Su Majestad y el Mariscal

La frase marca la distancia entre lo jurídico y lo político, entre lo normativo y lo fáctico. No siempre un gobernante está en condiciones de aplicar la ley, si las posibilidades de desobediencia generan un efecto más negativo aun que la no aplicación de la ley; o conllevan a riesgos o desestabilizaciones mucho más graves que no cumplimiento estricto de la normativa. Como muchas veces se aconseja: no des una orden si no tienes la seguridad que será cumplida.

Si eso pasa en el Estado, con su connatural poder de coercibilidad, cosa más riesgosa es en las entidades civiles y ni hablar en un partido político. En el área política se debe sopesar las ganancias y pérdidas que supone aplicar la disciplina; o dicho de otra manera cuál es el grado de coercibilidad real que existe. A vía de ejemplo puede mirarse las elecciones de presidente de la República del 28 de noviembre de 1926. Poco antes, Luis Alberto de Herrera -flamante caudillo del Partido Nacional, tras derrotar a la corriente lussichista- expulsa del partido al líder del Radicalismo Blanco Lorenzo Carnelli (y si no lo expulsa, lo empuja para que se fuera, ya que hay dos versiones de lo ocurrido). Carnelli se va y el Radicalismo Blanco se inscribe para esas elecciones con la denominación de Partido Blanco.

Bien, la gente vota, y esa noche el Partido Colorado vence al Partido Nacional por la esmirriada cantidad de 1.526 votos. Pero el Partido Blanco de Carnelli computó 3.844 votos, más del doble de la diferencia. Herrera aplicó su disciplina y con ello perdió la única oportunidad que tuvo en su larga vida política de ser presidente de la República.

Después de un largo proceso, dudas, idas y vueltas, vacilaciones, negociaciones, conciliábulos, el Frente Amplio -al borde del abismo- resolvió abordar los dictámenes del Tribunal de Conducta Política, que desde el punto de vista político suponía abordar un solo tema con dos casos: Raúl Sendic y Leonardo de León. Tenía dos grandes caminos: el sencillo, uno diría el camino sajón, cual lo era concentrarse en el tema quemante, polémico, que fundamentaba buena parte del malestar, disconformidad, desilusión o enojo de su gente, y que le generaba inconmensurables costos político electorales; o ir por el camino más uruguayo, es decir, el más complicado, intrincado, e imprevisible: abordar todos los casos pendientes.

Y así lo hizo. Tomó casos con connotaciones éticas, otros con connotaciones ideológicas y otros de disciplina partidaria. El de connotaciones ideológicas -el ex canciller y ex senador frenteamplista Luis Almagro- fue el más fácil, porque hubo unanimidad y porque el imputado con absoluta claridad transgredió los principios del Frente Amplio; y además -lo más importante- porque era una decisión a costo cero. Los de connotaciones éticas fueron los más complicados internamente, porque para unos había elementos afectivos que frenaban un castigo y para otros el implicado principal, o los implicados, fueron víctimas de una gran conspiración internacional con epicentro en Atlanta. Pero era el más fácil en cuanto a costos: los imputados no gozan al día de hoy de un arrastre electoral comparable al de Carnelli y no tienen alternativas al Frente Amplio. Otra cosa son las sanciones por razones disciplinarias.

Primero porque el Frente Amplio no ha debatido nunca en profundidad a qué le llama una conducta disciplinada, si es el cumplimiento estricto del punto y de la coma de un reglamento o una resolución, o el analizarlo desde el punto el vista de la congruencia política. Porque no le pareció digno de molestia que por primera vez en la historia del Uruguay el presidente de la República vetase una ley impulsada por su propio partido y se enfrentase a todos sus legisladores; tampoco se molestó cuando un diputado fue el voto decisivo para impedir por segunda vez a su partido consagrar lo que en la legislatura anterior había vetado el presidente; y tampoco fue demasiado riguroso en otros casos de real o presunta indisciplina, cuando el indisciplinado contó detrás de sí con un formidable respaldo militante.

Pero lo más llamativo, es que no pensó en las consecuencias y ni siquiera dijo: me atengo a los principios, cuesten lo que cuesten. Pretendió dar una señal de sanción leve, como suspender a alguien por el aparentemente inoperante lapso que va desde que el Parlamento entra en receso hasta semana de turismo. Se olvidó que quedaba una ley importante a votar y que por leve que fuese la sanción resultaba una herida inaceptable para el herido. Darío Pérez reaccionó y dejó al Frente Amplio sin mayoría para sancionar la ley de financiamiento de partidos.
Ahora ¿qué hace el FA? Sigue la lógica burocrática, inicia un largo proceso y se expide dentro de año y medio, cuando haya concluido todo el ciclo electoral y la decisión sea indolora, incolora e insípida. O sigue la lógica formal, convoca a un Plenario e inhabilita al indisciplinado, le impide ser candidato. Bueno, entonces, habría que ver quién es el valiente que propone que el Frente Amplio se ponga al departamento de Maldonado como sombrero. La realidad tiene sus propias reglas y condicionamientos.