Un fallo judicial permite la investigación de los documentos secuestrados en una propiedad de Trump

El fallo del panel de tres jueces, incluidos dos designados por Trump, entrará en vigor en siete días, sin la intervención del tribunal de circuito en pleno o de la Corte Suprema.

"La ley es clara", dijo la Corte. "No podemos establecer una regla que permita que cualquier ciudadano, sujeto de una orden de allanamiento, bloquee las investigaciones del gobierno después de la ejecución de la orden. Tampoco podemos establecer una regla que permita que solo los expresidentes lo hagan".

La orden elimina lo que las autoridades federales habían descrito como un obstáculo importante en su investigación criminal en curso sobre si Trump retuvo ilegalmente registros altamente clasificados después de dejar la presidencia y obstruyó los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

 Los jueces de apelación ya habían señalado en una audiencia la semana pasada que probablemente ordenarían el fin de la revisión de juez especial Raymond Dearie que había sido designado por la jueza federal de distrito Aileen Cannon en Florida para evaluar los aproximadamente 13,000 documentos secuestrados en la propiedad de Trump, incluidos unos 100 documentos marcados como clasificados.

Se suponía que el trabajo de Dearie sería analizar si alguno de los documentos que se tomaron planteaba problemas de privilegio, ya sea el privilegio ejecutivo o el privilegio abogado-cliente.

La decisión de la Corte de apelaciones deja en claro que la jueza Cannon salió ampliamente de su jurisdicción al designar al juez especial.

Los jueces argumentaron que Trump no había presentado pruebas de que el gobierno haya ejercido un "desprecio insensible" por sus derechos al realizar el registro, que sería la causa necesaria para una intervención tan extraordinaria de los tribunales en asuntos del poder ejecutivo.

Desestimaron como un "espectáculo secundario" el argumento del equipo legal de Trump de que la Ley de Registros Presidenciales le otorga cierto derecho de posesión personal sobre los documentos, y señalaron que incluso si estaba en lo correcto, los artículos probablemente estarían sujetos a incautación según la orden de allanamiento.

“El estatus de un documento como personal o presidencial no altera la autoridad del gobierno para incautarlo bajo una orden respaldada por causa probable; las órdenes de allanamiento autorizan la incautación de registros personales como cuestión de rutina”, dijo la Corte en su fallo.

Los jueces también abordaron si el estatus de Trump como expresidente crearía algún tipo de exención o exclusión para justificar la intervención judicial en la búsqueda y establecieron que

"crear una excepción especial aquí desafiaría el principio fundamental de nuestra nación de que nuestra ley se aplica a todos, sin importar el número, la riqueza o el rango".

El Departamento de Justicia (DoJ) había acusado al equipo legal de Trump de usar los procedimientos del juez especial como una maniobra para tratar de retrasar el progreso de su investigación y calificó el nombramiento de un maestro especial por parte de Cannon como una "intrusión judicial extraordinaria en una función central del poder ejecutivo". "

Las autoridades ahora podrán usar los documentos como evidencia mientras interrogan a los testigos y examinan más a fondo las circunstancias detrás de la decisión de Trump de eliminar miles de registros gubernamentales, incluidos algunos con marcas que se refieren a los secretos más protegidos de la nación.

En otro intento por evitar la investigación del gobierno, la semana pasada, los abogados de Trump le pidieron por separado la jueza Cannon que le ordene al DoJ entregar la declaración jurada completa y sin editar que se usó para justificar la orden de allanamiento en la residencia de Trump.

Cannon aún no ha respondido a esa moción, pero el DoJ ha expresado su preocupación acerca de que la divulgación de los detalles en la declaración jurada podría poner en peligro su investigación y potencialmente poner en peligro a los testigos que cooperan.