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Senadores de la coalición evalúan sacar del Presupuesto cambios a certificaciones médicas

Analizan crear una comisión para que trabaje sobre las licencias por enfermedad en el sector público pero el proyecto de ley no se metería en el tema de fondo; el objetivo es alcanzar amplios consensos

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03 de noviembre de 2020 a las 05:02

Los senadores de la coalición de gobierno negocian por estas horas una fórmula de acuerdo sobre las certificaciones médicas en el sector público y analizan la posibilidad de crear una comisión que trabaje el tema en profundidad por fuera del Presupuesto. En las últimas conversaciones comenzó a ganar fuerza la idea de que el proyecto a estudio ahora en el Parlamento establezca una hoja de ruta acerca del asunto pero que el tema de fondo se defina al margen de la discusión presupeustal, según dijeron a El Observador legisladores de la coalición.

El objetivo de este cambio es buscar los mayores consensos posibles para poder aplicar un nuevo régimen de certificaciones médicas a todo el Estado. Para incluir a los entes autónomos en este nuevo sistema es necesaria una mayoría especial de tres quintos que requiere de los votos del Frente Amplio en el Parlamento. 

Hasta ahora lo único claro es que la formula acordada en Diputados no tiene los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Senadores. Tal como informó El Observador, legisladores de todos los partidos tienen reparos en este tema y Cabildo Abierto ya adelantó que no dará sus votos.

En el análisis que hacen los legisladores destacan que la propuesta del gobierno abrió el debate en un tema sobre el que es necesario realizar modificaciones pero, al mismo tiempo, coinciden en que la solución planteada no es la mejor.

El problema actual, según los senadores, tiene tres aristas. La primera es el abuso de las licencias médicas que realizan algunos funcionarios públicos desde hace muchos años. La segunda está vinculada a la falta de controles por parte de la administración y la tercera tiene que ver con el manejo laxo de las certificaciones médicas realizado por parte de algunos profesionales de la salud. 

A partir de ese análisis, los legisladores entienden que la solución propuesta hace pagar a “justos por pecadores” y no se mete ni con los controles de la administración ni con la facilidad con que se dan las certificaciones, según explicó a El Observador el senador blanco Jorge Gandini. 

“A muchos de nosotros nos parece que en este caso la enmienda es peor que el soneto, y es compartible el hecho de que la propuesta no es la mejor de las soluciones”, dijo el jueves en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto el senador blanco Sergio Botana ante una delegación del PIT-CNT.  

“Si se aprueba lo que vino de Diputados vamos a tener dos sistemas distintos en el Estado. Uno que es un experimento y otro es el actual”, agregó Gandini. 

Es que, además, la fórmula acordada en la cámara baja deja por fuera a los entes autónomos porque para incluirlos se precisa una mayoría especial. Entre otros organismos, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde se han detectado abusos con las certificaciones, quedarían afuera del nuevo sistema. 

La posición del oficialismo en el Senado abrió un nuevo canal de diálogo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sobre este tema. Si bien el sindicato entiende que tanto la propuesta del Ejecutivo como la fórmula acordada en Diputados son inconstitucionales, también habían manejado la idea de que se estaba haciendo pagar a los funcionarios que hacen un buen uso de las licencias médicas. 

“Se nos planteó esa posibilidad de formar una comisión amplia con la participación de diferentes actores que busque una solución más acorde donde se ataque el abuso y no la situación de carácter general”, dijo a El Observador el secretario general de COFE, José Lorenzo López, y agregó que mantuvieron diversas reuniones con legisladores oficialistas por este tema. 

El dirigente sindical destacó que tanto en el oficialismo como en la oposición existen coincidencias con la postura de COFE.

Proceso

La propuesta inicial del Poder Ejecutivo igualaba el sistema público con el sistema privado. Es decir, los primeros tres días de licencia por enfermedad no se recibe salario y a partir del cuarto un 75% del ingreso. 

Esa propuesta se mantuvo en Diputados pero se le agregó la posibilidad de acumular días de licencia por enfermedad. Cada funcionario, según lo votado en Diputados, tendrá dos días de licencia acumulable por año y este sistema comienza a regir a partir de 2018. Al ser retroactivo, todos los funcionarios comenzarían 2021 con seis días de licencia por enfermedad. 

Una vez utilizados esos días, se aplicarían los tres días sin salario y a partir del cuarto el 75%. 

Pero ahora el Senado analiza nuevos cambios a este planteo, y el Parlamento se encamina a conformar una nueva comisión. 

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