Aunque todavía falta tiempo para confirmar el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), tanto el oficialismo como la oposición ya asumen en sus respectivos calendarios políticos la realización de una consulta popular en algún momento del primer semestre de 2022.
En la coalición multicolor –que siguió en silencio la recolección de firmas, reaccionó con mesura ante la presentación de casi 800 mil papeletas ante la Corte Electoral y acordó no poner la carreta por delante de los bueyes– ahora avanzan las conversaciones sobre la estrategia a seguir en una eventual campaña que tendrá en el centro a 135 artículos del buque insignia de la administración de Luis Lacalle Pou, y que asoma como una prueba de fuego para la alianza de cinco partidos.
En paralelo a discusiones más urgentes, como la Rendición de Cuentas o la reactivación pospandemia, y otras de más largo aliento, como la posible instalación de una mesa de la coalición, entre los socios del oficialismo gana terreno la idea de un "comando de campaña común" para delinear la estrategia de defensa de la LUC.
Según dijeron a El Observador fuentes del gobierno, el tema ha sido objeto de intercambios entre referentes de los distintos partidos de la coalición, y si bien hasta el momento no se han fijado plazos ni detalles concretos sobre su funcionamiento, los dirigentes oficialistas ya dan por hecho que habrá un ámbito de coordinación en la campaña, con el objetivo de afinar las líneas de acción y ordenar el discurso lo máximo posible.
Los tres principales socios de la coalición –el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto– ya expresaron la importancia de defender la ley a capa y espada, tanto por los resultados positivos que a su juicio ya ha generado la LUC como a su vez por el efecto que tendría una derrota en la imagen del gobierno. De todos modos, también hubo algunos matices respecto al lugar que debe ocupar la campaña en las prioridades de la agenda.
Mientras que el presidente Lacalle Pou y el Partido Nacional, a grandes rasgos, plantearon que el referéndum no debe "paralizar" la acción de gobierno, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto se declararon "en campaña" desde ya, sin necesidad de esperar al pronunciamiento de la Corte Electoral.
En el caso de los colorados, el secretario general Julio María Sanguinetti fue uno de los que salió a marcar esa postura. El expresidente dijo que la coalición debe "partir de la base que las firmas están y que hay que actuar en consecuencia", lo que implica a su juicio "asumir que tenemos por delante un desafío mayor para el gobierno y la sociedad uruguaya".
"Se hace imprescindible desde ya, por lo tanto, entender que esta ley es una suerte de programa de gobierno, que ya viene dando resultados y sería nefasto revertir", escribió en su columna semanal de Correo de los viernes.
En sus salidas públicas, Sanguinetti ha puesto el foco en los efectos de la LUC en materia de seguridad, al punto que señaló que derogar los artículos de ese capítulo implicaría "volver a los tiempos de (el exministro del Interior Eduardo) Bonomi"; de modo análogo, el secretario general del Partido Colorado señaló que entre los artículos impugnados están los cambios a la gobernanza de la educación, que de ser derogados supondrían "devolver el poder a Fenapes".
"Todo indica que lo más probable es que recién el año que viene, pasado el verano, estaríamos ante la definición. Lo que lleva a pensar que la oposición pretenderá que, como en las discutidas elecciones de mediano término de los países que las realizan, se transforme en una suerte de gran encuesta sobre el gobierno: a favor o en contra, Coalición sí Coalición no, Lacalle sí Lacalle no... todo blanco o negro al compás de los eslóganes", escribió Sanguinetti, instando a sus compañeros y socios a "prepararse para enfrentarlo".
En Cabildo Abierto también definieron la semana pasada salir a "dar la cara" por la LUC sin "perder el tiempo" a la espera de la validación de las firmas.
"Es claro que las firmas están, no tenemos por qué estar perdiendo el tiempo. A medida que vamos recorriendo el país estamos dando a conocer distintos temas que la gente está interesada en escuchar y vamos a incluir la defensa de estos artículos de la LUC”, explicó el senador Guido Manini Ríos.
El líder cabildante también expresó que entre los puntos "realmente muy necesarios" están los referidos a la seguridad, y dijo que "sería muy negativo para la vida de la gente en general que se derogaran".
La bancada del sector colorado Ciudadanos se reunió este lunes con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. En el encuentro, la agrupación fundada por Ernesto Talvi y hoy liderada por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, insistió en la necesidad de instalar un ámbito de coordinación de referentes de la coalición, para evitar que los socios se topen con "sorpresas".
"Nos sigue pareciendo un escenario necesario. Creemos que hasta ahora ha funcionado bien, pero nada quita que funcione mejor", dijo Peña en rueda de prensa. El ministro dijo que si bien "ha habido alguna reunión" de referentes del oficialismo, entre los colorados entienden que esas instancias deben ser "más asiduas".
En Ciudadanos hubo molestia por decisiones del Poder Ejecutivo que involucran a dirigentes de la agrupación o a sus cargos, pero no son comunicadas "en tiempo y forma".
Una de esas situaciones tuvo lugar hace pocos días, cuando el gobierno resolvió destituir al director de Uruguay XXI, Jaime Miller, que integraba Ciudadanos. A raíz de ese episodio, el sector negoció con Delgado la presidencia de República AFAP. Otro de los desencuentros mencionados por los colorados fue la inclusión, en el proyecto de Rendición de Cuentas, de un artículo por el cual se habilita a depositar fondos estatales en bancos privados, derogando la norma que obligaba a hacerlo en el Banco República (BROU).
En la reunión, Ciudadanos –agrupación que integra Max Sapolinsky, uno de los miembros del directorio del BROU– comunicó al secretario de Presidencia que no votarán ese artículo. Desde el sector también transmitieron que pretenden negociar modificaciones al artículo que establece un fideicomiso para asentamientos con fondos hasta ahora dirigidos al Instituto Nacional de Colonización (INC).
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