Una cárcel y el corredor vial de las rutas 21 y 24 se licitarán en marzo y abril
El gobierno afina los últimos detalles del lanzamiento de los dos primeros proyectos de infraestructura en el marco de la Ley de Participación Público-Privada (PPP), que demandarán una inversión estimada en US$ 180 millones.
Una cárcel y el corredor vial de las rutas 24 y 21 serán los proyectos piloto de una serie de inversiones impulsadas por el Estado a través del nuevo esquema legal que requiere “un proceso de aprendizaje”, señaló a El Observador la presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Adriana Rodriguez.
El reciente mecanismo apunta a que el inversor no solo construya la obra sino que también la financie y la opere en un plazo largo.
La CND, que asesora al gobierno en materia de PPP, remitió el miércoles pasado al Ministerio del Interior el estudio de prefactibilidad del proyecto para la instalación de un nuevo complejo carcelario en Punta Rieles, en el predio donde hoy funciona el penal. Esa secretaría de Estado lo remitirá al Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para su último análisis y luego se llamará a licitación en marzo.
La iniciativa gubernamental generó una “avalancha” de interesados en participar del llamado, expresó Rodríguez. Desde Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Canadá y Australia llegaron consultas a la CND acerca del proyecto carcelario, sostuvo la jerarca.
El diseño del futuro penal “se enmarca dentro de un enfoque penitenciario diferente al que existe actualmente”, explicó, que incluye áreas especiales de relacionamiento de los internos con sus familias e instalaciones específicas para los funcionarios.
El proceso licitatorio requiere de los interesados la presentación de una oferta técnica, que incluye el anteproyecto de la cárcel y un plan de operación del establecimiento, y otra económica, donde se estipulan los costos de la construcción de la obra y de la provisión de los servicios.
La exigencia de que el inversor construya y opere el complejo lleva a que “el mayor interesado en que la obra se realice de la mejor forma es el mismo empresario”, sostuvo Rodríguez.
El proceso licitatorio durará unos seis meses. Los técnicos de la CND estiman que el inversor que gane el proyecto deberá desembolsar US$ 84 millones para la construcción del penal y se estima que las obras demoren dos años y medio. A partir de la inauguración, el empresario percibirá del Estado un pago trimestral actualizado durante 20 años –surgido de la oferta en la licitación– previsto en el entorno de los US$18 millones anuales.
De las transferencias que percibirá el inversor, se calcula que 50% corresponderán a la construcción del penal, 25% a gastos en alimentación de 1.960 internos y 25% a otros servicios. Las únicas tareas de la prisión que mantendrá el Estado serán las de seguridad, salud y rehabilitación.
Rutas
El otro proyecto piloto que maneja la CND es el corredor vial de las rutas 21 y 24, donde se observa un importante “cuello de botella” para la producción granelera y forestal del país.
Rodríguez afirmó que se reforzará el pavimento del actual trazado de ambas carreteras de forma que permita un intenso flujo de transporte de carga pesada.
La ruta 21 se origina en el cruce con la 3, en el departamento de Paysandú, y atraviesa Río Negro hasta finalizar en la 2, que une Fray Bentos con Mercedes. En esta última ciudad nace la ruta 24, que recorre los departamentos de Soriano y Colonia y pasa por el estratégico puerto de Nueva Palmira (ver mapa).
En abril se lanzará el llamado público a interesados a construir y operar el corredor vial, quienes también deberán incluir en su propuesta un plan de obras y un modelo de gestión de las rutas.
La inversión que demandará la obra ronda los US$ 100 millones, según los cálculos de la CND. El mecanismo definido para que el adjudicatario perciba los ingresos por la ejecución del proyecto se dividirá, en una parte, por el peaje que paguen los usuarios y, por otra, por las transferencias que realice el Estado según el uso de la carretera (peaje sombra). Aún resta estipular los porcentajes de ambos tipos de ingresos.
El plazo de operación del corredor vial se extenderá por 20 años y exige al empresario durante ese tiempo ocuparse del mantenimiento de la carpeta asfáltica y la cuneta, la limpieza de las banquinas, la señalización, la iluminación y el auxilio vial. El contrato también establecerá sanciones en caso de incumplimentos.
Otros planes que impulsa el gobierno por medio de las PPP son la iluminación de la ruta 1 y la Interbalnearia, y la creación de nuevos centros CAIF.
Promoverán inversiones mediante fideicomisos
En los últimos años “hubo una explosión de los fideicomisos”, dijo la presidenta de la CND, Adriana Rodríguez, y explicó que a medida que el público comenzó a familiarizarse con ese mecanismo se generalizó su uso. Para los próximos años el organismo trabaja en la preparación de nuevos fideicomisos para promover la inversión público-privada. Uno de los proyectos más ambiciosos en torno a ese sistema será para mejorar y ampliar la infraestructura educativa. El plan que impulsan las autoridades de la educación demandará unos US$ 130 millones para refaccionar y construir locales de enseñanza en el período. Para este año se prevé ampliar seis locales y construir dos escuelas.
Otro de los proyectos es la creación de un centro de convenciones y predio ferial en Punta del Este, que es impulsado por la CND y la Intendencia de Maldonado. El subdirector de Hacienda de la comuna, Mauro Mendiburu, dijo a El Observador que la obra demandará unos US$ 25 millones y se espera comience este año. El fideicomiso para la ejecución del proyecto se alimentará de transferencias de la administración central y fondos derivados de la venta de predios municipales. Al igual que con la PPP, los interesados deben presentar una oferta técnica y otra económica.