El edil por el Partido de la Concertación, Marcos Laens, presentó hoy en la Junta Departamental un proyecto para que se realicen pruebas las mampara de los taxímetros para determinar si pueden ser utilizados o no para el transporte público. En caso de que no estén aptas, propone modificar el digesto municipal para que se retiren.
Para Laens, la normativa que definió establecer las mamparas en 1994 fue un "estrepitoso error", que no logró el cometido de bajar las rapiñas, sino que esos delitos continuaron aumentando; y que además provocó la aparición de nuevas lesiones y fallecimientos por contusiones de cráneo, traumatismos, entre otras. Por lo que a más 20 años, la comuna debería hacer algo para subsanarlo.
Según el edil, los problemas de
seguridad en el transporte con taxímetro se deben a la existencia de la mampara, cuya colocación responde a intereses corporativos, y por tanto la "intendencia debería buscar la seguridad de los ciudadanos y no solo a responder intereses empresariales". En 2015, hubo 1.024 rapiñas a taxímetros.
"La finalidad de estas pruebas es determinar responsable y técnicamente que la mampara pueda o no ser utilizada, y en caso afirmativo identificar con exactitud la distancia que debería establecerse entre el asiento y la mampara", dice el proyecto al que accedió El Observador.
Las pruebas, afirma el edil de la bancada de Edgardo Novick, "tienen un costo bajo dada la importancia del tema" y "como contrapartida ofrecerían resultados invalorables para la salud y vida de los usuarios".
Esas pruebas, asegura, tienen un costo de unos US$ 30 mil por modelo de auto, y pueden realizarse en
Argentina, Brasil o México.
Se propone por otra "modificar la reglamentación" según los resultados obtenidos, por ejemplo ampliando la distancia que debe existir con respecto al asiento.
En caso que no se acepte la propuesta, "solicitaremos dejar sin efecto la resolución que dispuso la obligatoriedad del uso de la mampara en los automóviles con taxímetro", sentencia el proyecto.
La posibilidad de retirar la mampara había sido evaluada el año pasado por una comisión integrada por la Unidad Nacional de
Seguridad Vial, técnicos, la I
ntendencia Municipal de Montevideo, la gremial y el sindicato de taxistas, pero se decidió mantenerla y estudiar la posibilidad de realizar modificaciones en los vehículos.
