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Recursos para Centros CAIF y datos de clubes cannábicos centran discusión a tres bandas en la coalición
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó este martes a votar el articulado de la Rendición de Cuentas .Tomando en cuenta que el Frente Amplio rechazará la mayoría de las disposiciones y que la coalición de gobierno mantiene diferencias en varios puntos "medulares", los legisladores optaron por comenzar por lo sencillo: aprobar aquellos en lo que todos están de acuerdo. Así, de 305 artículos del mensaje presupuestal, la oposición votará 98, lo que equivale al 32%.
Este miércoles, en tanto, empezarán a votarse las disposiciones que reúnen el consenso de la bancada oficialista mientras que, en paralelo, la coalición de gobierno procurará definir una negociación a tres bandas para llegar a un acuerdo en 12 artículos que, referidos a temas "medulares" del mensaje presupuestal, generan diferencias en la interna y, tal como están redactados carecen de apoyo para ser aprobados.
Por un lado, blancos y colorados intentan llegar, en una negociación bilateral, a una fórmula que permita hacer prosperar un aspecto central de la Rendición de Cuentas: cómo se van a distribuir los US$ 50 millones anuales que gobierno destinará a políticas de primera infancia, previstos en el artículo 247.
La semana pasada los ministerios de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social habían anunciado que el grueso de esos recursos irán para la implementación de "Bono crianza", que prevé otorgar $ 2.500 mensuales a 65.000 hogares de contexto crítico en los que viven menores de edad. Serían US$ 46 millones anuales, con lo que los Centros CAIF, la otra gran parte del plan, quedaría con apenas US$ 4 millones.
La fórmula definida generó la molestia del sector Batllistas, liderado por Julio María Sanguinetti. En rueda de prensa la semana pasada, el expresidente sostuvo que es un modelo de transferencias que no representa una "real política de seguridad". "Durante 15 años hemos discutido algunos de los programas de este tipo que hizo el Frente (Amplio) y que no dieron resultado. La seguridad social no es repartir dinero, porque eso congela la pobreza. La seguridad social es más educación, más apoyo de alimentación, más apoyo psicológico", apuntó.
Al respecto, el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) presentó un proyecto alternativo en el que pretende dejar clarificada la distribución: propone que el primer año unos US$ 20 millones vayan a Desarrollo Social, una cifra similar sea destinada a los CAIF y el resto a repartir entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado para políticas de primera infancia (ASSE)
La presentación del aditivo generó una dura respuesta en filas nacionalistas. "Este artículo marca la Rendición de Cuentas" dijo el diputado Sebastián Andújar, para quien el planteo de Rodríguez "lapida el Mides" porque "le pretende quitar un montón de recursos como artíiculador" de este programa.
Andújar sostuvo que la propuesta colorada le otorga "mucho monto" a la ANEP y a ASSE. "Creo que está mal la distribución", expresó. El diputado se quejó de la oportunidad en que los colorados presentaron esta alternativa. "Un día antes de empezar a votar, es como barajar, dar de vuelta y entender cómo podemos lograr un acuerdo" dijo, con respecto de una iniciativa que, para los blancos, "es lo más importante que tiene la rendición".
Los colorados argumentan que la distribución que proponen era la original que tenía la iniciativa, surgida en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pero que fue modificada por el Ministerio de Economía.
Clubes cannábicos y zonas francas
Otra de las diferencias sigue siendo el artículo 72. Blancos, colorados y el Partido Independiente coinciden en retirar del articulado la posibilidad de que el Ministerio del Interior acceda a los datos y ubicación de los clubes cannábicos. Así fue luego que el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, se comprometiera a, preservando la identidad de los socios de los clubes, suministrar esos datos cuando lo requiera el ministerio.
Esto no es suficiente para Cabildo Abierto, que pretende que Radío asuma "por escrito" ese compromiso. Un planteo con el que el resto de la coalición discrepa. "A nosotros nos basta la palabra", explicó Andújar. "Radío se comprometió ante el Parlamento, y eso es suficiente".
La situación sigue sin arreglo. "Cuando a nosotros nos comuniquen que se pusieron de acuerdo, por escrito, con el Ministerio del Interior, para nosotros será tema saldado", aclaró a El Observador el diputado cabildante Álvaro Perrone. "Pero por escrito", insistió.
Al respecto, fuentes de la coalición precisaron que el acuerdo surgió en un diálogo entre Radío y el ministro Luis Alberto Heber, ante el cual los diputados poco pueden hacer.
Cabildo Abierto también está bloqueando la aprobación de los artículos 107 a 111 de la Rendición de Cuentas, que hablan de la administración, supervisión , control y explotación de las zonas francas. El proyecto prevé la creación de una Dirección Nacional de Zonas Francas, que los liderados por Guido Manini Ríos consideran innecesaria. En filas cabildantes, con todo, están dispuestos a que esta seria de artículos sea definida en el Senado.
Pero para los blancos, se trata de otro aspecto central del mensaje presupuestal, que reestructura el sistema de zonas francas y se considera, según Andújar, una "parte importante de la reactivación económica, el fomento de la inversión privada y el empleo".
"Cabildo se ve que no entiende por dónde viene eso" dijo el diputado nacionalista. "Nos preocupa porque es medular y sustancial para lo que necesita el Estado para superar el momento que se está viviendo".
Las diferencias en la coalición de gobierno pasan también por la redacción de los artículos 153 y 154, que propone crear el Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con el fin de "garantizar el acceso universal a servicio de voz y transmisión de datos e internet" en todo el país, a financiar con un máximo del 5% de los obtenido en las subastas del espectro radio eléctrico del Estado.
Las dudas pasan por el hecho de que todas las empresas que brindan estos servicios, incluso las privadas, podrían usar esta infraestructura.
Los colorados y la ANEP
El Partido Colorado espera una respuesta del Poder Ejecutivo a su planteo de apoyar el pedido de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que le pidió al Parlamento un incremento de US$ 32 millones con respecto a lo que se le otorgó en el Presupuesto de 2022.
Esos recursos, no contemplados en la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo, serían destinado a fortalecer los Centros María Espínola, los nuevos centros integrales de la educación media, así como el Plan de Desarrollo Educativo y diversas obras de construcción que ya estaban programadas.
La propuesta es que esos recursos salgan de lo recaudado por la subasta de las ondas radioeléctricas por parte del Estado.
Proyecto de Vacunas de la Udelar
La coalición de gobierno discute también una serie de alternativas para financiar los $ 5 millones que la Universidad de la República pidió para poner a rodar el Instituto Nacional de Vacunas, con el objetivo de retomar la producción nacional.
Lo que deberán hacer los legisladores es definir una salida que permita su financiamiento, que necesariamente deberá ser por la vía de reasignación de recursos: otro o varios otros organismos deberán perder ese dinero, teniendo en cuenta la directiva del gobierno de que no habrá incremento presupuestal más allá de lo pactado.
Con todo, cualquier reasignación deberá tener también el aval del Ministerio de Economía. En ese marco, se procurará atender, al menos en parte, el pedido del Hospital de Clínicas para atender su déficit anual, estimado en US$ 1 millón.
