El gobierno le ofreció a Alejandra Casablanca que asuma como asesora de la nueva titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Iliana Da Silva, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador. Luego de que el presidente Yamandú Orsi firmara la clausura de todas las actuaciones vinculadas a las denuncias en esa oficina, Casablanca tomó licencia reglamentaria y decidirá si acepta el nuevo ofrecimiento a su retorno.
La propuesta fue realizada por la propia Da Silva en una reunión que junto al prosecretario Jorge Díaz mantuvieron con Casablanca días atrás. Tanto la nueva secretaria como la exjerarca fueron periodistas antes de pasar a la política, aunque nunca llegaron a trabajar juntas en los medios públicos.
Si bien Presidencia había resuelto en un inicio que Casablanca fuera designada como coordinadora del área de Pasado Reciente en el seno de la secretaría, el gobierno terminó ponderando las recomendaciones del informe del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo y entendió que Casablanca no debería estar a cargo del grupo.
La resolución de Orsi para archivar las actuaciones se había sustentado en las conclusiones de ese documento de fecha 15 de diciembre de 2025. El presidente clausuró en un mismo acto el protocolo laboral iniciado a partir de las primeras denuncias de funcionarios en noviembre del año pasado y la investigación administrativa acordonada al expediente con presuntas irregularidades señaladas por la propia Casablanca en su defensa.
El Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo –de Gestión Humana de Presidencia– ya había dictaminado hace ocho meses que se había identificado un “clima laboral hostil con naturalización de conductas violentas” en la ex Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Iliana Da Silva se incorpora al Frente Amplio
Foto: Leonardo Carreño
La oficina fue unificada semanas atrás con la Secretaría de Derechos Humanos que venía dirigiendo Collette Spinetti y que tras su cese pasó a estar bajo el mando de Iliana Da Silva.
Respecto al caso de Casablanca –iniciado en noviembre a partir de las denuncias de cuatro funcionarias y de un abogado de Pasado Reciente–, el Servicio de Prevención sugería “resolver sobre el fondo de las medidas cautelares adoptadas”. El caso ya había implicado el traslado de oficina de todos los funcionarios denunciantes.
El informe agregaba en esta línea la recomendación de “renovar integralmente al equipo”, por encontrarse “fragmentado” y con posicionamientos “rígidos” que no permitían visualizar “posibilidades de recomposición”. También llamaba a “ajustar el nivel de conducción” para “favorecer condiciones óptimas que posibiliten un nuevo encuadre organizacional”.
En el documento del 15 de diciembre, el Servicio de Prevención había relatado que parte de la "violencia general naturalizada" se arrastraban desde la administración pasada. En ese sentido, descartaba irregularidades por parte de Casablanca. No obstante, señalaba que la jerarca sortea obstáculos con "conductas reactivas" y que si bien se visualizaba como "ajena" a la problemática, había sido "parte activa de las dificultades de relacionamiento".
Casablanca llegó a la secretaría de Presidencia como una figura de confianza de la hoy vicepresidenta Carolina Cosse tras haber dirigido TV Ciudad durante su mandato en la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, la relación entre ambas se enfrió y la experiodista se mantiene como independiente.
Por su parte, Crysol y Madres y Familiares han expresado su desacuerdo con la unificación de las dos secretarías. “Nos preocupa que la incorporación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura general pueda implicar la pérdida de su especificidad, jerarquía, autonomía operativa y capacidad para impulsar y coordinar políticas públicas frente a obligaciones estatales que permanecen incumplidas”, marcaron ambas organizaciones a mediados de julio tras conocerse el decreto de Orsi.
Como parte de impronta en los primeros días en el cargo, Da Silva mantuvo reuniones con los dos colectivos. “Nos transmitió que se va a seguir trabajando fuerte en la búsqueda de desaparecidos”, sostuvo el representante de Crysol, Gastón Grisoni. “Ya había habido una reunión con (Mariana) Mota de la Institución Nacional de Derechos Humanos y había acuerdo con la ministra (de Defensa, Sandra) Lazo para entrar en distintas reparticiones militares en busca de archivos”.
La nueva secretaria de Derechos Humanos, que hasta ahora se había desempeñado como subdirectora de Comunicación Presidencial, tiene dos tíos desaparecidos desde la dictadura y está vinculada a la causa del pasado reciente desde larga data.
