Para la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), la ley no es necesaria, ya que lo niños “están más que protegidos”
El martes de la semana pasada el gobierno envió al Parlamento el proyecto de la ley de Servicios Audiovisuales que establece en uno de sus capítulos, pautas, varias regulaciones estrictas y prohibiciones sobre la publicidad dirigida a niños y adolescentes.
En referencia al proyecto, la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap), Patricia Lussich, mencionó que la gremial promueve varias de las propuestas planteadas por el gobierno, ya que comparten elementos en común con lo trabajado por Audap con el Consejo de Autorregulación Publicitaria (Conarp) en años pasados.
Lussich comentó que no existe en el mercado una necesidad de esta ley y que el proyecto es “desigual” en lo que refiere al consumo de medios del público infantil uruguayo, ya que lidia con limitantes para la televisión abierta y no en otros medios audiovisuales.
“Si pensamos cómo es el consumo solo en los adolescentes, el 60% de su tiempo lo utilizan en Internet o en cable. Este proyecto de ley solo aplica para televisión abierta. Esto puede perjudicar los intereses y la producción de comunicación publicitaria en nuestro país pero no en el exterior. Vamos a recibir publicidad que no cumple la normativa a través de estos medios”, explicó Lussich.
Si bien se mostró de acuerdo con varios contenidos propuestos en la ley, la presidenta afirmó que con la legislación vigente, el organismo de Defensa a Consumidor, sumado al código de autorregulación del Conarp. “los niños y adolescentes (uruguayos) están más que protegidos”.
“Los contenidos publicitarios para niños y adolescentes no son un problema en Uruguay”, señaló.
Los responsables
Una de las mayores preocupaciones señalada por la titular de la gremial es la determinación de quienes serán las personas encargadas de regular los contenidos publicitarios.
El proyecto propone la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual como órgano encargado de la aplicación, la fiscalización y el cumplimiento lo establecido por la ley. El órgano buscará promover el “derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y los derechos culturales de todas las personas y de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”.
De los cinco miembros que integrarán la comisión,tres –incluyendo el presidente–, serán designados por el propio presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, con previa venia de la Cámara de Senadores. De los restantes, uno será delegado del Ministerio de Industria, Energía y Minería y el otro del Ministerio de Educación y Cultura.
“(Los cargos) están en mano del gobierno de turno. Estamos en mano de esos jueces, con un amplio margen de subjetividad (...) Si esto termina en un ‘super consejo’ donde se analizará la publicidad y decidir si es apta o no, esa es nuestra preocupación”, manifestó Lussich.
Parte de las limitantes establecidas para la publicidad provienen de las recomendaciones realizadas luego de las reuniones del Comité Técnico Consultivo integrado por actores públicos (Presidencia, Ministerio de Educación y Cultura, INAU y otros), privados (universidades, canales de televisión, agencias de publicidad y otros) y sociales (Unicef y ONG), sumado a algunos aspectos del código de autorregulación publicitaria realizado por el Conarp junto con la Cámara de Anunciantes.