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Revelan torturas y ejecuciones sumarias perpetradas por las fuerzas de seguridad hondureñas
De acuerdo con una investigación de periodistas hondureños citada por Al Jazeera, la fuerza nacional antidisturbios y la policía militar están implicadas en la realización de ejecuciones extrajudiciales, torturas y falseamiento de evidencias en complicidad con el MS13, la más importante de las bandas criminales en Honduras.
La investigación fue realizada por Periodistas de Investigación, un sitio digital cuya directora, Wendy Funes dijo que “las escuadras que están imbricadas en el aparato del Estado, ejecutan gente, fabrican casos, plantan evidencias y cometen falsos positivos a cambio de coimas”.
La presidenta, Xiomara Castro, ha prometido desmilitarizar la sociedad, pero recientemente el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, ha confirmado que la policía militar seguirá operando en las calles, específicamente orientada a combatir el narcotráfico.
El proyecto de la presidenta es darle el control operacional de las fuerzas de seguridad a la policía Nacional y en ese sentido anunció que el cuerpo de policía antidisturbios sería reemplazado por una fuerza fuertemente equipada con la inclusión de miembros de la policía Nacional y apoyada por fiscales federales especializados en el crimen organizado.
El antropólogo e investigador periodístico Juan Martínez D’Aubuisson, explicó que se está produciendo un reacomodamiento del submundo de la corrupción en Honduras después de que el expresidente Hernández fuera extraditado a Estados Unidos.
“Es un período de transformación, en el cual diferentes grupos compiten para llenar los huecos dejados por las anteriores estructuras criminales de poder. Y esta competencia es siempre violenta”, agregó D’Aubuisson.
Honduras es considerado unos de los países más violentos del mundo, entre aquellos que no están situados en zonas de conflicto bélico, lo que motiva que miles de hondureños huyan del país para ponerse a salvo de la actividad de las bandas criminales y su contrapartida, los cuerpos corruptos de las fuerzas de seguridad. Muchos de esos emigrantes se dirigen a Estados Unidos.
La política contra la violencia de las bandas que desarrolló el ahora extraditado expresidente Hernández fue una estrategia conocida como Puño de Hierro, consistente en la acción de docenas de unidades mixtas de militares y policías que patrullaban los sectores más conflictivos del país. En la práctica, esta política, fuertemente apoyada por algunos sectores de la población, consistió en la realización de torturas y ejecuciones sumarias que, a largo plazo, no se reflejaron en un descenso de los niveles de violencia.
La muerte o desaparición de detenidos en allanamientos, la aplicación de tormentos como golpes o el "submarino” como métodos de obtener confesiones eran moneda corriente en la acción de estos grupos mixtos de policías y militares.
En junio, el titular de la policía Nacional Gustavo Sánchez Velázquez reconoció, en un programa de la televisión nacional hondureña, los abusos cometidos y se comprometió a “transformar esa situación, porque hemos encontrado una institución que violaba los derechos humanos, que fabricaba falsos testimonios y plantaba evidencia”.
Entre personalidades y organismos defensores de derechos humanos no existe demasiado optimismo en cuanto a las posibilidades de cumplimiento de las promesas de transformación realizadas por el jefe Sánchez Velázquez.
“Es posible que se pueda avanzar en términos de extraditar a los líderes corruptos más notorios ligados al narcotráfico, pero en términos de seguridad y de terminar con los escuadrones de la muerte, el problema es muy grande”, le dijo a Al Jazeera, Leonel George, un abogado de derechos humanos de Tocoa.
Adilia Castro, trabajadora por derechos humanos del departamento de Colón, expresó que “hasta ahora, nada ha cambiado fundamentalmente en la estructura de seguridad en Honduras, sólo un intento de bajar el perfil sobre la acción de las fuerzas de seguridad del Estado”.
Después del asesinato, el mes pasado, del hijo del expresidente Porfirio Lobo junto a otras personas en una ejecución masiva realizada por un grupo armado que vestía ropas de fajina como los de las fuerzas de seguridad, las versiones surgidas en medios vinculados a la investigación indican que la banda MS13 estaba implicada en el crimen, con la complicidad de la policía.
Wendy Funes cree que el asesinato de Said Lobo y sus acompañantes apuntaría a una campaña de desestabilización por parte de los sectores de la corrupción que quieren mantener el esquema anterior de represión mediante los grupos mixtos policíaco-militares.
Para Funes, el terror es una herramienta para militarizar la seguridad pública y cree que “no es una coincidencia que, a pocos días de la muerte del hijo de Lobo, la presidenta anuncie que la policía militar volverá a las calles”.
“El objetivo sería crear un efecto mediático, vender la noción de remilitarizar la sociedad”, concluyó la directora de Periodistas de Investigación.
