La resolución del juez federal Jorge Luis Ballestero fue dictada en la causa del denominado "megacanje", operación financiera efectuada en junio de 2001, seis meses antes de que De la Rúa renunciara, en la mitad de su mandato de cuatro años, al no poder controlar una galopante crisis económica y social.
El "megacanje", organizado por Cavallo, con participación de siete bancos extranjeros, involucró a unos 30.000 millones de dólares en bonos de la deuda externa.
Los legisladores dijeron que los inculpados no lograron frenar la crisis financiera, que provocaría luego una devaluación y la incautación de depósitos bancarios, y que en cambio aumentó la deuda externa en 52.000 millones de dólares.
