"Este golpe de efecto no cambia en nada nuestra posición de fondo a favor de la ley", aseguró la organización
Reporteros Sin Fronteras calificó este viernes de "revés" el freno en el último momento a la plena aplicación de la nueva ley de medios en Argentina debido a un recurso judicial del grupo Clarín, el principal perjudicado por la reforma.
"Este golpe de efecto no cambia en nada nuestra posición de fondo a favor de la ley", aseguró en un comunicado RSF, organización que se ha mostrado partidaria de esta reforma repetidamente, "incluso si agrava la situación de tensión actual en el sector mediático argentino".
La Cámara Civil y Comercial Federal prolongó ayer la suspensión de un artículo de la nueva ley, a la espera de una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad, con lo que el grupo Clarín logró prorrogar el plazo de cesión de una parte de sus licencias de difusión.
En efecto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que debía entrar en vigor este viernes, prevé limitar las licencias a los medios privados, motivo por el cual se ha convertido en fuente de litigio entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y este grupo, el mayor conglomerado mediático del país.
La nueva norma fija para los medios privados de difusión nacional un tope del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y otro 35 % de abonados en televisión de cable, diez licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Conforme a esta reestructuración, el grupo debería desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee el 58,61 % de los abonados y también desinvertir en radio y televisión analógica.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual anunció que recurrirá este viernes mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta última decisión.
Reporteros sin Fronteras juzgó como "sorprendente" esta decisión judicial ya que "contradice otra sentencia de la propia Corte Suprema", en la que se negó a Clarín la petición de aplazamiento de la ley.
Ayer mismo, RSF volvió a defender la reforma legal argumentando que reserva espacio a las organizaciones sin fin de lucro y a las radios y televisiones comunitarias, -algo raro en América Latina, donde estos medios "son discriminados con frecuencia"-, y reiteró que la nueva norma no restringe la libertad de expresión.
De hecho, remarcó que "la defensa de la libertad de prensa o de información no debe confundirse con la defensa de intereses comerciales" y criticó al grupo Clarín por haber mantener "intencionalmente" esta confusión.