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Un periodista del diario mexicano La Jornada que estaba desaparecido fue hallado sin vida
El cuerpo sin vida de un periodista mexicano desaparecido durante días fue encontrado este sábado en el estado de Nayarit, según la Fiscalía estatal.
Luis Martín Sánchez Íñiguez trabajaba para el diario La Jornada, estaba desaparecido desde el miércoles, por lo que su esposa presentó un informe de persona desaparecida ante las autoridades este viernes.
Su cuerpo fue encontrado este sábado en las afueras de la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit.
No quedó claro de inmediato cómo murió el periodista de 59 años, pero las autoridades estimaron que su muerte ocurrió entre 24 y 48 horas antes de que se encontrara su cuerpo.
Sánchez es el primer periodista en actividad que muere en circunstancias violentas en 2023 en México, considerado uno de los países más peligrosos para los comunicadores.
"El cuerpo fue encontrado con signos de violencia y sobre él dos cartulinas con una leyenda (...) y se ha identificado por sus familiares al comunicador Luis Martín Sánchez Iñiguez", informó la fiscalía en un comunicado.
Según medios locales, el cuerpo del periodista aparentemente estaba maniatado y envuelto en bolsas de plástico, y se supone que los mensajes escritos son de grupos criminales.
“El cuerpo fue encontrado con signos de violencia, y en él se encontraron dos signos escritos a mano”, dijo el fiscal en un comunicado, sin revelar lo que decían los mensajes.
Los cárteles de la droga suelen dejar carteles escritos a mano junto a los cuerpos de las víctimas, pero la oficina dijo que el motivo del asesinato aún estaba bajo investigación.
La familia del periodista informó que si bien encontraron en la casa las ropas que vistió el periodista el miércoles, entre sus pertenencias falta su carnet de periodista, su computadora, su celular y un disco duro.
El descubrimiento de Sánchez Iñíguez se produce cuando las autoridades investigan otros dos posibles delitos contra los trabajadores de los medios en Nayarit.
Otro trabajador de los medios fue reportado como desaparecido el 4 de julio. No ha sido visto desde que se fue a trabajar la mañana anterior, dijeron las autoridades. Medios mexicanos lo identificaron como Osiris Maldonado, quien anteriormente también en La Jornada.
En otro hecho, el 7 de julio, dos hombres encapuchados y armados irrumpieron en el departamento del periodista Jonathan Lora Ramírez y lo obligaron a subir a un automóvil. Fue encontrado “en buen estado de salud”, dijeron las autoridades, y agregaron que estaban investigando el delito de detención ilegal.
Las autoridades de Nayarit dijeron que abrieron investigaciones de inmediato una vez que se denunciaron los casos y que están siguiendo protocolos especiales para casos relacionados con periodistas y defensores de derechos humanos.
“De conformidad con lo establecido en los protocolos aplicables, es necesario tomar en consideración las actividades de las víctimas que las colocan en un mayor grado de vulnerabilidad”, dijo la fiscalía general de Nayarit en un comunicado.
Sánchez Íñiguez fue visto por última vez en Jalisco, un pueblo de Nayarit que durante mucho tiempo ha estado vinculado al contrabando de heroína y opio.
Sería al menos el segundo periodista asesinado este año en México, donde investigar la corrupción, el crimen y los cárteles de la droga conlleva a menudo un alto riesgo.
En febrero, el fotoperiodista José Ramiro Araujo fue golpeado y asesinado a puñaladas en el estado de Baja California, en la frontera norte de México.
Los asesinatos relacionados con la prensa se han disparado bajo la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aumentando un 85 por ciento en la primera mitad de su mandato en comparación con su predecesor.
El año 2022 fue uno de los más mortíferos para los trabajadores de los medios de prensa mexicanos, con 15 muertos.
El Comité para la Protección de los Periodistas dijo que “condena enérgicamente” el asesinato de Sánchez Íñiguez y exigió una investigación inmediata y creíble.
Por su parte, la organización Artículo 19 reconoció a las autoridades estatales por privilegiar el trabajo periodístico como móvil del crimen, pero exigió que la fiscalía general apoye las investigaciones conforme a un protocolo de delitos contra la libertad de expresión.
(Con información de agencias)
