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Reforma de Caja de Profesionales: cuáles son los aportes de activos, pasivos y el Estado
El proyecto de ley de reforma para la Caja de Profesionales fue remitido este viernes al Parlamento para su discusión y aprobación. Plantea cuál serán los aportes de los afiliados y los pasivos y la asistencia del Estado.
El proyecto, al que accedió El Observador, busca aportar una soluci a la Caja de Profesionales que enfrenta una situación financiera complicada. La institución tenía asegurada su viabilidad financiera hasta junio de 2025. La proyección era que en ese momento se terminaban las reservas, poniéndose en riesgo el pago de las jubilaciones y otras obligaciones.
En su introducción recuerda que en abril de 2022, como consecuencia de una reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo, junto a autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía, y de la Caja, se constituyó un grupo de trabajo con el propósito de estudiar y presentar a la brevedad posible, medidas tendientes a buscar soluciones inmediatas, que se plasmaran en un anteproyecto de ley a los efectos de ser presentado al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
El 15 de setiembre, el Directorio de la institución aprobó propuestas de modificación (anteproyecto de ley) relativas a algunos artículos de la Ley Orgánica con el fin de promover modificaciones necesarias para asegurar la sustentabilidad de la Caja.
El proyecto modifica una serie de artículos de la ley 17.738 que aprobó la estructura orgánica de la Caja de Profesionales.
Los aportes
Uno de los cambios es en el porcentaje de aporte de los afiliados activos que pasa de 16,5% a 19% del sueldo ficto de la categoría que corresponda, más los gravámenes porcentuales que por disposición sean de aplicación.
También se optó por otorgar a la Caja la potestad de aumentar esta tasa en escalones de forma de graduar el impacto y permitir a las personas adecuar su trayectoria de sueldos fictos a la capacidad contributiva en valores absolutos. Al mismo tiempo se dispuso de una cooperación del Estado para poder llevar más suave en el tiempo esta trayectoria de incrementos en la tasa.
El texto expresa que una parte sustancial de los afiliados activos de la Caja de Profesionales son voluntarios en el sentido que carecen de actividad profesional independiente. Las cifras estimadas por la Caja indican que la suba en la tasa de aportación de los activos permitirá un aumento de recaudación que podría llegar (a valores de 2023) a $ 1.700 millones anuales en el quinquenio entre 2025 y 2029.
“Esta cifra ingresa dentro de las que requieren un análisis de sensibilidad pues es posible que se pierda captación de aportantes voluntarios”, señala.
Otro aporte será a través de una asistencia del Estado. El proyecto de ley menciona que tomando en cuenta que se trata de una ayuda por vez en cada instancia que se produzca un aumento de la tasa de aportación, el monto final está acotado a los incrementos que ocurran.
El documento explica que si se considera que en los próximos 10 a 14 años se recurrirá a todos estos aumentos autorizados, la cooperación de fondos públicos se estima que estará en el orden de $ 2.000 millones totales distribuidos en cada una de las instancias de suba de la tasa.
En el caso de los jubilados hay una tasa de contribución pecuniaria que, en promedio, es de 8%.
El articulado indica que se trata de una medida que apela a la contribución de aquellos afiliados pasivos de forma de aliviar la carga en los activos actuales y de las futuras generaciones, que de otra manera sería insostenible y podría alterar significativamente la relación entre cantidad de activos y pasivos.
Añade que las tasas que fueron propuestas por las autoridades de la Caja se consideran razonables en la evaluación del Poder Ejecutivo y las estimaciones indican que podrán generar recursos en el orden de $ 1.300 millones anuales en el período entre 2025 y 2029.
El proyecto debe ser tratado en el Parlamento. La Constitución establece un plazo para aprobar un proyecto de ley con cambios impositivos o previsionales y está atado a las elecciones nacionales. En esta oportunidad vence el 31 de octubre. Por ese motivo, el texto debe ser discutido y aprobado antes de esa fecha.
La ley debe entrar en vigencia el 1º de diciembre de este año.
