A medida que avanza la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados, se generan nuevas diferencias dentro de la coalición de gobierno respecto al texto enviado por el Poder Ejecutivo. La discusión ahora está centrada en los cambios promovidos sobre los funcionarios públicos con dos artículos que generan diferencias: el vinculado a las certificaciones médicas y los despidos por inasistencia a instancias de capacitación.
En cuanto a las licencias por enfermedad, el artículo 28 del texto enviado por el gobierno genera divergencias incluso dentro de los partidos que integran la coalición del gobierno. Mientras que algunos entienden que es “injusto” equipararlo con el régimen privado, otros pretenden extenderlo a todo el sistema político, incluido los cargos de confianza.
El proyecto establece que “todos los funcionarios presupuestados o contratados” con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales dejarán de percibir retribución alguna en los primeros tres días de licencia por enfermedad. Actualmente reciben todo el salario cuando se certifican.
A partir del cuarto día de inasistencia y hasta su reintegro a la actividad, la remuneración será equivalente al 70% del salario, sin contar beneficios sociales y antigüedad. “El salario, a los efectos de esta norma, es el que corresponde a su cargo, con exclusión de las partidas por locomoción, viáticos y horas extras”, dice el texto.
Leonardo Carreño
Con esta modificación, el gobierno pretende equiparar el régimen público con el privado. Sin embargo, no todos en la coalición están de acuerdo. En el Partido Colorado existen posiciones diversas.
Mientras que el diputado Cornado Rodríguez (Batllistas) va a presentar una alternativa que queda a medio camino entre el sistema privado y el público, en Ciudadanos pretenden ampliar lo enviado por el Poder Ejecutivo.
Si bien Rodríguez apoyó “el espíritu de la norma propuesta” y coincidió con que existe un “abuso sistemático de muchos funcionarios”, el legislador advirtió que con la fórmula enviada por el Poder Ejecutivo “se puede estar castigando al buen funcionario”
“Nos parece mejor establecer un descuento escalonado, amparando al buen funcionario que se puede enfermar, y castigando el abuso en las licencias por enfermedad”, señaló en la exposición de motivos del texto propuesto al que accedió El Observador.
La propuesta del diputado establece un máximo de siete días al año en los que el funcionario podría pedir licencia por enfermedad, con la certificación correspondiente, y no se le descontaría nada. A partir del octavo día en el año, perdería el 30 % de la remuneración diaria, y superados los 20 días de licencia médica en el año se descontaría el 50%.
En caso de ser hospitalizado el funcionario percibirá el 100% hasta los 30 días de internación, y luego se descontará el 30% hasta su efectivo reintegro. El proyecto del Poder Ejecutivo establece pagar el 70% desde el inicio en caso de internación.
Camilo dos Santos
Rodríguez le trasladó su postura tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Trabajo y aseguró que tuvo una buena receptividad.
El diputado blanco Sebastián Andújar coincidió en que el proyecto tal como está “castiga” a los buenos funcionarios. “Por unos pocos, pierden todos”, dijo y agregó que continúan negociando sobre este tema para "pulir" la redacción.
En el Partido Nacional son partidarios de extender los cambios que se introduzcan a todos los funcionarios públicos pero para eso precisan de los votos del Frente Amplio porque se requiere de una mayoría especial. Con el texto tal como está redactado, por ejemplo, los funcionarios de organismos como la Administración Nacional de Educación Pública quedan por fuera.
“Según los últimos datos que hay, de 2017, en enero había 500 maestros certificados, en marzo 5.000 y en setiembre 11.000”, cuestionó Andújar.
En Ciudadanos (Partido Colorado) tienen una visión similar y pretenden que la fórmula propuesta por el gobierno se extienda a todo el sistema político (legisladores, ministros), según dijo una fuente de ese sector.
Cabildo Abierto respalda el texto tal cual lo envió el Poder Ejecutivo.
La intención del gobierno con este pasaje es reducir el abuso que existe en el uso de las certificaciones. Entre junio de 2018 y junio de 2020, un total de 20.464 empleados públicos recibieron certificación médica por un período mayor a 90 días, según un relevamiento realizado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) publicado por El País.
Este martes habrá una nueva reunión –la segunda- con las autoridades de Servicio Civil para seguir intercambiando sobre este tema y otros referidos a los funcionarios públicos.
Despidos por inasistencias a capacitación
La otra diferencia que hay en la interna de la coalición sobre los empleados públicos está vinculada a las garantías para los funcionarios en casos de eventuales despidos. Los legisladores entienden que, tal como está redactado, hay un pasaje del proyecto de Presupuesto que expondría al Estado a una ola de juicios.
Es que el gobierno pretende despedir a aquellos funcionarios que, siendo categorizados como para redistribuir dentro del Estado, pasen un año sin cargo (porque no se les haya encontrado uno nuevo) y no asistan a la capacitación ofrecida para ubicarlo en otro lugar.
“Ese bolsón de excedentes no puede quedar como un despido indirecto. Necesitamos establecer todas las garantías para los funcionarios”, dijo a El Observador el diputado blanco Sebastián Andújar.
El Poder Ejecutivo quiere crear un bolsón de funcionarios excedentes de la administración central para redistribuir entre las distintas dependencias del Estado. Esos funcionarios, que continuarán cobrando el mismo salario y todos los beneficios, estarán disponibles para ser distribuidos por la Oficina de Servicio Civil.
“La propuesta de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en cuanto respete el perfil genérico requerido para la función en el organismo de destino, no podrá ser rechazada salvo por resolución fundada del jerarca del Inciso”, dice el texto.
El problema aparece en el artículo 15 que establece que pasado un año de “inclusión en la nómina de persona a redistribuir” sin haber ocupado un cargo nuevo el funcionario ingresará al régimen de retiro o readecuación funcional.
La readecuación funcional implica una capacitación para poder hacer otra tarea dentro del Estado y la inasistencia a esa capacitación sería causal de despido, según el texto a estudio del Parlamento. Sin embargo, la norma establece que los funcionarios públicos solo pueden ser despedidos por ineptitud, omisión o delito.
No asistir a una capacitación no está, según la visión de los legisladores, en ninguna de estas causales, y evalúan la forma de hacerla ingresar dentro de la categoría ineptitud.
Desde Cabildo Abierto aseguraron a El Observador que “tienen muchas dudas” sobre la aplicación de ese artículo. Lo mismo sucede en el resto de los partidos de la coalición.
En la actualidad un funcionario público puede faltar hasta 9 veces a su trabajo sin que se considere causal de destitución y los procesos para despedir un funcionario duran entre seis meses y un año.
