Esos documentos muestran que Arana intentó durante 2020 y 2021 que el narcotraficante obtuviera un pasaporte uruguayo y que se vinculó con sus abogados en Uruguay para enviar un Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) como forma de iniciar los trámites.
Los mails de 2020
La pesquisa del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que Marset intentó por primera vez el 10 de enero de 2019 obtener el pasaporte en el consulado de Santa Cruz, un trámite que –según Arana– fue “negado” porque contaba con causas abiertas.
La investigación administrativa no identifica si el narcotraficante uruguayo fue en persona a realizar el trámite o si delegó las tareas en otra persona.
Uno de los correos enviados por Arana
De acuerdo con la documentación, Arana comenzó a participar en la gestión el 3 de noviembre de 2020, cuando envió un mail al consulado en el que se presentó como “abogado y representante” de Marset y pidió una cita para “recabar datos para la solicitud de la emisión de pasaporte". "(el) mismo que hace aproximadamente un año fue negado por su consulado, puesto que todo lo observado fue resuelto por la justicia de la República Oriental del Uruguay”, dice el correo enviado.
“Solicito dicha cita para recabar los requisitos para la solicitud del pasaporte y hacer presente a mi cliente para acceder al mismo”, agregó antes de despedirse con “la mayor de las atenciones”.
Aunque no presentó documentos, Arana habló de que “todo lo observado fue resuelto por la justicia” porque tres semanas antes –el 16 de octubre de 2020– la jueza Adriana Chamsarian le había extinguido la pena por los delitos de narcotráfico.
Cuatro días después del primer mail, el 07 de noviembre, la cónsul Deborah Serra le contestó que para iniciar el trámite la persona debía estar “libre de antecedentes”, una información que no constaba en el sistema de información del Ministerio del Interior pese a la resolución de la Justicia.
HANDOUT / UNITEL / AFP
El narcotraficante uruguayo intentó obtener el pasaporte en Santa Cruz
“Mientras aparezca su representado con antecedentes en el sistema, me veo impedida de emitirle (el) pasaporte. Todo el trámite a nivel judicial y administrativo se realiza en Uruguay, al consulado no le incumbe esos asuntos”, escribió Serra.
La cónsul también le dijo que habitualmente sugerían contratar a un abogado en Uruguay para hacerle “seguimiento al trámite administrativo” y que la “ausencia de antecedentes sea actualizada al sistema”.
Arana volvió a responder el 19 de noviembre en un correo en el que aseguró que había contactado a un estudio en Uruguay –no precisó cuál– que realizó las “diligencias necesarias” para cancelar los antecedentes ante la Policía Científica y el Ministerio del Interior.
Adjuntó la resolución del juzgado de Crimen Organizado de Chamsarian en que se cerraban las causas por lo que debía “cancelarse la restricción respecto al derecho constitucional de mi cliente para poder recibir la otorgación del pasaporte como cualquier otro ciudadano uruguayo”.
A su vez, solicitó que verificaran si Marset podía acceder a una cita para “obtener lo peticionado”.
El consulado volvió a responder el 24 de noviembre, señalándole que el narcotraficante uruguayo continuaba presentando antecedentes judiciales por lo que no era posible solicitar la emisión de pasaporte.
“Presente un libre de Antecedentes Judiciales entregado en la Dirección Nacional de Policía Científica en Uruguay, para que sea posible que realicemos consulta y recibir autorización de Cancillería para realizar el trámite”, le sugirieron.
Sin dirección
Arana recién contestó el correo en julio del año siguiente (en 2021), aunque en paralelo Marset intentó obtener el pasaporte en el consulado de Asunción, ya que se había ido a vivir a Paraguay.
Los documentos muestran que ese trámite lo inició el 28 de octubre de 2020.
Ese día el consulado en Paraguay pidió al departamento de documentación de viaje que informara si tenía antecedentes judiciales, algo que motivó que esa dependencia consultara con Interpol, que contestó ese mismo día con el legajo pero también informando que había una “averiguación de paradero” por lo que necesitaban saber qué trámite estaba haciendo y cuál era el domicilio de Marset.
El 2 de noviembre, el consulado de Asunción contestó que desconocían el domicilio porque los documentos habían sido solicitados por un gestor vía “correo electrónico para su radicación en Paraguay”.
Una semana después, el 9 de noviembre, el departamento de documentación de viaje volvió a responder y pidió saber el domicilio que había sido solicitado por Interpol.
“Se informa que se solicitó al gestor Marcelo Díaz información sobre el señor Marset y manifestó desconocer su domicilio. Se le solicitó un número de teléfono para contactarlo y tampoco lo proporcionó, indicó que se volvería a comunicar con esta oficina con esos datos, pero no volvió a hacerlo”, contestó el consulado el 16 de noviembre.
Varios días después, el 2 de diciembre, desde el consulado volvieron a escribir al departamento de documentación de viaje informando que el gestor Díaz les había dado un teléfono de Marset –el cual incluyeron en el mail–, que lo habían contactado y que se había negado a informar su domicilio.
El consulado informa que habló con Marset
También contaron que, en la conversación, Marset insistió en que le entregaran su certificado de antecedentes y planteó que le dieran a su gestor la “información remitida por ese departamento sobre sus causas abiertas”.
“Mucho se agradecen comentarios e instrucciones respecto a la posible entrega al gestor de la información remitida sobre las causas del señor Marset”, escribieron.
El departamento de documentación de viaje contestó al día siguiente que no era posible acceder a lo solicitado por Marset y el consulado pidió que le informaran “cuál sería el procedimiento que debería seguir para obtener el estado de sus causas”.
Vuelve Arana
El 28 de julio de 2021, más de seis meses después de su último correo, Arana volvió a escribir al consulado de Santa Cruz para continuar con el trámite del pasaporte ya que había obtenido el Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) en Uruguay.
En ese entonces, Marset y su familia ya se habían trasladado de Paraguay a Emiratos Árabes Unidos porque sabían que estaban siendo investigados.
“Realizamos todo lo exigido por el Estado uruguayo en fecha 12 de julio del 2021 (adjunto el trámite). Solicitamos el antecedente y solicitamos se envíe al consulado del Uruguay para poder proseguir con el trámite de la obtención del pasaporte de mi patrocinado, que debía ser enviado ante su despacho en fecha 27 de julio de 2021”, expresó.
A su vez, adjuntó el documento de solicitud de antecedentes judiciales y pidió proseguir con el trámite.
El consulado consultó internamente al departamento de documentación de viaje cómo seguir ya que el sistema continuaba arrojando que poseía antecedentes judiciales.
La respuesta llegó al día siguiente, cuando le señalaron que le sugerían consultar vía mail los antecedentes judiciales “sin perjuicio” de que su abogado “retire el CAJ en Cancillería y no realice el apostillado dado que no sería necesario apostillar para renovar pasaporte uruguayo”.
El consulado trasladó la información a Arana, que al día siguiente envió el Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ).
El CAJ enviado por Arana
El documento derivó, nuevamente, en consultas por parte del consulado, ya que el 2 de agosto Interpol informó que todavía contaba con una averiguación de paradero a nivel nacional, lo que motivó en otra pregunta por parte del consulado acerca de si estaba en condiciones de tramitar el pasaporte o no.
La última respuesta llegó el 10 de agosto, cuando el departamento de documentación de viaje le dijo que iniciaran el trámite del pasaporte y aguardaran “por lo que indique DNIC”.
El expediente no señala si Arana fue informado o si realizó algún otro planteo.
Marset fue detenido exactamente un mes después cuando intentaba viajar desde Dubái a Turquía con un pasaporte paraguayo falso.
Desde la prisión inició un nuevo trámite para obtener el pasaporte, algo que logró a fines de noviembre e implicó que la cónsul de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos debiera anular el proceso que había comenzado en 2019 en Santa Cruz para que el documento pudiera imprimirse, tal como informó Búsqueda.
