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Tragamonedas: una ley de 1882 es la piedra de la discordia entre el gobierno y los dueños
Hace 140 años, una ley prohibió el juego en Uruguay. Fue la 1.595 de 1882 la que estableció esa prohibición de los juegos de azar o de fortuna o que intervenga “envite” (apuesta), a excepción de la lotería y rifas públicas autorizadas por las Juntas Económico-Administrativas, según el texto. También previó multas y penas para el caso de incumplimientos.
Esa ley, escrita hace prácticamente un siglo y medio, es el principal motivo de disputa entre las autoridades y los dueños de las máquinas tragamonedas. La versión oficial es que la actividad es ilegal, justamente porque así está redactado hace 140 años.
La Cámara Uruguaya de Entretenimientos (CUDE) es la que agrupa a la mayoría de los dueños de las máquinas. Se fundó en junio de 2004 y desde ese momento recibe denuncias de la Dirección General de Casinos por la ilicitud de su actividad. La gremial sostiene que la Justicia le otorgó la razón a los dueños de las tragamonedas cada vez que fue demandada.
Mientras las autoridades aluden a la ley 1.595 para enfrentar a los empresarios, la posición de los representantes de la CUDE es firme: el juego no está prohibido porque la ley fue derogada en 1889.
Así lo establece el primer Código Penal de ese año. El artículo 417 expresa: “Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones penales que han regido hasta ahora en la República, sobre los delitos y faltas que trata el presente Código”. El Código está firmado por Joaquín Requena, como presidente de la comisión redactora del nuevo texto.
En la Comisión de Hacienda de Diputados, el director general de Casinos, Gustavo Anselmi, marcó la postura oficial: “Con respecto a las máquinas tragamonedas quiero decir que está claro que la posición de la Dirección General de Casinos es que son ilegales; está clarísimo en la ley que son ilegales. En ese sentido, la Dirección General de Casinos sigue haciendo las denuncias pertinentes”, afirmó.
La semana pasada, el presidente de La Banca de Quinielas, Roberto Palermo, opinó sobre la ley 1.595 y las tragamonedas en una entrevista con Búsqueda. “Los maquineros ilegales dicen que esa ley está derogada, pero no es así. Los que están derogados son los artículos que establecían una multa o pena de prisión. Porque el juego clandestino es un delito menor, es una falta. El artículo 1º, que es prohibitivo, nunca cayó. Si hubiera caído usted podría estar explotando un juego con una mesita en la calle. El juego no es una actividad libre”, sostuvo.
Moral y buenas costumbres
La CUDE le pidió opinión tiempo atrás al excatedrático en Derecho Penal, Milton Cairoli.
En un extenso documento planteó: “¿Qué significado penal puede tener una norma que prohibiría el juego pero que no tiene sanción penal? Se parte pues de un considerable error porque el artículo 417 del Código Penal de 1889 derogó expresamente ‘todas’ las leyes anteriores que rigieron en la República Oriental del Uruguay en materia de faltas y delitos de que trata este código”.
Cairoli añadió que “como la norma expresa que se derogan ‘todas´ las leyes anteriores, esto quiere decir que se refiere a la totalidad de la ley y no a una parte dejando en vigencia un solo artículo”.
El asesor legal de la CUDE, Gerardo Dibbern, dijo en diálogo con El Observador que la ley 1.595 fue creada porque en aquella época “los parroquianos jugaban a la taba o a las cartas y apostaban miles de hectáreas o cientos de cabeza de ganado. Eso se veía inmoral porque (si perdían) la familia quedaba desamparada. Era una falta contra la moral y las buenas costumbres”.
Recordó que esa situación se daba en el siglo XIX. “Por más que la ley estuviera vigente sería inaplicable, porque justamente lo que más cambió en el mundo fue la moral y las buenas costumbres. Es anacrónico querer aplicar ahora una ley de 1882. Pero igual está derogada”.
Además, se sumó otro texto legal. En 1934 se creó el nuevo Código Penal. Allí, el Artículo 361 refiere a las faltas contra la moral y las buenas costumbres. En las vinculadas al juego de azar expuso que las cometería “el que en lugares públicos y accesibles al público, en contravención de las leyes, tuviere o facilitare juegos de azar”.
En ese caso, se dejó previsto un castigo con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario.
Al respecto, Dibbern explicó que así fue escrito porque “el código dejo abierta la posibilidad a los futuros legisladores de prohibir determinados juegos. Quiere decir que no todos los juegos son una falta”.
Señaló que años más tarde se redactó, por ejemplo, una ley contra el juego de la mosqueta. “Si uno juego a la mosqueta comete una falta. Si uno pone máquinas tragamonedas en un prostíbulo comete una falta, porque hay una ley que lo prohíbe”, expresó.
“El principio es la libertad y hay normas específicas que prohíben determinados juegos. No hay ninguna norma, ninguna ley, que prohíba el uso y la explotación comercial de las tragamonedas.
El tema de fondo de la actividad de las máquinas tragamonedas es que no está regulada. Y eso es algo que los dueños reclaman y que las propias autoridades reconocen que deben hacerlo. Pero hasta ahora no se avanzó sobre el tema. Entonces, las máquinas tragamonedas de la CUDE siguen en los barrios y compiten con otras instaladas en los casinos y salas de juego habilitadas por la Dirección General de Casinos.
“La solución es la regulación. Los principales beneficiados serían los que están en contra nuestra, porque sabrían contra qué cantidad de máquinas compiten”, indicó Dibbern. “Se dice que hay cerca de 40 mil. ¿Cuántas quedarían si se regula la actividad? Capaz que 15 mil”, complementó.
“Con la regulación van a competir con menos máquinas, con empresas establecidas y con transparencia jurídica para todos. El mercado está hace años y esa parte del mercado ya la perdieron”, concluyó.
