11 de abril 2020 - 15:59hs

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), que nuclea a los gremios de maestros y profesores, reclamó mantener dos reuniones “urgentes” en las próximas horas por un lado con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y por otro con las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), ante la resolución del Poder Ejecutivo de que a partir del miércoles 22 retornarán las clases presenciales en 973 escuelas rurales.

Los sindicatos docentes reclamaron en un comunicado que “la decisión de retomar las clases en forma presencial se adopta sin haber convocado a los trabajadores a discutir previamente las condiciones de salud y ambiente laboral, lo cual implica discutir, sustantivamente, aquellas condiciones mínimas que pongan a resguardo la salud de estudiantes y trabajadores”.

Bajo ese argumento, los sindicatos de la enseñanza resolvieron este sábado pedir una reunión al Codicen y solicitarle a la cúpula del PIT-CNT que gestione otro encuentro “urgente” con las autoridades del Sinae para “poder conocer de primera mano los argumentos epidemiológicos que habilitan la resolución adoptada del retorno a las clase presenciales a nivel de las escuelas rurales y cuales son las medidas que se han adoptado para poner a resguardo la salud de los actores involucrados”, según un comunicado difundido este sábado por los sindicatos de la enseñanza.

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El presidente Luis Lacalle Pou anunció el miércoles la resolución del gobierno de que 973 escuelas rurales de todo el país –excepto las más de 90 de Canelones- retomarán las clases presenciales a partir del miércoles 22 de abril. Este viernes, en una conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno trabaja en la elaboración de un convenio entre el Sinae, el Codicen y el Ministerio de Educación y Cultura “para darle protección especial y elementos de higiene para suministrar a maestras y auxiliares que van a trabajar  en las escuelas rurales”.

Delgado señaló que serán 1.500 los funcionarios que tengan “elementos de protección personal y elementos vinculados a la higiene como alcohol en gel y mascarillas lavables”.

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