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Proyecto en Punta Colorada tuvo audiencia pública y el análisis pasa a la Intendencia de Maldonado
Organizaciones sociales de Punta Colorada, Punta Negra y Piriápolis asistieron a la audiencia pública que se realizó este jueves para plantear sus reparos al proyecto "Colinas del Mar", que pretende fraccionar tres terrenos en 40 lotes y cambiar la categorización del suelo de rural a urbano en el kilómetro 3.500 del camino de los Arrayanes, la vía que conecta la ruta Interbalnearia con Piriápolis desde el este.
Tras la audiencia pública, el proyecto pasará a la Intendencia de Maldonado, que deberá elevarlo a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente. Esa repartición deberá aprobar o mandar las objeciones a la Intendencia, que a su vez, debe levantarlas en caso de que existan.
Una vez que se supere esa instancia, el proyecto irá a consideración de la Junta Departamental de Maldonado –de mayoría oficialista–.
En el proyecto de los inversores José Antonio Rodríguez, Johana Cabrera Somma y el exministro de Economía Ignacio de Posadas participa como responsable técnica María Antía, hija del intendente de Maldonado, Enrique Antía.
La responsable técnica expuso durante 20 minutos y argumentó que en el fraccionamiento y cambio a suelo urbano, los inversores buscarán mantener el ecosistema del lugar y respetar los paisajes, según reconstruyó El Observador con participantes de la audiencia.
A su vez, María Antía explicó que los lotes prevén dejar un área de espacio libre que son las que, según el estudio ambiental de los inversores, es la que tiene mayor importancia para el ecosistema debido a que son las zonas bajas del terreno. Según contaron los participantes, la responsable del proyecto calificó a los terrenos como "un campo pelado" y aseguró que las zonas altas no serán edificadas.
Por su parte, las organizaciones "Nativos Punta Colorada" y "Nativos Punta Negra" cuestionaron en su exposición que la Intendencia de Maldonado apruebe el fraccionamiento del suelo de esos tres terrenos –y, por lo tanto, el cambio de categoría a urbano– sin que se haya aprobado el "Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Región Piriápolis-Solís Grande" que regularía este tipo de decisiones.
"El proyecto argumenta crear el fraccionamiento bajo directrices de ese plan, pero las organizaciones sociales desconocemos el avance que tiene este plan, dijo el presidente de la organización civil Nativos Punta Negra, Gerardo Rasenti, en conversación con El Observador.
A su vez, las organizaciones también expresaron que el informe ambiental de los inversores indicó que la naciente del arroyo de la Barra Falsa pasa a 600 metros de los padrones.
Sin embargo, los vecinos exhibieron un plano que obtuvieron del Sistema de Información Territorial del Ministerio de Vivienda en el que mostraron que, en realidad, la naciente del arroyo atraviesa los tres terrenos en discusión. "Es de esperar el aumento de los niveles de contaminación en el curso del agua por las presiones que ejercen los diversos usos de la zona", consideraron las organizaciones.
En caso de que el proyecto prospere, los vecinos hicieron propuestas para mitigar el impacto que consideran que tendrán los fraccionamientos.
Una de ellas fue que las conexiones de UTE sean subterráneas para que el cableado no altere el paisaje de las sierras y que la iluminación sea tenue y cálida para preservar a la fauna nocturna, que se considere integrar un espacio de retiro de los predios adyacentes a las avenidas, con vegetación, que se destine un espacio para plaza pública con salón para fines culturales y que se revise el acceso a los predios para asegurar la seguridad vial, entre otras propuestas.
