Mario Molina fue el encargado de rematar el vehículo

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Un mano a mano en el remate de un Ferrari del turco estafador

El coche se vendió en US$ 271.000 en seis minutos de remate
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09 de marzo de 2019 a las 11:50

La Ferrari no tenía 12 cilindros como indicaba el catálogo, sino ocho, protestó desganado, como diciendo algo obvio, un hombre robusto, panzón, con lentes Ray-Ban de marco dorado y una camiseta roja. Resaltaba entre los asistentes del remate –la mayoría con traje, camisa o vestido– y escuchaba aburrido a Mario Molina, el rematador designado para dirigir las dos subastas que hubo este viernes en la sede de la Asociación Nacional de Rematadores y que atrajeron a los medios de comunicación.

En realidad Molina estaba corrigiendo el error en ese mismo momento, mientras repasaba los detalles técnicos del auto de lujo: una Ferrari 458 Spider Cabriolet que fue incautada en setiembre de 2018 por solicitud del fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, quien entonces investigaba una trama de lavado de dinero protagonizada por dos ciudadanos turcos y un uruguayo.

La maniobra implicó el blanqueo de US$ 8 millones de los US$ 128 millones que Mehmet Aydinun y un socio de nombre Osman –integrante de una banda de estafadores– obtuvieron de 80 mil ciudadanos de su país que participaron del juego Ciftlik Bank: un sitio web en el cual los jugadores depositaban dinero real para comercializar ganado virtual, con la falsa promesa de obtener rentas tentadoras. Estafaron y volaron a Uruguay, en donde conocieron al uruguayo –empresario de la construcción– quien se ofreció a constuirles 12 viviendas en la Laguna del Sauce, que a su vez serían pagas –en parte– con la entrega de la Ferrari y un lujoso yate, que fue el segundo bien que se intentó rematar el viernes con un precio base de US$ 390 mil aunque nadie alzó el brazo.

Pero nada de eso importó durante los seis minutos exactos en que duró la subasta de la Ferrari y que a poco de empezar se transformó en un duelo entre dos. Delante del hombre vestido de rojo y pelo revuelto –acompañado por una mujer de movimientos nerviosos cada vez que se subía de precio– había otro que competía con sus ofertas, menos corpulento que su contrincante y mejor dispuesto, a juzgar por la postura en la que estaba sentado: no estaba echado hacia atrás, sino con la espalda recta y miraba atento con las manos juntas. Fue él quien primero levantó la mano y ofreció llevarse el auto por US$ 236 mil, US$ 1.000 más que el precio base con el que arrancó la puja.

El otro levantó el brazo y dijo que ofrecía otros mil. El de adelante no esperó y subió la oferta a US$ 246 mil y comenzó a jugar con los pulgares. La frente de Molina empezó a brillar por la transpiración. 

El de rojo seguía calmo y con los brazos cruzados; la mujer todavía no le decía nada. Esperó unos segundos y ofreció otros US$ 10 mil. El de adelante retrucó y ofreció algo más, luego él hizo lo mismo, pasaron los US$ 260 mil y siguieron subiendo, y en ese momento comenzó un murmullo: la mujer que acompañaba al hombre de atrás –morocha, con un vestido de un rojo idéntico y una blusa blanca estampada–, ahora sí comenzó a hablarle al oído: ya estaba ansiosa. “Déjelo, señora, que está haciendo un buen negocio”, le dijo en broma Molina, mientras preguntaba si no había más ofertas, y se escucharon risas. El hombre de adelante ofreció más, pero él propuso quedarse con el premio por US$ 270 mil aunque por estar escuchando a la mujer se equivocó y primero dijo 260.

Entonces el de adelante dijo que estaba dispuesto a pagar mil más y el otro se quedó en sus trece, pese  a la insistencia de Molina, y el comentario de otro rematador que lo asistía y que bromeó: “Los gustos se dan en vida”.

Finalmente, quien ganó la batalla fue la mujer con su rezongo contenido, y el hombre de adelante fue quien se quedó con la Ferrari, que finalmente se vendió a US$ 271 mil, US$ 36 mil más que su precio base, para agrado del director de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera y el presidente de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, que supervisaron la subasta.

El ganador se levantó y, según supo El Observador, pagó sin inconvenientes el 30% de la cifra –US$ 81.300 –, tal como lo estipula la normativa. Además de abonar ese porcentaje en el mismo momento, el hombre deberá cancelar el saldo en un plazo de 72 horas, so pena de quedar anulada la transferencia y perderse “todo derecho sobre la seña, comisión  impuestos ya abonados”.

Yate no

El remate del crucero Silam, modelo k80, construido por la empresa Klase A SA en 2010, fue un fracaso. Nadie ofreció siquiera comprarlo por el precio base y deberá subastarse en otra oportunidad ya sin un valor mínimo de piso.

“Es probable que muchos de los que estaban acá vinieron para conocer el precio base y saber que, por ejemplo, cuando empecemos a rematarlo de nuevo si lo compran por menos de US$ 390 mil lo van a obtener a un precio muy barato”, reconoció Molina a El Observador. 

Molina fue uno de los 46 rematadores de la Asociación que fueron sorteados para participar del evento, y que cobrarán una comisión de 10% sobre el valor en que fue vendido el auto.

 Sobre el final, en rueda de prensa, Espinosa destacó que esta  subasta, más allá de la frustración por no vender el buque, fue el fin de un caso de lavado “que termina en la forma que tienen que terminan los casos de lavado: no solo con la condena al lavador sino también con el decomiso y la vente de sus bienes”.

¿Por qué no hay control sobre automotoras?
Daniel Espinosa fue consultado sobre la necesidad de controlar la compraventa de autos de alta gama, ante la eventualidad de ser una vía para blanquear dinero sucio. “En la evaluación que hicimos en 2015 –contestó–, evaluamos que no había una cantidad suficiente de venta de estos autos como para incluir a todas las automotoras como sujetos obligados” a reportar ante operaciones sospechosas. A fines de 2017 se aprobó la ley integral de lavado de activos que obligó a escribamos, abogados y contadores  a investigar con minuciosidad las operaciones financieras de sus clientes y reportar a las autoridades si encuentran ilícitos. Las nuevas exigencias llevaron al presidente Tabaré Vázquez a afirmar que en “Uruguay no se lava dinero”. “Lo que el presidente quiso decir –opinó Espinosa–, es que estamos haciendo todo para dificultarlo, (...) no se puede decir que no se lava”.

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