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Los inamovibles: El largo camino para destituir un empleado público

Lleva entre seis meses y un año pero es necesario probar que fue inpeto, omiso o cometió un delito

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06 de octubre de 2018 a las 05:03

Los uruguayos sueñan con llegar a un empleo público. Un salario digno y la estabilidad de un trabajo para (casi) toda la vida son puntos de atracción para trabajar en la administración pública, según sostienen las encuetas. Una consulta publicada en la revista Pro Universitarios en 2015 aseguraba que de las diez empresas preferidas para trabajar entre los estudiantes terciarios, ocho pertenecen al Estado. 

El 16.5% de los uruguayos  que trabaja cumplió con ese “sueño” y se desempeña en alguna dependencia del Estado ya sea administración central, servicios descentralizados, entes autónomos, intendencias o municipios. Son 271.960 personas que tienen 297.601 vínculos con la administración pública, según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) proporcionados a El Observador. Si a ese número se le suman aquellos que tienen vínculos con el Estado pero no son funcionarios públicos (trabajan en empresas públicas que se rigen bajo el derecho privado) la cantidad de vínculos asciende a 310.126. 

271.960 personas trabajan para el Estado en todas sus dependencias. Esas personas tienen 297.601 vínculos con el Estado.

Y la estabilidad del empleo público se debe a que el proceso para destituir a un funcionario es engorroso. El despido de un trabajador del Estado lleva, en promedio, entre seis meses y un año y la norma establece que el proceso no puede superar los dos años. En 2017 la Comisión Nacional de Servicio Civil recomendó destituir a 324 personas. Sin embargo, la decisión final la tiene el jerarca de cada organismo. En 2016 habían sido 540 sugerencias y 376 en 2015, según informó a El Observador el director de la Oficina de Servicio Civil, Alberto Scavarelli. 

Pero, ¿cómo se llega a destituir a un funcionario público? El proceso es largo y burocrático. 

Para que un trabajador del Estado de la administración central (Presidencia y ministerios) sea destituido, se debe realizar una investigación administrativa, un sumario, un fallo de la Comisión Nacional de Servicio Civil, la decisión del jerarca correspondiente y si tiene inamovilidad, debe ser sometido a votación de la Cámara de Senadores. En el resto de las dependencias de la administración pública los procesos son similares aunque varían según el organismo. 

En 2017 la Comisión Nacional de Servicio Civil recomendó destituir a 324 personas.

Existen tres causales por las que se puede destituir a un funcionario público: ineptitud, omisión o delito –siempre que haya una sentencia firme-. Sin embargo, es necesario demostrar fehacientemente cualquiera de estas tres causales y el Estado no puede destituir a una persona con el objetivo de hacer una reducción de personal. Además, el trabajador público puede faltar hasta nueve veces sin justificación. Recién a partir de la décima falta injustificada se puede considerar causal de destitución. 


Si se trata de un hecho genérico irregular, donde no está plenamente identificado el autor, se debe realizar una investigación administrativa que compruebe el hecho irregular e identifique al autor o los autores. A partir de ese momento comienza el sumario administrativo en el que el acusado tiene la posibilidad de defenderse. Todos los procedimientos están debidamente reglados con sus procedimientos, plazos y mecanismos, según explicó Scavarelli. 

Una vez que el sumario está finalizado, se determina la naturaleza y el grado de responsabilidad del funcionario y con ello la sanción a aplicar que van desde la observación hasta la destitución. Ese sumario es derivado a la Comisión Nacional de Servicio Civil. 

"El funcionario público es el sostén de la gestión del Estado", Alberto Scavarelli presidente de la Oficina Nacional de Servicio Civil

Esa comisión, presidida por Scavarelli, analiza todo el proceso administrativo, si se cumplieron todos los pasos necesarios y determina cuáles son las situaciones que ameritan la destitución. El fallo de ese organismo, a su vez, es enviado al jerarca del organismo que corresponde y es este el que tiene la decisión final sobre la situación del funcionario. Scavarelli estima que para fin de 2018 el organismo habrá sugerido destituir a 1.500 funcionarios en toda la administración en este quinquenio. En la mayoría de los casos, según Scavarelli, la sugerencia se cumple. 

“Partimos de la base que todo el sistema de la administración se rige por el debido proceso”, explicó el director de la Oficina de Servicio Civil. Dentro de la Comisión de Servicio Civil, que es un organismo multilateral, hay un representante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). “Es un proceso dotado de muchísimas garantías”, resumió. 

Inamovilidad

Dentro de los funcionarios públicos existe un porcentaje menor (6%) que además de tener que pasar por todo el camino administrativo tienen una fase más en el proceso para ser destituidos. Son los 18.319 presupuestados del Estado que gozan de la inamovilidad y que su destitución debe ser sometida a votación en la Cámara de Senadores. 

Este concepto estuvo en discusión en los últimos días. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo que “pensaría en modificar la inamovilidad de los funcionarios” del Estado porque “conociendo el sector privado y el público, (en este último) se generan algunos vicios consecuencia de la inamovilidad”. “Sería deseable que hubiera una discusión sobre este tema y se tomarán algunas decisiones. Yo lo pensaría. Depende de la voluntad política que se tenga en el país, como para todos los grandes cambios”, esgrimió en entrevista con el programa Quién es Quién de Diamante FM.

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