Este miércoles a las tres de la tarde un par de jóvenes que se movían en una moto atacaron a un hombre en la esquina de mi casa, lo hirieron en la cabeza golpeándolo con el caño de una pistola, le robaron su billetera y huyeron. Cuando me moví para asistirlo, los muchachos dieron media vuelta y regresaron a gran velocidad. Me encañonaron y me robaron, sin golpearme. Llamé al 911 y fui atendido de inmediato por una mujer amable y eficaz. Después de describirle la situación, me pidió que esperara al “procedimiento que está en curso” para hacer la denuncia. Le dije que no perdería tiempo por una formalidad inútil.
Todos los integrantes de mi familia han sido robados en los últimos años, mi auto ha sido roto hasta la náusea, y casi todas las personas del edificio en el que vivo han sido arrastradas o amenazadas.
Muchas personas ya no denuncian los delitos, salvo que pierdan sus documentos o grandes sumas, o que resulten heridas.
En las últimas tres décadas las rapiñas aumentaron 2.500% y los homicidios más de 200%. Las cifras de 2018 serán todavía mucho peores.
La inseguridad es una catástrofe, una emergencia nacional, una gran desilusión. Es la peor cara de un país que, en términos generales, luce decadente. Ha cambiado para mal las formas de vivir y de producir, está en la base del muy extendido malhumor y, a la corta o a la larga, tendrá efectos políticos demoledores.
Muchas personas ya no denuncian los delitos, salvo que pierdan sus documentos o grandes sumas, o que resulten heridas.
El mismo miércoles el informativo Telenoche divulgó una encuesta de Opción Consultores que señaló, otra vez, que la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad pública. El 75% de los consultados dijo que la labor del gobierno en ese terreno es mala o muy mala.
Las autoridades ya han gastado todos los cuentos. A veces nos recuerdan que otros países de América Latina están peor, o que la tasa de homicidios es mucho más elevada en el nordeste de Brasil, por ejemplo. No es consuelo: siempre fue así. Los pueblos suelen compararse con sí mismos: con tiempos mejores o peores, no con lo desconocido. Uruguay incluso cayó en la escala relativa y ahora tiene tasas de homicidios y rapiñas más alarmantes que Chile, Argentina y otros países del área.
Es cierto que Eduardo Bonomi, ministro del Interior desde hace más de ocho años, representa el fin de la etapa naif que encarnaron los ministros José Díaz o Daisy Tourné, pero los resultados son horribles. Y no hay razón alguna para que las cosas mejoren sustancialmente en el futuro previsible.
Los partidos en el gobierno deben revisar por completo sus interpretaciones sobre el delito, básicamente economicistas, y cómo combatirlo. La pobreza, medida por ingreso, cayó mucho en Uruguay entre 1985 y 1999, y de nuevo a partir de 2004. Pero la marginación y la cultura del delito –una brecha insalvable, mucho más compleja de medir que el ingreso– persisten y se amplían.
La ciudad de Montevideo y su área metropolitana incluyen guetos irreconciliables con el resto de la sociedad; y también Las Piedras, Salto, Paysandú, Rivera, Maldonado y otras regiones.
La delincuencia tiene una faz cultural y de oportunidad que es tan o más importante que la dimensión socio-económica. Los indicadores económicos suelen variar radicalmente según la coyuntura, pero el delito es mucho más persistente.
En el Uruguay de hoy los delincuentes perciben que el riesgo de fracasar es muy bajo. Mientras, los policías están desmoralizados y se sienten legalmente desnudos.
Los partidos en el gobierno deben revisar por completo sus interpretaciones sobre el delito, básicamente economicistas, y cómo combatirlo.
El fracaso es también del sistema de justicia, del sistema carcelario, de la enseñanza pública y su alta deserción; de los programas de asistencia social que no sacan a casi nadie del pozo porque están hechos para mantenerlos en él; de la crisis de paradigmas y de autoridad que paraliza a padres, docentes y autoridades; y es, ante todo, un resultado de la frivolidad y demagogia de muchos gobernantes, burócratas e intelectuales.
Los partidos en el gobierno deben revisar por completo sus interpretaciones sobre el delito, básicamente economicistas, y cómo combatirlo. La pobreza, medida por ingreso, cayó mucho en Uruguay entre 1985 y 1999, y de nuevo a partir de 2004.
Tres de cada cuatro uruguayos desean que los militares ayuden a la policía en tareas de patrulla y seguridad pública. Eso ya se está probando en otros países de América Latina –desde México y Venezuela a Brasil y Argentina–, con éxito harto dudoso. También crece el reclamo de “mano dura” ante el delito e incluso del restablecimiento de la cadena perpetua, o de la pena de muerte, que en Uruguay se aplicó por última vez en un caso militar en 1903.
Si el Estado central fracasa en el cumplimiento de sus tareas esenciales, las personas se ocupan por sí mismas. Si el sistema democrático liberal no revisa y corrige, los ciudadanos se armarán, como en el siglo XIX, y estarán más abiertos a experimentos autoritarios.
