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Salud mental, es hora
¿Qué nos pasa a los seres humanos con nuestras emociones, esas que subestimamos todo el tiempo? Si estoy triste ya se irá, si estoy alegre bien ahí, si estoy ansiosa es cosa de un rato y si tengo miedo todo el tiempo más vale no decir nada, porque seré el bicho raro de la familia/clase/trabajo. En Uruguay, el 40% de las enfermedades en la vida adulta son mentales, más de la mitad por ansiedad, depresión y autolesiones, y en menor medida esquizofrenia y trastorno bipolar. Según la OMS la mitad de las personas que tienen algún problema mental no recibe tratamiento o el que recibe es inadecuado
En un país en el que suicidan más de dos personas por día no debería ser una sorpresa que el presidente de la República anuncie que "la proa de este gobierno" para la próxima Rendición de Cuentas "tiene que estar puesta en salud mental y adicciones". Estamos acostumbrados a que se hable de déficit fiscal, de educación y de seguridad social, incluso de salud, pero no de salud mental como prioridad. "Ya era importante, pero se agravó después de la pandemia. Creo que la proa de este gobierno rumbo a esta Rendición de Cuentas tiene que estar puesta en salud mental y adicciones, que es el gran desafío que tenemos por delante", dijo Luis Lacalle Pou.
En estos días también se conoció la cifra de suicidios en 2022: 818 personas, según datos preliminares del Ministerio de Salud Pública (MSP), un 8% más que el año anterior y otro número en ascenso en una tendencia que no para de subir desde hace 30 años, pero que se aceleró desde 2017. La tasa de suicidios cada 100 mil habitantes alcanzó en 2022 un récord y supera incluso a la de la crisis económica del 2002. En el último año, la tasa preliminar es de 23,08 suicidios cada 100 mil cuando en 2021 había sido de 21,39.
No son solo (¿solo?) suicidios ni solo los coletazos de la pandemia, sino también el círculo vicioso de las adicciones, que hacen que miles de familias sufran por las propias adicciones y otras miles por la inseguridad. Cada vez que gobierno y oposición se agarran de las mechas por la seguridad, casi siempre hay números, reproches y acusaciones de quién lo hizo o hace mejor o peor. Pero casi nunca da tiempo para hablar de que la inseguridad de hoy y de todos los días, la que enfrenta este gobierno y también los gobiernos del Frente Amplio, tiene un estimulador que cada vez incide más: la droga.
En este contexto, tiene razón el presidente: “después agarramos la calculadora”, le dijo a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en el almuerzo de ADM en el que anunció esta prioridad. La cuestión es qué número dará la cuenta en la calculadora, porque una cosas son intenciones y otra la billetera.
Buenas intenciones tuvo también la ley de Salud Mental aprobada en 2017, un debe de décadas para actualizar la legislación uruguaya que casi no cambiaba en la materia desde 1936. Pero una parte de lo que allí se consagra como obligación, no se cumple. Según el texto el objetivo de esta ley es “garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental”.
Entre lo que dispone la norma está el cierre de los establecimientos asilares y las llamadas estructuras monovalentes, que no deberán ir más allá de 2025. Faltan dos años, pero ya se sabe que no se cumplirá. “El cierre del Vilardebó no va a ser, nosotros no vamos a cerrar el Vilardebó, pensamos adaptarlo como hospital judicial” y también podrá haber “algún paciente social”, declaró Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en 2021.
De la ley también se deriva algo que ya se intenta ampliar desde 2010, que es el acceso por mutualismo y salud pública a atención psicológica; Uruguay sigue siendo un país en el que al psicólogo puede ir pocos, incluso si lo pagan a través de una mutualista. Acceder a terapia no privada, sigue siendo una misión compleja.
Desde 2011, el Plan Nacional de Salud Mental incluyó dentro de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud los tratamientos con psicólogos, pero solo fueron incorporados en algunos casos. Muchas personas no pueden acceder aunque lo necesitan, y las que pueden tienen que pagar aranceles que varían según la institución, pero que son altos,.
Una persona que pide tener psicoterapia debe pasar por un comité receptor que evalúa su situación y que luego, en una entrevista, decide si se le dará o no atención. El comité tiene hasta 30 días para recibir al usuario y la mutualista tiene 30 días más para darle un turno con psicólogo, en caso de que se acceda. Solo en los casos de intento de suicidio hay derivación directa antes de las 48 horas, pero me pregunto cuantos intentos se podrían evitar con atención primaria
Estamos muy mal parados en salud mental porque, porque ya sabemos que la realidad suele ganarle a las leyes. Y los dolores de ayer y de hoy serán también los de mañana, porque lleva décadas evolucionar en salud mental. “Puede llevar años”, dijo la nueva ministra de Salud, Karina Rando, cuando se la consultó por cómo se podría reducir la cantidad de suicidios. Llevará años pero por favor, que no lleve indiferencia.
