Una comisión del Senado vota a favor de la expulsión de Berlusconi

Esta comisión parlamentaria encargada de dictaminar la idoneidad de los senadores para su cargo dio, por mayoría de sus miembros, un nuevo paso hacia la expulsión de Berlusconi del Senado, una decisión que deberá ser ratificada de modo definitivo por el pleno en una fecha aún por concretar.

Tras el voto celebrado a puerta cerrada, el presidente de la comisión parlamentaria, Dario Stefano, dijo a la prensa que esta decisión se ha adoptado en un "clima de absoluta concentración", si bien no precisó el número de senadores que votaron a favor y en contra.

"Hemos sabido mantener dentro de la Junta una actitud vinculada con un sincero debate entre las distintas tesis", indicó Stefano, quien explicó que ahora redactará un auto con la justificación de esta decisión que se presentará al presidente del Senado, Pietro Grasso, para que se fije la fecha del voto en el pleno.

Esta decisión llega después de la audiencia pública celebrada hoy mismo en el Senado, a la que Berlusconi no acudió para defenderse al considerar la sentencia del caso Mediaset, por el que se le condenó el pasado 1 de agosto, como política y totalmente injusta, pues asegura que no existen pruebas de que cometiera ningún delito.

El pasado 18 de septiembre, la Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado ya rechazó el planteamiento de legitimidad del escaño de "il Cavaliere" que había expuesto el partido de Berlusconi, el conservador Pueblo de la Libertad (PDL), permitiendo que prosiguiera el proceso.

El PDL había pedido entre otras cosas que se detuviera este proceso y se pidiera un dictamen sobre la "ley Severino" al Tribunal Constitucional italiano y/o a la Corte de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, para que, en el caso de esta última, se decida si la norma contraviene o no el derecho comunitario.

El pleno del Senado debe decidir ahora si ratifica la decisión de la Junta de aplicar a Berlusconi la llamada "ley Severino", aprobada en diciembre pasado por el Ejecutivo de Mario Monti y que establece la imposibilidad de concurrir a elecciones o la expulsión del Parlamento de personas condenadas en firme a penas superiores a dos años de cárcel.