto la Cámara de Comercio analiza algún tipo de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ver si se puede "hacer pie" en un tema que trasciende a la seguridad social y a la realidad de cada sector: cuáles, en definitiva, se irán automatizar. 

El presidente de la cámara, Julio César Lestido, estimó a título personal que el impacto de la automatización en su sector será muy heterogéneo. "Hay servicios que todavía van a tener que ser brindados por una persona", dijo. 

El que se mostró contrario a un tributo de esta naturaleza fue el expresidente de la Cámara de Industrias (CIU), Alfredo Antía, al exponer la visión de esa entidad en el Parlamento. "Cuando hacemos referencia a la importancia de mantener las condiciones de competitividad, nos referimos justamente a no aumentar la imposición sobre el trabajo", indicó. Antía señaló que uno de los factores clave para el aumento de la competitividad es, justamente, el acceso a la tecnología. "No entendemos adecuado castigar con impuestos adicionales ese paso imprescindible", afirmó.