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Testigos amenazados: la odisea para que declaren en juicio y sin exponerlos al riesgos

En 2022 aumentó considerablemente la asistencia de la Fiscalía a testigos de crímenes, principalmente de homicidios
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28 de mayo de 2023 a las 05:00

Un vecino vio clarísimo un asesinato porque vive en frente. ¿Cómo hace para declarar como testigo anónimo ante un juez sin admitirle que estaba tan cerca? ¿Qué tan difícil es inferir quién era esa persona? Cuando los fiscales leen la declaración de estos testigos, empiezan a tachar todos esos datos que pueden ponerlos en peligro, que pueden hacer que los involucrados en el delito los identifiquen y busquen represalias. Y lo que suele pasar es que cuando el fiscal termina de leer, toda la hoja quedó negra de tanto tachado. No pueden llevarlo al juicio porque, de hacerlo, su vida podría correr peligro.

Por eso, a veces los testigos miran para abajo, hablan bajito y mueven los pies. A veces, después de insistirles varias veces, suben la cabeza, los miran a los ojos y les levantan la voz. 

—Si hablo, al barrio no vuelvo —les dicen a los policías y a los fiscales que intentan de todas las formas posibles que les cuenten lo que vieron. Ese barrio al que no pueden volver puede ser cualquiera: Peñarol, 40 Semanas, el Cerro, 24 de Enero solo son algunos ejemplos.

Aunque todavía —al menos en Montevideo— no se han perdido juicios por testigos que no se atrevieran a declarar, las intensas gestiones para convencerlos de que lo hagan se han vuelto denominador común en las investigaciones por homicidios y eso permite avizorar que, por estadística, en algún momento no tan lejano, pase. 

Los testigos, directos o indirectos, son la columna vertebral de la teoría fiscal, siempre que el crimen no esté filmado. Son "la prueba estrella", en palabras de la fiscal de Homicidios de 3er Turno Adriana Edelman quien, en entrevista con radio Carve el año pasado, advirtió que estaban enfrentando "dificultades gravísimas" con los testigos. 

En el juicio, una investigación fiscal de un año debe ser plasmada a través de las evidencias recogidas ante el juez. Ahí es que entran los testigos, y con ellos, el problema.

La mayoría de los testigos se presta sin mayor inconveniente a dar su testimonio en fiscalía en ese primer año de investigación, pero luego no quieren ir a declarar al juicio por miedo.

Esa puede ser la diferencia entre una condena o la impunidad. La diferencia entre 30 años de prisión o cero, recordó el fiscal de Homicidios de 1er Turno Carlos Negro, quien resaltó que, si bien hay casos en los que es fundamental que el caso vaya un juicio oral, los acuerdos abreviados eliminan este peligro. 

Mientras tanto, intentan protegerlos lo máximo posible, incluso en detrimento de su propia prueba. Recurren a la posibilidad de que declaren en forma anónima, con la voz distorsionada o en otra sala. Pero eso, de acuerdo al Código del Proceso Penal, hace que el testimonio pierda valor. No solo por el anonimato, sino que para salvaguardarlo el testigo debe omitir información.

Muchas veces, quienes se resisten a declarar tienen especial interés en que no haya impunidad, pero el terror es más grande. En Montevideo, en 2022, una hija se negó a declarar en el juicio por el homicidio de su padre. "A mi padre nadie me lo va a devolver y yo tengo más familia que cuidar", les dijo la mujer a la fiscalía en ese momento. Como el resto de la evidencia era tan robusta, lo terminaron condenando igual, pero si la investigación hubiera sido diferente, el resultado podría haber peligrado.

El fiscal Negro manifestó que, en los casos con los que lidian hoy en día, las bandas territoriales "infunden el temor" en los barrios, impidiendo que los testigos declaren. Él, por su parte, busca promover la investigación pero "priorizar la seguridad del testigo", según dijo en entrevista con Lado B (TV Ciudad). 

En un tono similar, Edelman había dicho que tienden a empatizar y preguntarse hasta qué punto pueden pedirle al testigo que se exponga, cuando su vida puede estar en riesgo. 

Eso lo vuelve imprevisible y genera que estén hasta último minuto con la duda de si un testigo comprometido se va a presentar.

En el juicio por el homicidio de la niña Nadia Morales, que murió por una bala perdida en 2021, uno de los testigos concurrió al juzgado y, antes de entrar a la sala, decidió que no iba a declarar. Los acusados habían ido hasta la puerta del asentamiento donde vivía Nadia porque se habían peleado con un vecino de 17 años al que le gritaron para que saliera a pelear, terminó saliendo su padre, al que al principio golpearon. Luego dispararon una ráfaga de tiros y uno de ellos le dio a la niña, que estaba en su casa haciendo los deberes.

Días antes de que comenzara el juicio, un grupo de hombres fue a buscar al padre del adolescente, le hicieron escuchar el audio de lo que había declarado en fiscalía y a punta de pistola le hicieron grabar otra declaración falsa, denunció entonces la fiscal de Homicidios de 2° Turno, Mirta Morales. El día que fue citado al juzgado fue con su hijo, que también iba a declarar, pero cuando se le manifestó que debía hacerlo adelante de los acusados, el menor se negó. 

En un contexto de aumento de la violencia y auge de las bandas territoriales, las dificultades "gravísimas" que advertía Edelman son cada vez peores. Así lo demuestra el informe sobre atención a víctimas y testigos en 2022 que presentó esta semana la Fiscalía General de la Nación. Se relevó un aumento en la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos respecto de estos últimos y especialmente en casos de homicidio. 

En 2018 el 5% de las personas atendidas por la unidad eran testigos y en 2022 fue 24%. 

Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, dijo a El Observador que si bien no hay un estereotipo único de testigo al que asistir, el punto en común es que tienen algún tipo de fragilidad. Dentro de eso, varía, y han auxiliado a testigos que sufren una vulnerabilidad económica, hasta intelectual o con problemas de consumo de drogas. Por eso la unidad trata de trabajar sobre las "vulnerabilidades" de esa persona y hacer contactos con centros que, a largo aliento, puedan ayudarlos.

Pero a su vez, tienen un objetivo claro, que es asegurar su sujeción al proceso y que puedan prestar la declaración necesaria para que la teoría fiscal avance.

Semanas atrás El Observador dio cuenta del caso de una mujer que vivía prácticamente en la calle y era adicta a la pasta base, y que era una testigo clave en el homicidio de una amiga, a la que un hombre había matado y tirado al arroyo Pantanoso. En ese caso, la testigo había desaparecido por casi dos años y el caso estaba a punto de quedar impune; de hecho, un fiscal había pedido el sobreseimiento del imputado por falta de mérito dado que no podían ubicarla.

Cuando finalmente lo lograron, la Unidad de Víctimas y Testigos fue la encargada de conseguirle un hotel donde quedarse la noche previa a la declaración —no podían arriesgarse a que no se presentara al otro día en el juzgado—, darle de comer y asistirla durante un rato. La mujer, por miedo, se fugó del lugar hasta que la volvieron a encontrar y volvió a ser asistida por la unidad.

Para evitar que algo así suceda y que un testigo adicto o difícilmente ubicable tenga que declarar judicialmente tanto tiempo después del hecho, muchos fiscales piden que lo hagan bajo la figura de la declaración anticipada. Eso significa que la persona puede ir a declarar al juzgado antes de que arranque el juicio, incluso a pocos días del crimen, y luego el juez de juicio lo puede ver por video. 

Este método, previsto en el Código del Proceso Penal, como un recurso excepcional, cada vez es más común. Uno de los últimos casos más relevantes fue el de Damián Esteves, un joven de 27 años asesinado con un destornillador por otro que intentó robarle el celular. Después del hecho, el imputado por el homicidio le confesó el crimen espontáneamente a otro hombre con el que solía "parar" en una plazoleta en La Unión.

El día que imputaron al señalado por el crimen, el fiscal del caso, Carlos Negro, pidió que el testigo declarara en forma anticipada dado que prácticamente vivía en la calle, consumía drogas y las posibilidades de que eventualmente se presentara al juicio eran escasas. El juez Alejandro Asteggiante entendió que no era motivo suficiente para utilizar ese recurso excepcional, pero el tribunal de Apelaciones lo revirtió, le dio la razón a la fiscalía y el testigo está citado para los próximos días.

Testigos protegidos y un recurso excepcional

Cada testigo que es derivado a la Unidad de Víctimas es analizado por un comité del que forma parte la unidad, el fiscal del caso y la Policía. En casos donde realmente el peligro es inminente y seguro, la Fiscalía puede relocalizar temporal o definitivamente a núcleos familiares. Eso se hace según escalas de evaluación de riesgos y los registros con los que cuenta el comité, explicó Solari. 
Desde el 2018 hasta el momento cerca de 350 familias han sido realojadas. Los delitos principales de los que fueron testigos fueron homicidios y relacionados al narcotráfico.  

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