Un informe de la ONU alega abusos contra migrantes por parte de funcionarios panameños

La reacción del gobierno panameño se produce después de que el diario español El País publicara un documento de la ONU en el que se recogen "graves vejámenes que habrían sido cometidos por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) y del Servicio Nacional de Fronteras (SENFRONT)".

En el documento, firmado por el relator especial para los derechos de los inmigrantes Felipe González Morales, se afirma que según consta en muchas denuncias, “el personal del SNM y del SENAFRONT habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la Estación de recepción de migrantes (ERM) de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte” entre las estaciones y Costa Rica.

Según el texto de la denuncia, el personal incurre en esas demandas “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.

En el documento de 18 páginas publicado por el diario español, la ONU hace fuertes cuestionamientos al gobierno de Panamá por el manejo de la crisis humanitaria del Darién. Además de la violencia sexual, afirma que hay personas que hacen trabajos forzados con el fin de obtener los medios para poder pagar los US$ 40 que cuesta el bus para dejar las ERM y continuar con su viaje.

Al llegar a territorio panameño, después de sortear los peligros de la selva del Darién, los migrantes son alojados en las ERM, que supervisan el SNM y el SENAFRONT, donde las personas se encuentran “de facto privadas de la libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”, según el texto del informe de la ONU.

“A las personas que solicitan asilo en Panamá tampoco se les permitiría salir de las ERM hasta el final del procedimiento, que según se informa puede extenderse durante varios meses”, como informa el relator especial que manifiesta en el texto su “preocupación respecto a las alegaciones que indican que niños y niñas estarían también detenidos en las ERM”.

 El documento también denuncia las condiciones “deplorables e insalubres” de las ERM, donde no hay separación de espacios para mujeres, niños y niñas con lo cual no se garantiza ni su seguridad y protección, y da lugar a riesgos de sufrir violencia de género, abusos y violaciones.

Pese a que el gobierno panameño indicó que “no hay denuncias formales”, el Ministerio de Seguridad informó en un comunicado que si hay indicios o denuncias formales, "el gobierno de Panamá llevará a cabo las investigaciones pertinentes hasta las últimas consecuencias". 

La selva del Darién se ha convertido en un corredor para la migración irregular que, procedente de Sudamérica, trata de llegar a Estados Unidos a través de América Central.

Esta frontera selvática entre Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es una ruta plagada de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales.

Pese a ello, y según datos del gobierno panameño, en 2022 pasaron por el Darién 248.000 personas, una cifra que duplicó los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.

Los asaltos, las desapariciones y la violencia sexual a manos de grupos armados son algunos de los peligros. En 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual; y entre enero y junio de 2022, fueron más de 140 casos durante el recorrido.

La mayoría de los migrantes son venezolanos, aunque también hay ecuatorianos, haitianos y cubanos, además de africanos y asiáticos.

Para paliar la situación, el gobierno panameño, en conjunto con distintas agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria de los migrantes.