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Reforma jubilatoria: senador blanco plantea "gravar a los robots" que sustituyen el trabajo humano
El próximo miércoles una numerosa delegación del gobierno desfilará por el Senado. Allí estarán entre otros el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. También se hará presente el abogado Rodolfo Saldain. Todos inaugurarán, en cierta medida, una comisión especial recientemente formada para “el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el sistema previsional común”. Como su nombre lo indica, tendrá a su cargo el análisis de la reforma jubilatoria elaborada por el Poder Ejecutivo.
La comisión comenzará funcionar formalmente este jueves, con el único objetivo de designar autoridades. El acuerdo político indica que su presidente será el nacionalista Gustavo Penadés. Y el plan de acción es seguir un cronograma parecido al que siguió en su momento la comisión que analizó la ley de Urgente Consideración (LUC). Sesionará miércoles, jueves y viernes, con una premisa clara: que la ley sea aprobada por el Senado antes de fin de año y que todo el proceso legislativo no se extienda más allá del primer cuatrimestre de 2023.
Fuera de aspectos reglamentarios, en los hechos será un mano a mano entre blancos y frenteamplistas. Y allí cada formación irá con sus lineamientos particulares.
Según dijo Penadés a El Observador, los nacionalistas están dispuestos a generar cierto margen para negociar cambios al proyecto, siempre que eso ni implique cambios tan radicales que “terminen desdibujando” la reforma planteada. Por lo pronto, algunos senadores blancos tienen definidas "nuevas contribuciones" a la reforma. Uno de ellos es Sergio Botana, que viene pensando alternativas para "mejorar" el proyecto.
"Me interesa gravar a los robots que sustituyen el trabajo humano", adelantó. En líneas generales, dijo, su propuesta va por el lado de que las empresas que opten por recurrir a máquinas para sustituir a un empleado humano deban efectuar, de todas formas, aportes patronales y personales para financiar a la seguridad social.
Se trata por lo pronto de una debate que viene cobrando fuerza en varias partes del mundo en el marco de un proceso cada vez mayor de automatización en muchos sectores de la actividad laboral.
En diálogo con El Observador, Botana señaló que también propondrá la creación de un fondo que permita la sustentabilidad del sistema a largo plazo. La financiación ideada pasaría por parte de los recursos que puedan generar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) a través de inversiones que combinen adelantos tecnológicos y sostenibilidad ambiental. Consultado, explicó que sería a través de un mecanismo similar al que aplica Noruega con sus recursos en hidrocarburos - un fondo soberano que en buena parte está pensando para financiar las pensiones en ese país - y que en su momento se manejó ante la eventual existencia de petróleo en Uruguay.
Los nacionalistas tendrán en la comisión seis representantes. Además de Penadés y Botana, estarán allí Carmen Asiaín, Carlos Camy, Jorge Gandini y Amin Niffouri.
A dar pelea
El Frente Amplio pondrá por su parte, la minoría mayor, con ocho representantes. Ellos serán Oscar Andrade, Danilo Astori (suplantado por José Carlos Mahía), Mario Bergara, Silvia Nane, Daniel Caggiani, Daniel Olesker, Enrique Rubio y Alejandro Sánchez. “Vamos a ir a discutir y a aportar alternativas al proyecto”, adelantó Sánchez a El Observador. Un proyecto que, sostuvo, carece de muchas cosas y está lejos de resolver a largo plazo la sustentabilidad del sistema de seguridad social.
Sánchez adelantó que el Frente Amplio confrontará duramente la “rebaja de las jubilaciones” contenida en la propuesta. Así, “si tengo que elegir uno”, dice, ese es el primer problema del proyecto del gobierno y que habrá que cambiar. “Les va a bajar las jubilaciones a todos”, aseguró. “Todos los que hoy están trabajando tendrán una jubilación más baja que la que tuvieron sus padres y abuelos” dijo al resumir sus efectos. “Van a trabajar más años y van a cobrar menos”.
Sánchez reconoció que a nivel internacional se manejan hoy otros parámetros en cuando a la edad de retiro. También en que si hay personas que quieren seguir trabajando más allá de la edad de jubilación lo hagan, siempre que sea en forma voluntaria. “Ahora, si a mí me piden trabajar más y después cobrar menos, no parece ser una reforma para beneficiar a la gente”, insistió.
El senador advirtió que el debate muchas veces gira en torno al gasto público y su eficiencia. Según su visión, las jubilaciones no son otra cosa que un gasto que va directo a los bolsillos de la gente. Allí entonces, dijo, la discusión será “si a fin de mes los jubilados tendrán más o menos plata y podrán cubrir o no sus necesidades”. En ese marco, dijo Sánchez, la izquierda irá a la comisión a “dar pelea” por garantizar jubilaciones dignas. El senador del MPP garantizó voluntad para acordar con la coalición aunque adelantó que, si al final del camino el objetivo no se logra, eso condicionará irremediablemente el voto negativo del Frente Amplio al proyecto.
Otro de los planteos de la oposición irá por la corrección de las “inequidades” que la fuerza política dice ver en los aportes patronales en ciertos sectores de la actividad. También irá por la convergencia de todos los subsistemas. En particular por profundizar la reforma de la “Caja Militar”.
En otro orden, el Movimiento de Participación Popular (MPP) pondrá sobre la mesa la necesidad de discutir la sustentabilidad a largo plazo de sistema. Allí estará una "idea" planteada a mediados de año por el expresidente José Mujica que - al igual que lo que ahora plantea Botana - pasa por la creación de un fondo especial que permita generar recursos adicional para sostener a una población cada vez más envejecida.
La necesidad de consenso y la lista de reclamos
El oficialismo hará la diferencia numérica a su favor en la comisión con la presencia de los colorados Raúl Batlle y Carmen Sanguinetti, junto al cabildante Raúl Lozano. En diálogo con El Observador, Batlle sostuvo que su partido ya realizó su contribución al proyecto y destacó que muchas de las propuestas coloradas fueron tomadas en cuenta.
Para Batlle, lo fundamental será que del Parlamento salga una reforma consensuada por todo el sistema político, debido que afectará a los futuros gobiernos. “Es algo importante para todos y, sobre todo, para las futuras generaciones”, señaló el senador.
Los liderados por Guido Manini Ríos ya adelantaron por su parte una batería de aspectos que pretenden incluir en la reforma. Una de ellas, adelantada por el senador a El Observador, pasa por eliminar el carácter "hereditario" de las pensiones reparatorias otorgadas a los ciudadanos condenados a prisión por la Justicia Militar en la última dictadura y así, según Manini, corregir una situación de "injusticia" con respecto a otras prestaciones similares.
Un planteo que ya fue rechazado de plano por el Frente Amplio y que ha generado hasta el momento muy poco eco en la coalición. Los liderados por Manini también pondrán sobre la mesa modificar el nivel de aportes que se realizan a las administradoras privadas y extender a 30 años -en vez de los 20 previstos- el período de convergencia de todos los subsistemas previsionales.
Cabildo Abierto logró incluir en el texto actual tres de sus reclamos: que todos los que tengan 50 años cumplidos al momento de la vigencia de la ley no se vean afectados por la reforma, que se mantenga la bonificación de siete años por cada cinco trabajados para los policías ejecutivos y que las viudas con 50 años de edad puedan conservar de por vida las pensiones por supervivencia.
Errores de redacción
El proyecto fue remitido formalmente al Parlamento el lunes 21 de octubre. El lunes siguente, el Poder Ejecutivo optó por enviar un texto complementario con el objetivo de susbanar ciertas omisiones y "errores de redacción" en el extenso articulado. Una de las enmiendas hace referencia al artículo 61, que no figuraba en el texto de origen. Refiere al cómputo ficto en la edad de beneficiarias mujeres. Así, la propuesta es adicionar a la edad real el cómputo ficto por hijo que correponda, con un máximo total de cinco años.
Por otro lado se incorpora una modificación al artículo 327 referente a las personas con fibromialgia. Allí se establece que "en toda controversia judicial o administrativa en la cual se pretenda negar, modificar o exitinguir el derecho de un trabajador paciente de fibromialgia, será imprescindible el dictamen del Banco de Previsión Social".
