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SCJ confirma condena: colorados deberán pagar $12 millones a la Intendencia de Montevideo por no retirar cartelería política
La Suprema Corte de Justicia confirmó que el Partido Colorado deberá pagar las multas a la Intendencia de Montevideo por no retirar cartelería política de las calles del departamento luego de la pasada campaña electoral.
La multa final es de 7.300 unidades reajustables, alrededor de $12 millones al valor actual. La Justicia había condenado en primera instancia a los colorados el pasado 7 de octubre de 2022 y la resolución había sido apelada por la colectividad.
Los colorados argumentaban que la intendencia nunca pudo acreditar que el partido fuera propietario de la cartelería en cuestión ni que la hubiera colocado. Al respecto, se señalaba que la documentación probatoria aportada por las autoridades departamentales adjuntaba 2.325 fojas pero solo cuatro fotos, cuyos responsables serían “sujetos distintos” al Partido Colorado, con su propia personería jurídica.
Una de las imágenes citadas corresponde a la campaña de “Talvi -Zubía”, dos a “Talvi 15” y en la otra no se distingue ningún sector. “La actora, en forma caprichosa, interpreta que el Partido Colorado es el propietario de los carteles y banderas, aún cuando su nombre no aparece en ninguno”, se señalaba.
En octubre, luego de que se multara al Partido Nacional por la misma situación, tanto blancos como colorados comenzaron a discutir una serie de modificaciones –tanto internas como en la junta departamental– que tienen como objetivo que sean los sectores o las agrupaciones quienes deban hacerse responsables de las sanciones, de modo que no todos caigan “en la misma bolsa”.
Esta discusión se dará en paralelo a otra que vienen impulsando las secretarías o comisiones de ambiente de ambos partidos y obedece a la posibilidad de utilizar materiales más amigables con el planeta, aunque hay quienes promueven –directamente– que se prohíba la posibilidad de colocar carteles en las calles.
El Partido Nacional ganó el juicio en primera instancia y de esa forma se evitaba pagar las 1.743 multas por cartelería electoral impuestas por el gobierno departamental, que sumaban 7.051 Unidades Reajustables (unos US$ 292.887 al tipo de cambio actual). Esa sentencia fue apelada por la Intendencia de Montevideo que ganó en segunda instancia y llevó a que los blancos elevaran el caso a la Suprema Corte de Justicia a través de un recurso de casación.
