Proyecciones poco alentadoras

La persistencia de un déficit fiscal alto al cierre de 2018 es la conclusión más preocupante de la Encuesta de Expectativas Económicas de diciembre, que mensualmente realiza El Observador entre bancos, consultoras, instituciones académicas y economistas privados. El promedio opinó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se mantendrá por encima del 3%, impulsado por un pronóstico de sustancial repunte de la inversión, que pasaría de una caída de 5,2% este año a una suba de 4,4% en 2018. Pero aunque esta mejora se concrete, presumiblemente con capitales extranjeros en las obras de infraestructura para cumplir con UPM, no se refleja en las previsiones de consumo privado ni en el índice de desempleo.

El consumo se desacelera desde hace tiempo, incluyendo una reducción considerable de las solicitudes de créditos bancarios para ese fin por temerosa renuencia de mucha gente a endeudarse. Y la errada política del gobierno, al desalentar con impuestos y tarifas las contrataciones en el sector privado, generó la previsión de que el desempleo aumentará el año próximo al borde del 8% de la población económicamente activa. Agrava el panorama la anticipación de que las exportaciones caerán casi cinco puntos porcentuales el año próximo, por dificultades de ingreso al mercado brasileño y otros destinos, en gran parte por los altos costos de la producción local que nos hace perder competitividad.

Pero la mayor amenaza que surge de la casi totalidad de las fuentes consultadas es que el déficit fiscal se mantendrá en 3,5% del PIB al cierre de 2018, el mismo nivel que este año, e incluso puede trepar al 3,8%, debido a la rigidez del gasto y pese a la sucesión de ajustes fiscales. Estos niveles acentúan la improbabilidad de que el gobierno logre cumplir su compromiso de cerrar el período con un déficit de 2,5% del PIB ya que, a medida que se acerquen las próximas elecciones, más dificultad tendrá la administración Vázquez para controlar el exceso de gasto público. Al contrario, el gasto estatal tiende históricamente a crecer en períodos electorales.

Aun antes de esa instancia, el gobierno ha sido incapaz de imponer mesura y coherencia en sus erogaciones. Los peores momentos de las administraciones frenteamplistas se produjeron en el período presidencial de José Mujica. Sus despilfarros incluso crearon compromisos financieros que fueron heredados por el gobierno actual. Este, a su vez, agregó asignaciones presupuestales improductivas en educación y salud, dos áreas claudicantes del sector público en los que se vuelcan recursos sin resultados que los justifiquen. El peso de ese manejo dadivoso sustenta el pronóstico de un déficit imbatido que le puede costar al país el grado inversor.

Las calificadoras de riesgo siguen de cerca la evolución y perspectivas de la economía uruguaya, incluyendo el reciente traspié, innecesariamente oneroso, en el caso de los cincuentones. Si se pierde el grado inversor porque la prometida baja del déficit no llega, automáticamente se encarece el crédito externo y cae la posibilidad de atraer inversores de los que depende el futuro inmediato de la economía. Esta perspectiva ominosa persistirá mientras no se ponga prudente coherencia en el gasto y se aseguren mejores condiciones al sector privado para competir. Son dos requisitos fundamentales pero que el gobierno no da señales de encarar.